Categoría: Expirados

Del 17 al 19 de octubre. Curso Economía, poder y megaproyectos

Del 17 a 19 de octubre,  la Fundación César Manrique organiza el curso “Economía, poder y megaproyectos”, que será dirigido por José Manuel Naredo y Federico Aguilera Klink y en el que participarán, además, Félix Arias Goytre, Óscar Carpintero Redondo, Manuel Delgado Cabeza y Albert Recio Andreu.

El enfoque económico habitual se centra en las ideas de producción y de mercado como si ambas fueran campos autónomos de actividad y de decisión ajenos a la intervención del poder. Sin embargo ―tras los cánticos al libre-mercado y al crecimiento de la producción― las operaciones de mera adquisición de riqueza, amparadas por un poder que pone lo público al servicio de determinados intereses privados que no suelen coincidir con el interés público, están cada vez más al orden del día y son cada vez más importantes.

El curso dará cuenta de ello a través de análisis generales y aplicados. Los primeros destacarán el contexto sociopolítico en el que está tomando cuerpo la refundación oligárquica del poder en las actuales democracias, así como la cobertura ideológica que la hace pasar desapercibida. Los análisis aplicados abarcarán el desplazamiento del peso económico desde el comercio de mercancías hacia el de activos patrimoniales, desde la economía real hacia el juego inmobiliario-financiero,…o desde la producción de riqueza hacia la mera adquisición y apropiación de la misma, habitualmente con la connivencia de los poderes públicos.

Este desplazamiento se ilustrará con casos en los que determinados grupos empresariales buscan el lucro fácil e inmediato utilizando como pretexto determinados megaproyectos o concesiones que tratan de imponer a la sociedad (y frecuentemente lo consiguen), recabando para ello el apoyo financiero del Estado, o bien su intimidación, mediante potentes campañas de imagen que ensalzan su carácter beneficioso y su contribución al “progreso”, teniendo que ser el conjunto social el que acabe sufragando, de una u otra manera, su desmesurado coste y sus pérdidas efectivas.

Se indicará que este panorama puede ser corregido por la presión de la población, apoyada con información clara y fidedigna, como ejemplifican algunos de los casos a exponer. Porque frente al oscurantismo de una toma elitista de decisiones y sus empeños propagandísticos, se ha de anteponer una participación social amplia y debidamente informada. Como también, en suma, frente a la refundación oligárquica del poder (con fachada democrática) se opone el control efectivamente democrático del mismo.

José Manuel Naredo es Doctor en Ciencias Económicas, Diplomado de la Escuela Superior de Estadística y pertenece al cuerpo superior de Estadísticos Facultativos del Estado. Cuenta con una larga experiencia investigadora que combina reflexiones de fondo sobre los fundamentos de la ciencia económica y la evolución de la coyuntura, con análisis concretos sobre el funcionamiento de los sistemas agrarios, urbanos e industriales en relación con los recursos naturales.

José Manuel Naredo ha sido Subdirector de Estudios y Publicaciones del Banco de Crédito Agrícola, Director del Programa “Economía y Naturaleza” y Asesor del Programa “Igualdad” de la Fundación Argentaria. Actualmente trabaja como investigador y consultor libre. Es vocal del Comité español del Programa Mab de la UNESCO, y ha sido galardonado con el Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente 2000. Ha publicado numerosos libros sobre pensamiento económico, agricultura, ecología, territorio y economía del agua. Su último libro se titula  «Raíces económicas del deterioro ecológico y social. Más allá de los dogmas».

Durante el curso, abordará el tema “Economía y poder (Megaproyectos: recalificaciones y contratas)”.

Federico Aguilera Klink, es Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de La Laguna. Enseña e investiga sobre Economía de los Recursos Naturales y Economía Ecológica, con especial interés en Economía del Agua. Sus últimos trabajos publicados Ecología Política, Ecological Economics; Environment and Planning C: Government and Policy, Archipiélago, Economistas e International Journal of Water.

