Escasez de medios en la lucha contra la corrupción, y ausencia de protección al denunciante
Jornadas “Calidad de las instituciones democráticas y efectos de la corrupción. Costes económicos e impacto sociopolítico”. Segundo día.
José Suay abrió el día 21 de noviembre la segunda jornada, enfocada “desde el otro lado del espejo”, el de la perspectiva jurídica. Señaló que el Derecho penal debe tratar de impedir que se desarrolle la corrupción pero cuestionó si lo puede hacer cuando los pleitos se alargan tanto.
Para la fiscal Concepción Sabadell, una de las fiscales del caso Gürtel, con los instrumentos con los que cuenta ahora la Justicia, “la tardanza es inevitable” porque hay que hacer muchos tipos de diligencias. Planteó la posibilidad de modificar el procedimiento y la importancia de dar visibilidad a los casos de corrupción por la necesaria presión de la sociedad civil. Indicó que desde 2009 se ha ido avanzado en la lucha contra la corrupción. Respecto a si hacer macrocausas o fragmentarlas, explicó que es preferible mantener una investigación compacta, hacer una gran causa y después dividirla. Una de las cuestiones que más ralentiza los procedimientos son los aforamientos porque “se tiende a jugar con ellos” y citó, sin nombrarlo, el caso Grúas. También manifestó que hace falta agilizar la cooperación internacional porque ahora se carece de medios.
Pablo Ruz fue instructor del caso Gürtel. Aseguró que comparte una sensación de hartazgo por hablar siempre de los mismos problemas sin que se solucionen y que esos problemas deberían estar en la agenda política. Afirmó que se puede buscar una mayor agilidad en el proceso penal pero que hay que profundizar en la eficiencia del sistema judicial. Refirió que la reforma de 2015 puede ir en la buena dirección respecto a la división en piezas separadas, siempre y cuando no haya una merma en la calidad de esa investigación.
Antonio del Moral, magistrado del Tribunal Supremo, declaró que la finalidad del Derecho penal es la de disuadir, y que se disuade con tres factores: la magnitud del castigo, que el castigo se perciba como inevitable y la prontitud de la pena. Señaló que esta última se ha perdido y por eso el Derecho penal tiene menos eficacia. Expuso que habría que ser pragmático en la instrucción de un caso, e ir cerrándola en varias piezas para distintos imputados cuando se vayan teniendo suficientes indicios de los delitos. Sabadell dijo que hay que conseguir pruebas y que eso lleva mucho tiempo y mucha documentación incluso con causas pequeñas de corrupción y blanqueo. Del Moral considera que no se debe abusar de las medidas cautelares, utilizando el proceso como castigo e insistió en la necesidad de ser práctico.
Ruz enumeró todos los asuntos de los que deben estar pendientes los jueces: declaraciones, comisiones rogatorias, plazos, medidas cautelares… y hacerlo todo en seis meses prorrogables a 18 meses y excepcionalmente a otros 18, y que si no se cumplen esos plazos puede haber consecuencias procesales. “Es preocupante lo que ocurre con los plazos y si las pruebas son válidas una vez transcurrido ese plazo porque se puede generar una suerte de impunidad”. Narró el momento en que el caso Gürtel llegó a su Juzgado en la Audiencia Nacional y los documentos ocupaban dos camiones de mudanza. Hicieron falta hasta 250 informes de Hacienda y solo contó con una persona de auxilio para todo. Para Ruz, Lanzarote tiene “una historia de eficacia frente a una corrupción masiva” pero, por ejemplo, en Murcia se están planteando muchos casos que se pueden ver afectados por esos plazos, que “pueden ser válidos para otro tipo de delincuencia pero no para los casos de corrupción”.
Suay indicó que la solución no es la demagogia de aumentar las penas sino que el problema reside en la escasez de medios. Sabadell señaló que en Anticorrupción son privilegiados por las unidades de apoyo de todo tipo con las que cuentan pero que en general la carencia de medios es absoluta y se podría hacer una reforma para dar auxilio judicial ya que no hay órganos especializados de apoyo a la judicatura.
Para Del Moral, la corrupción es un problema del país, no de la casta política, pero la clase política piensa en un horizonte muy corto de solo cuatro años y hay que hacer reformas pensando en los próximos quince años. “Al político no le interesa invertir en justicia”. “O esto cambia o estaremos en el 200 aniversario del nacimiento de César Manrique hablando de lo mismo”. La clave, finalmente, para Pablo Ruz, es la falta de medios ya que los jueces necesitan auxilio de equipos multidisciplinares: “Sin técnicos que nos ayuden a interpretar no tenemos eficacia”.
