{"id":4189,"date":"2007-09-27T00:00:00","date_gmt":"2007-09-27T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/fcmanrique.org\/2007\/09\/27\/cada-espanol-lleva-dentro-un-concejal-de-urbanismo\/?lang=es"},"modified":"2022-09-12T13:31:49","modified_gmt":"2022-09-12T13:31:49","slug":"cada-espanol-lleva-dentro-un-concejal-de-urbanismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fcmanrique.org\/it\/cada-espanol-lleva-dentro-un-concejal-de-urbanismo\/","title":{"rendered":"Cada espa\u00f1ol lleva dentro un concejal de urbanismo<\/em>"},"content":{"rendered":"

<\/p>\n

-“¿Qué recibiría yo?”<\/o:p><\/span><\/p>\n

-“Pues resolver tu vida, la de tus hijos y de veinte generaciones tuyas. Esto es un filón, esto es oro, oro y oro”.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Esta conversación entre una concejal de un pueblo de Sevilla y un promotor inmobiliario que necesita su voto para aprobar una operación urbanística sirvió a Fernando Jiménez, profesor titular de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, para arrancar la primera jornada del curso ‘Algunas claves de la corrupción urbanística en España, que dirige en la Fundación César Manrique.<\/span><\/p>\n

Jiménez, que dirige este encuentro, fijó brevemente tres tipos de factores generales que pueden dar como resultado la corrupción: una frontera poco definida entre Estado y mercado, tolerancia social hacia esas prácticas y un mal funcionamiento de los mecanismos de control. De manera especial: la dependencia financiera que tienen los Ayuntamientos en el urbanismo para financiarse, un modelo asentado sobre la especulación legal, la alta rentabilidad de la inversión inmobiliaria (el precio medio de la vivienda ha subido un 175% en diez años mientras que los costes de construcción sólo un 35%), una política de vivienda basada en la compra y unos tipos de interés muy reducidos.
<\/o:p><\/span><\/p>\n

El director de la Fundación, Fernando Gómez Aguilera, había recordado previamente que un informe de la ONU de 2006 ya advertía de que en el urbanismo en España “las prácticas no éticas se han convertido en la norma”. Lamentó tener que dedicar un curso a la corrupción urbanística en lugar de hablar de la función pública y creadora que debería tener ese urbanismo y justificó el curso señalando que “el urbanismo no es una actividad desvinculada de la vida de las personas y del funcionamiento sostenible del planeta”.<\/o:p><\/span><\/p>\n

<\/o:p><\/span>La especulación legal<\/o:p><\/span><\/strong><\/p>\n

<\/o:p>Fernando Jiménez tuvo que suplir al ex Director general de urbanismo de Valencia, Gerardo Roger, que tenía previsto hablar sobre el modelo urbanístico español. La conferencia se titulaba ‘La especulación legalizada del suelo’. “Hemos pasado de que cada español quiera ser seleccionador de fútbol a que cada español lleva dentro un concejal de urbanismo”, expresó el profesor Jiménez. El escenario de la corrupción exige tres factores: una oferta con un producto que genere elevadas plusvalías, una demanda muy alta y un mercado restringido, monopolístico y opaco. En España se dan las tres.
<\/span><\/p>\n

La primera, con un ejemplo: para la operación urbanística más modesta, de VPO y con baja edificabilidad, en el paso de rústico a urbanizable de ese suelo, el propietario del mismo obtiene, en un día, sin invertir, sin arriesgar y de manera legal, una plusvalía como mínimo del 900%. Esta circunstancia es exclusiva del sistema urbanístico español. No se da en ningún otro.
<\/span><\/p>\n

La segunda: a la demanda de los que quieren comprar una vivienda formar un hogar se suman los residentes extranjeros, los que quieren una casa como inversión y los que quieren blanquear dinero. Mucha competencia. La tercera: en el mercado se cede la iniciativa al sector privado y las decisiones políticas suelen ser poco transparentes. Jiménez terminó poniendo su esperanza de cambio en el  <\/span>funcionamiento de la nueva Ley del Suelo, aprobada recientemente.
<\/o:p><\/span><\/p>\n

Plan General con derechos de autor<\/span><\/strong><\/p>\n

Marylène Albentosa, alcaldesa de Guardamar del Segura (Alicante, 16.000 habitantes), aportó la visión del problema desde una alcaldía. Ganó las elecciones en mayo de 2003 y se encontró con un Plan General aprobado cuatro días antes aunque aún no publicado y que triplicaba el suelo urbanizable que había hasta entonces. Los funcionarios municipales no conocían el Plan General. El de Guardamar es un claro ejemplo de cómo dejar el diseño urbanístico de un municipio a la iniciativa privada.
<\/span><\/p>\n

El Plan se dividía en catorce sectores para los que se podían presentar opciones de urbanización. Las propuestas fueron presentadas durante los meses de agosto de 2001 y 2002, El ‘agosticidio’, lo llamaron los vecinos. El Plan lo redactaba un equipo externo al Ayuntamiento, donde se suponía estaban los planos. Cuando Albentosa toma posesión como alcaldesa se encuentra sin información sobre el planeamiento y con un equipo redactor que le dice que no puede usar ese plan porque tiene derechos de autor. Al conseguir, finalmente, los planos, se encuentra con que no hay previstas zonas educativas, no se han diseñado puentes o rotondas para sortear una carretera nacional y ha desaparecido una zona protegida, un humedal, para lo que tuvo que dar su visto bueno el Gobierno regional en contra de su propio planeamiento. Logra corregir algunos errores, no sin dificultad, porque se produce la oposición de promotores y Gobierno regional.<\/span><\/p>\n