Sus libros más recientes: Los mercados de agua en Tenerife. 2002. (En colaboración con Miguel Sánchez Padrón); Antología de Los costes sociales de la empresa privada de K. W. Kapp (2006) y Calidad de la democracia y protección ambiental en Canarias (Editor) publicado en 2006 por la Fundación César Manrique. Ha recibido el Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente, Lucas Mallada, 2004, del Ministerio de Medio Ambiente.

En su intervención en este curso hablará sobre “Discurso y práctica de los grupos empresariales y políticos (Megaproyectos y megamentiras)”.

Félix Arias Goytre es arquitecto urbanista y director general de SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo). Ha sido concejal portavoz de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda del grupo municipal socialista en Madrid. Ha sido director de Actuaciones Concertadas en Ciudades, del Ministerio de Fomento, y coordinador de la Agenda Hábitat España. Ha publicado artículos y libros relacionados con el urbanismo de las zonas marginales, estudios territoriales y políticas activas de suelo, las periferias sociales, la concertación de grandes actuaciones urbanas en España, etc.

En el curso, tratará los “Megaproyectos urbanos madrileños (¿Quién manda en Madrid?: las cuatro torres y el “señor de los anillos”).

Óscar Carpintero Redondo es profesor de Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid. Durante los últimos años ha escrito varios trabajos sobre economía ecológica, sostenibilidad ambiental, o comercio y medio ambiente. Entre sus publicaciones destacan los siguientes libros: La bioeconomía de Georgescu-Roegen; El metabolismo de la economía española: recursos naturales y huella ecológica  (1955-2000); Entre la economía y la naturaleza, y, junto a J.M. Naredo, El Balance Nacional de la economía española (1984-2000). Conjuntamente con J.M. Naredo y Carmen Marcos ha publicado el libro Patrimonio inmobiliario y balance nacional de la economía española (1991-2004).

En su intervención, abordará “El poder financiero de los grandes grupos empresariales (Los nuevos fabricantes de dinero)”.

Manuel Delgado Cabeza es Catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla. Sus trabajos se centran en las relaciones entre economía y territorio, así como en el análisis de los mecanismos desde los que se generan las desigualdades territoriales, especialmente el ámbito regional y la economía andaluza. Bajo el enfoque de la economía ecológica, sus análisis ponen de manifiesto costes sociales y ecológicos ignorados desde la visión convencional.

Su intervención tratará sobre las “Transformaciones del poder económico en Andalucía (Reacomodo de las viejas oligarquías y los nuevos poderes transnacionales)”.

Albert Recio Andreu es profesor titular del departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor e investigador de Economía del Trabajo. Ha publicado libros y artículos sobre temas de economía laboral, economía de los movimientos sociales, política económica, modelo nacional de empleo, democracia económica, etc. Es miembro del consejo editorial de las revistas Mientras Tanto y Revista de Economía Crítica. Es también activista en diversos movimientos sociales.

En el curso, hablará sobre los “Rasgos del nuevo poder oligárquico en España (Viejas y nuevas caras de la oligarquía española)”.

El curso comenzará  el miércoles 17 de octubre a las 18,00 h., y será inaugurado por el director de Actividades Fundacionales de la FCM, Fernando Gómez Aguilera.

La inscripción en el curso se podrá formalizar en la Fundación César Manrique a partir del lunes 8 de octubre (Tfno. 928 84 31 38). El número de plazas es limitado y se adjudican por riguroso orden de solicitud y cumplimiento de los requisitos de matrícula.

Las irregularidades más graves se cumplen en el ámbito de lo lícito

Si la corrupción urbanística es un iceberg, la parte que sobresale podría ser el caso de Marbella. La otra parte, la que no flota, mucho mayor que la que se ve, serían las corruptelas por el ejercicio discrecional de las funciones urbanísticas por parte de los Ayuntamientos.

