El urbanismo como fuente de corrupción política

En el marco del curso "Algunas claves de la corrupción urbanística en España", el 26 de septiembre se celebró la mesa redonda "El urbanismo como fuente de corrupción política", moderada por Fernando Jiménez, en la que intervinieron la Fiscal de Medio ambiente y Urbanismo de Sevilla, Ana Linares y el jurista y profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga, Diego Vera. Este afirmó dos frases aparentemente contradictorias: que la corrupción no es un problema exclusivo de España, sino que es generalizado y que la corrupción no es un problema para España. En este último caso se refería a que los españoles, mayoritariamente, no perciben la corrupción urbanística como un problema.

 Vera habló de cinco etapas del urbanismo como plataforma de otras actividades delictivas: desde la pequeña corrupción clientelar hasta el asentamiento de grupos delictivos organizados. Según un estudio del Instituto Andaluz de Criminología, en cuya elaboración participó el ponente, hay que comenzar a prevenir para no llegar a la última etapa si se dan cinco factores: una actividad que genera plusvalía, otras actividades delictivas en el mismo ámbito geográfico, blanqueo de capitales, cooperadores legales necesarios y poca transparencia.

Apostó por alejar las competencias urbanísticas del ámbito municipal. Aseguró que un elemento fundamental del Caso Malaya fue la decisión de la Junta de Andalucía de asumir las competencias urbanísticas, lo que puso nerviosos a los Ayuntamientos. “El Derecho administrativo ha fracasado, es inoperante”. Recordó que la primera medida cautelar dictada por un juez en Marbella es del año 2003. “Si se da la razón a las comunidades autónomas empezará un nuevo tiempo”, señaló.

“La Administración no funciona”

“No es digno eludir las batallas necesarias, hay que empeñarse en ellas se vayan a ganar o no”. Es un principio por el que se rige al Fiscal de medioambiente de Sevilla, que se ve a sí misma como una “diseccionadora de cadáveres”. “El Fiscal sólo actúa cuando el cadáver está encima de la mesa”. Puso este ejemplo para explicar su frustración por no poder actuar de manera preventiva, como le piden muchos ciudadanos que acuden a ella a denunciar casos de corrupción urbanística. Que los ciudadanos acudan a la Fiscalía a solicitar que pare operaciones urbanísticas es la constatación de que la Administración (municipal) no funciona, dijo.

“Es la principal incumplidora porque no hace sus deberes”. Linares, muy crítica con los Ayuntamientos, recordó que estos tienen “mucho poder” y que quien tiene las competencias debe aplicar con rigor la disciplina. “Para aplicar la disciplina urbanística sólo hace falta un papel, un boli y un policía. ¿Cuáles son los medios materiales que reclaman los Ayuntamientos para aplicarla?”, se preguntó la Fiscal, que también puso esperanzas de cambio en la nueva Ley del Suelo y aportó varias posibles soluciones. “Fundamental, acabar con la apatía ciudadana y alentar el activismo”. “Y vital, “promover la información a los ciudadanos”.

Fundacin Csar Manrique - el 26/09/2007

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