“Al final no soy yo la que consigue aprobar el plan sino todos los intereses que había en el camino”, reconoce la alcaldesa que, por cierto, volvió a ganar las elecciones el pasado mes de mayo, con 300 votos de diferencia.<\/o:p><\/span><\/p>\n

-“¿Qué recibiría yo?”<\/o:p><\/span><\/p>\n

-“Pues resolver tu vida, la de tus hijos y de veinte generaciones tuyas. Esto es un filón, esto es oro, oro y oro”.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Esta conversación entre una concejal de un pueblo de Sevilla y un promotor inmobiliario que necesita su voto para aprobar una operación urbanística sirvió a Fernando Jiménez, profesor titular de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, para arrancar la primera jornada del curso ‘Algunas claves de la corrupción urbanística en España, que dirige en la Fundación César Manrique.<\/span><\/p>\n

Jiménez, que dirige este encuentro, fijó brevemente tres tipos de factores generales que pueden dar como resultado la corrupción: una frontera poco definida entre Estado y mercado, tolerancia social hacia esas prácticas y un mal funcionamiento de los mecanismos de control. De manera especial: la dependencia financiera que tienen los Ayuntamientos en el urbanismo para financiarse, un modelo asentado sobre la especulación legal, la alta rentabilidad de la inversión inmobiliaria (el precio medio de la vivienda ha subido un 175% en diez años mientras que los costes de construcción sólo un 35%), una política de vivienda basada en la compra y unos tipos de interés muy reducidos.
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El director de la Fundación, Fernando Gómez Aguilera, había recordado previamente que un informe de la ONU de 2006 ya advertía de que en el urbanismo en España “las prácticas no éticas se han convertido en la norma”. Lamentó tener que dedicar un curso a la corrupción urbanística en lugar de hablar de la función pública y creadora que debería tener ese urbanismo y justificó el curso señalando que “el urbanismo no es una actividad desvinculada de la vida de las personas y del funcionamiento sostenible del planeta”.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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<\/o:p>Fernando Jiménez tuvo que suplir al ex Director general de urbanismo de Valencia, Gerardo Roger, que tenía previsto hablar sobre el modelo urbanístico español. La conferencia se titulaba ‘La especulación legalizada del suelo’. “Hemos pasado de que cada español quiera ser seleccionador de fútbol a que cada español lleva dentro un concejal de urbanismo”, expresó el profesor Jiménez. El escenario de la corrupción exige tres factores: una oferta con un producto que genere elevadas plusvalías, una demanda muy alta y un mercado restringido, monopolístico y opaco. En España se dan las tres.
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La primera, con un ejemplo: para la operación urbanística más modesta, de VPO y con baja edificabilidad, en el paso de rústico a urbanizable de ese suelo, el propietario del mismo obtiene, en un día, sin invertir, sin arriesgar y de manera legal, una plusvalía como mínimo del 900%. Esta circunstancia es exclusiva del sistema urbanístico español. No se da en ningún otro.
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La segunda: a la demanda de los que quieren comprar una vivienda formar un hogar se suman los residentes extranjeros, los que quieren una casa como inversión y los que quieren blanquear dinero. Mucha competencia. La tercera: en el mercado se cede la iniciativa al sector privado y las decisiones políticas suelen ser poco transparentes. Jiménez terminó poniendo su esperanza de cambio en el  <\/span>funcionamiento de la nueva Ley del Suelo, aprobada recientemente.
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Plan General con derechos de autor<\/span><\/strong><\/p>\n

Marylène Albentosa, alcaldesa de Guardamar del Segura (Alicante, 16.000 habitantes), aportó la visión del problema desde una alcaldía. Ganó las elecciones en mayo de 2003 y se encontró con un Plan General aprobado cuatro días antes aunque aún no publicado y que triplicaba el suelo urbanizable que había hasta entonces. Los funcionarios municipales no conocían el Plan General. El de Guardamar es un claro ejemplo de cómo dejar el diseño urbanístico de un municipio a la iniciativa privada.
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El Plan se dividía en catorce sectores para los que se podían presentar opciones de urbanización. Las propuestas fueron presentadas durante los meses de agosto de 2001 y 2002, El ‘agosticidio’, lo llamaron los vecinos. El Plan lo redactaba un equipo externo al Ayuntamiento, donde se suponía estaban los planos. Cuando Albentosa toma posesión como alcaldesa se encuentra sin información sobre el planeamiento y con un equipo redactor que le dice que no puede usar ese plan porque tiene derechos de autor. Al conseguir, finalmente, los planos, se encuentra con que no hay previstas zonas educativas, no se han diseñado puentes o rotondas para sortear una carretera nacional y ha desaparecido una zona protegida, un humedal, para lo que tuvo que dar su visto bueno el Gobierno regional en contra de su propio planeamiento. Logra corregir algunos errores, no sin dificultad, porque se produce la oposición de promotores y Gobierno regional.<\/span><\/p>\n

“Al final no soy yo la que consigue aprobar el plan sino todos los intereses que había en el camino”, reconoce la alcaldesa que, por cierto, volvió a ganar las elecciones el pasado mes de mayo, con 300 votos de diferencia.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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