“Esa discrecionalidad es inevitable en el ejercicio del urbanismo porque decidir es gobernar. Es peligroso que sea un juez quien controle esas decisiones porque puede acabar sustituyendo el interés general por su propio criterio”. Frente a la ilegalidad manifiesta, Germán Fernández Farreres, catedrático de Derecho Administrativo, señaló en la última jornada del curso ‘Algunas claves sobre la corrupción urbanística”, su preocupación por aquella que es más sutil: “La discrecionalidad es el mejor caldo de cultivo de corrupciones”.

Farreres, que habló sobre “Las dificultades de la jurisdicción contenciosa para el control de la actividad urbanística”, coincidió con el segundo ponente de la tarde, el también catedrático José Suay, en esa idea: “Las irregularidades más graves se cumplen en el ámbito de lo lícito”, señaló éste.

“Si las sentencias no se ejecutan es porque los jueces incumplen la ley de lo contencioso”.

Fernández Farreres señaló la lentitud como el gran problema de la jurisdicción contencioso administrativa. Considera que es un problema “endémico” y que su agilización no depende ni del tipo de procedimiento ni de la escasez de jueces.  Es un problema social, no legal. “La lentitud de la Justicia es colectivamente soportable porque el retraso perjudica a una parte pero beneficia a la otra”, dijo. La beneficiada suele ser la Administración, porque los actos que permite (la construcción de inmuebles gracias a las licencias que otorga), no suelen quedar suspendidos.

De esta manera, para Farreres, en un contencioso administrativo, “el recurso se gana cuando el juez decide la suspensión”, La Justicia cautelar sería, pues, el único modo de  evitar ciertos desmanes, pero para eso se requieren “jueces muy afinados” y  muy preparados. Además  las medidas cautelares tienen el peligro, como  ya se ha dicho más arriba, de sustituir el criterio del juez por el de una administración elegida democráticamente. Destacó que “se ha ido muy lejos en el entendimiento de la autonomía municipal” y apostó por establecer mecanismos,  no de tutela pero sí de control de las administraciones locales. “Si intervienen dos instancias, mejor que si interviene unan sola”, señaló.

La última parada del recorrido del contencioso administrativo es la ejecución de la sentencia. Farreres, como en el resto de su intervención, fue claro: “si las sentencias no se ejecutan es porque los jueces incumplen la ley de lo contencioso”. Es entendible que no se ejecuten porque “hay que tener un gran valor”. ¿Quién está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias”, se preguntó el ex letrado del Tribunal Constitucional, para  sufrir un acoso social por derribar una construcción ilegal. En Marbella, dijo, hay veinte sentencias de derribo y “no se va a derribar nada”. “En el avance del nuevo Plan general se legaliza todo”, aseguró.

“El que cumple la ley piensa que es tonto”

La conferencia de José Suay llevaba por título “Los problemas y las carencias de la disciplina urbanística en Canarias”. Explicó que hay dos tipos de mecanismos represores: las medidas para restablecer la legalidad y las sanciones. El marco legal de Canarias, en cuanto a la disciplina urbanística, según Suay, “se hizo rápido” y deja un doble sistema sancionador, único en España.

Dentro de lo positivo, Suay señaló la creación de la Agencia de protección del medio urbano y natural o la inclusión de algunas sanciones ejemplarizantes. El negativo, que “el móvil que impulsó la reforma (de 2006) fue una especie de amnistía general”, lo que tiene da como resultado, según Suay, que “aquel que cumple la ley piensa que es tonto”. Se quejó, como la mayoría de los ponentes del curso, de la “impotencia en el control de los actos de iniciación”, es decir, del otorgamiento de licencias, y puso su confianza en el fomento de los instrumentos de transparencia y en una mayor aplicación de sanciones  a cargos públicos.

Apostó, finalmente, por una reforma del Derecho penal, que contempla multas de baja cuantía y plazos de preinscripción muy breves, además de avanzar en la figura de la prevaricación por omisión y aplicar la responsabilidad patrimonial sobre los cargos públicos condenados.

“Los notarios son los primeros en saber que se va a hacer una parcelación ilegal”.

