Jornadas / 20/11/2019

“Las empresas más eficientes o con más rentabilidad son las empresas más corruptas”


Francico Alcalá y Fernando Jiménez, el día 20 de noviembre inauguraron las Jornadas Calidad de las instituciones democráticas y efectos de la corrupción. Costes económicos e impacto sociopolítico, presentando las conclusiones de su trabajo: Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España. Previamente, el director de la Fundación César Manrique, Fernando Gómez Aguilera, en la presentación de las Jornadas, había recordado cómo la corrupción afecta al funcionamiento de la democracia y de la economía, así como a la igualdad y a las políticas públicas de servicios sociales, deteriorando además la confianza social y política. Gómez Aguilera señaló con datos estadísticos que el coste social de la corrupción en Canarias es el mayor de España. El coste de la corrupción en España, según Redescan, es de unos 30.000 millones de euros al año, esto es el noventa por ciento del presupuesto de sanidad o el doble que el de educación. Repasó brevemente los casos de corrupción en Lanzarote, “que se ha consolidado, por desgracia, como un laboratorio de corrupción”, con unas raíces caciquiles no resueltas y con una sociedad acostumbrada a mirar para otro lado; aunque también la isla se proyecta como un centro de interés en la lucha contra la corrupción con jueces y fiscales admirables.

Alcalá señaló que entre los costes de la corrupción está el descenso de la productividad, que a su vez se traduce en peores salarios o bajos niveles de empleo y bienestar. A su vez, conduce a una escasa inversión porque el porcentaje de las comisiones se calcula sobre la facturación y no sobre los beneficios; distorsiona el gasto público porque se acaba invirtiendo más en sectores como las infraestructuras o el gasto militar, más susceptibles de comisiones; reduce la inversión extranjera y produce un déficit de calidad institucional. “No se podría imaginar tanta corrupción con más transparencia, ni con medios de comunicación más fuertes”.

Francisco Alcalá y Fernando Jiménez

En este trabajo, Alcalá y Jiménez comparan la calidad de las instituciones en España con las de otros países, cuantifican el coste y proponen mejoras. Lo hacen en base a seis indicadores: democracia y libertades públicas, estabilidad política y ausencia de violencia, efectividad gubernamental, calidad regulatoria, respeto a la ley y los contratos y control de la corrupción. En democracia y efectividad, España no está muy mal, pero está mucho peor en calidad regulatoria y control de la corrupción. España debería aspirar a una calidad de sus instituciones similar a la de países del mismo nivel de desarrollo. En productividad estamos en un 85 (mejor que el 85 por ciento de los países) y en calidad institucional en un 81. “Si llegáramos al 85, el PIB aumentaría en un 16 por ciento”, unos 200.000 millones de euros. “El principal freno al desarrollo económico es la baja calidad institucional”. La productividad, por otra parte, puede ser una manera de sostenibilidad, ya que se puede producir lo mismo utilizando menos recursos.

Fernando Jiménez dijo que Lanzarote es un laboratorio de corrupción pero también, “la parte más interesante”, de la lucha contra ella. Afirmó que la sentencia de los ERE resume un problema generalizado “de nuestro sistema político”, que se dedica a tomar decisiones que facilitan después la toma de decisiones. En este caso, ante un problema, en lugar de mejorar el procedimiento habitual se buscó un atajo y se eliminaron los controles. La práctica política ha consistido en debilitar los controles y debilitar los contrapoderes, además de la búsqueda de intereses a corto plazo (qué hacer para ganar las próximas elecciones). El despilfarro se calcula en el veinte por ciento del Producto Interior Bruto. El trabajo plantea ocho propuestas en tres ejes: reforzar los controles y contrapesos del poder, mejorar la independencia, calidad y transparencia de la administración y mejorar la efectividad de las elecciones como mecanismo de control.

Perspectivas económicas

La segunda pare de la jornada contó con tres intervenciones con perspectiva económica y ecológica. Carlos Sebastián comenzó su intervención señalando que la mala calidad institucional conduce a la desigualdad que, junto con el cambio climático, son los dos grandes problemas del mundo hoy, y el incumplimiento de las normas es una de las características de esta baja calidad institucional. La desigualdad es un problema moral pero también es un problema económico. La mala distribución de la riqueza tiende a perpetuarse y los grupos con más renta introducen sesgos en la legislación a su favor. También se producen distorsiones: por un lado la retribución de los directivos y por otro, el mantra de que las empresas deben maximizar su valor, que significa que deben hacerlo en Bolsa a corto plazo. Las regulaciones cada vez son menos estrictas y “se ha demostrado que se cobran comisiones tremendas únicamente por mover el dinero de manos”. Al mismo tiempo, cuando más necesarias son las políticas redistributivas eficaces, se agrava la pérdida de derechos laborales y hay una captura de los poderes públicos por parte de unos pocos.

Carlos Sebastián

Para José Manuel Naredo, el enfoque económico ordinario no sirve para profundizar en esta cuestión y por eso ha elaborado, en su último libro, una taxonomía del lucro, partiendo de la paradoja de que la economía, como ciencia del lucro, no clasifica sus formas. La clasificación es en función de la naturaleza de las actividades que generan el lucro, con contrapartida asociada a bienes y servicios o sin contrapartida, o también en función de la personalidad de sus beneficiarios. Fue en el siglo XVIII cuando la economía se independizó de la moral. El concepto de producción también ha variado, ya que ha acabado siendo “revender con beneficio”. “El tradicional caciquismo agrario ha derivado en un neocaciquismo clientelar inmobiliario y financiero” que trata de dominar en lugar de gobernar, y de expoliar en lugar de administrar. La corrupción, según Naredo, puede ser legal, tiene un gran peso en la economía, un carácter sistémico y alcanza a todos. “Las empresas más eficientes o con más rentabilidad son las empresas más corruptas”.

José Manuel Naredo

Por último, Federico Aguilera Klink dijo que la corrupción es una traición a la comunidad y un secuestro democrático. Cuestionó la clasificación Transparencia Internacional sobre corrupción porque cree que en países como Gran Bretaña, en realidad la corrupción está institucionalizada. De hecho, Roberto Saviano afirma que es el país más corrupto del mundo porque ahí se lava todo el dinero. Por tanto, hay que redefinir la corrupción y mirar hacia los países del Norte. A Aguilera le interesa la corrupción legal. Por ejemplo, el tratado de Maastricht, que obliga a los países a endeudarse de una forma concreta para favorecer a la banca. “No vemos esa legislación como intrínsecamente corrupta”. O el rescate a la banca, “que es una estafa”, o las tarifas eléctricas, que son un “robo legal”. Igual que los contratos, “que se configuran de manera corrupta”, o el hecho de que la gran banca apenas pague impuestos. “Un capitalismo de amiguetes”. Según el Premio Nobel Joseph Stiglitz, “los grupos de presión impiden que haya políticas racionales”. Para Aguilera Klink, el FMI es un organismo criminal, como lo fue Europa con Grecia hace unos años. Acabó citando al puerto de Granadilla, donde se investiga si hubo comisiones del tres por ciento. “A mí me interesa más saber porqué hubo tanto apoyo al otro 97 por ciento de unas obras que no sirven para nada”.

Federico Aguilera Klink