Sin ley de protección al denunciante
Fernando Jiménez, Elisa de la Nuez, Antonio Penadés y Gracia Ballesteros
La segunda mesa redonda, que cerró las jornadas, se tituló Alertadores, agencias administrativas independientes y sociedad civil organizada. Fernando Jiménez, el director del curso, dijo que basta con ver las paredes de la sala José Saramago (con titulares de prensa sobre declaraciones de César Manrique) para darse cuenta de que la participación de la sociedad civil juega un papel central en la lucha contra la corrupción. “Sin ella los políticos tendrían incentivos para mirar para otro lado”. Alabó la labor, en Lanzarote, de funcionarios que han hecho un papel ejemplar, jueces, fiscales, la propia Fundación César Manrique o Transparencia Urbanística. Dijo que hay una reforma que corre prisa, que es la protección al denunciante, porque en España se ven sometidos a un aislamiento o a un calvario. Y eso, desde luego, no incentiva a que la gente denuncie.
Elisa de la Nuez preside la Fundación Hay Derecho, que nació primero como un blog. Se trata de un grupo de juristas que comprobaron que la corrupción era un problema sistémico en las instituciones y organismos reguladores. Quisieron hacer un ranking de confianza y fueron a pedir financiación a la CEOE, donde la propuesta causó caras de espanto. “El diagnóstico está claro y no se puede depender de héroes ni heroínas”, dijo. La Fundación Hay Derecho creó unos premios para que la gente que lucha contra la corrupción se sienta apoyada y con el objetivo de “hacer lobby”. La última premiada es la abogada lanzaroteña Irma Ferrer. Habló del problema de la protección de los denunciantes y de las puertas giratorias, mientras hay organismos y oficinas de conflictos de intereses a las que no se dota de recursos.
Antonio Penadés también es presidente, en su caso de Acción Cívica contra la corrupción. Él se personó como acusación en el caso Cooperación porque tiene un hijo de Haití y descubrió que la acusación popular está infrautilizada y politizada. “Si se tiene ánimo de colaborar puede ser eficaz y útil”. Por eso creó Acción Cívica, en cuya Junta directiva hay dos miembros de Lanzarote. Acción cívica se mantiene gracias a las aportaciones de los socios. Está personada en casos en Colmenar Viejo (Madrid), Lanzarote, Murcia y Valencia. Considera que hay una “partidización” de las instituciones, donde los partidos infiltran entre el funcionariado “a los suyos para manejar correctamente la trama”. “Los corruptos buscan áreas de impunidad y las están encontrando cada vez más”. Relaciona esta impunidad con el ataque sistémico a las humanidades, que van perdiendo peso en el sistema educativo. Considera que se está perdiendo el reproche social hacia actuaciones corruptas y que hace falta una sociedad civil desarrollada y “una conciencia cívica” para no adormecerse. Cree que la libertad de pensamiento es más importante aún que la libertad de expresión y pide la despartidización del país y la firma de un pacto de Estado por la educación. Recordó que la democracia ateniense se basaba en tres pilares: una responsabilidad directa de los ciudadanos, una participación directa y la paideia.
La última intervención fue la de Gracia Ballesteros, que narró su experiencia como denunciante del caso Aquamed, una empresa pública en la que trabaja como ingeniera. Primero denunció internamente que el director general les ordenaba actos irregulares que favorecían a contratistas. Ante la inacción denunció en la Fiscalía y entonces le llegó la carta de despido, que después fue declarado nulo. Se llevó a cabo una operación anticorrupción en la que se detuvo a 13 personas, entre ellas cuatro directivos. El coste personal para ella fue importante y le advirtieron de lo que iba a pasar. Primero se intenta anular al denunciante y después al testigo. Hay coacciones, difamación, amenazas y posteriormente imputaciones por revelación de secretos o prevaricación, en el caso de funcionarios, como así ha ocurrido. Le ha llegado una citación como investigada por la que dijo no estar preocupada pero que le provocó la tentación de esconderse. “Los que me quieren destruir tienen grandes herramientas que no tengo yo, pero ni puedo dejar de ser ingeniera ni una pequeña activista contra la corrupción. Así que lo volvería a hacer y recomiendo que la gente haga lo correcto, que denuncie”. Dijo que al menos Europa ya ha aprobado una Directiva que obligará a España a desarrollar una ley de protección al denunciante y que eso es una oportunidad de oro para que a los próximos no les pase lo mismo.