Ana Linares, Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Sevilla, fue la última ponente del curso. Ya había participado en la primera jornada en la mesa redonda abierta al público. Se ciñó al título de su conferencia: “Los instrumentos de la fiscalía en la lucha contra la corrupción”. Esos instrumentos son el Derecho penal, la cooperación institucional, la coordinación interna y la intervención preventiva.

En medio de su enumeración de los delitos más comunes relacionados con el urbanismo afirmó que “los alcaldes y concejales hacen una defensa verdaderamente pobre de manera frecuente”. Habló de su experiencia de colaboración con otras instituciones para perseguir los delitos, lo que considera fundamental y dio un toque de atención a los notarios, de quienes dijo que son los primeros en saber que se va a hacer una parcelación, y, en ocasiones no sólo no advierten de que es una ilegalidad y lo comunican a la Fiscalía, sino que además  la registran. Señaló, finalmente, que se abre una puerta a una posible impugnación de convenios urbanísticos o de otros planeamientos por parte de los fiscales, algo imposible hasta ahora.

El debate final con los asistentes cerró el curso. Fernández Farreres, que había comenzado su intervención señalando que ante la corrupción “mejor no ponerse en riesgo”, terminó afirmando que “de la corrupción urbanística no estamos libres casi nadie”. “Es El Dorado”.

“La reacción contra la corrupción debe ser tan compleja como la propia corrupción”.

La segunda jornada del curso ‘Algunas claves sobre la corrupción urbanística en España’ tuvo un carácter heterogéneo. Abordó el papel de la prensa, de las asociaciones ecologistas y de una organización no gubernamental como Transparencia Internacional.

El de la prensa lo puso sobre la mesa Pachi Larrosa, hoy Jefe de edición de ‘La Verdad de Murcia’ y en los años noventa director de la edición burgalesa de ‘Diario 16’. En esa etapa protagonizó, como informador, el caso de la construcción de Burgos, un caso con diferencias “únicamente climatológicas con Marbella”. El caso terminó con la condena de siete años de cárcel para el constructor Méndez Pozo, la inhabilitación del alcalde y varios concejales, con 20.000 vecinos residiendo en casas con licencias de construcción anuladas y con ríos de tinta vertidos en una cabecera creada, como reconoció Larrosa, con la intención de sostener mediáticamente el proceso, denunciado en Fiscalía por la Asociación de la construcción burgalesa. Al contrario de lo que suele ser habitual, “los periodistas poníamos el freno del rigor a las ansias de la propiedad” del periódico por aumentar el escándalo.

Entre este caso particular y la valoración final del papel de la prensa regional en la denuncia de casos de corrupción urbanística en España, Larrosa hizo algunas consideraciones de tipo más general. “Todo fenómeno de corrupción es en sí mismo un arma política”. “Es difícil descubrir algo que se quiere ocultar”, que describe la dificultad o la fortuna de encontrar una fuente que destape un escándalo. El periodista relacionó directamente el aumento en el número de casos de corrupción que se conocen actualmente con la mayor importancia que ha adquirido la prensa local y regional, en general y en la denuncia de estos casos en particular. La cercanía entre el lugar de redacción y el de corrupción afecta a la prensa local para sostener los casos, y lo hace como fortaleza y como riesgo.

Las ventajas, frente a la prensa nacional, estriban en una mayor credibilidad, al estar habitualmente menos ideologizada o politizada, el potente atractivo de las informaciones al enfocar directamente a los poderosos locales pasando por dificultades y cierta independencia conseguida gracias a la concentración de varias cabeceras en grupos de comunicación potentes, principalmente en Prensa Ibérica y Vocento, donde la cúpula empresarial está desplazada del lugar de los hechos. Según Larrosa: “la prensa regional  mantiene la presión sobre los corruptos y obliga a la Administración a mantener su atención”.

Cómo se mide la transparencia

Jeús Lizcano es el presidente de ‘Transparencia Internacional’ España, una organización  creada por un ex alto cargo del Banco Mundial que está presente en multitud de países y que tiene como objetivo fomentar la transparencia en el sector público, los mercados, los partidos políticos, las empresas, las religiones o las universidades. Todo ello con el fin de lograr una mayor equidad social y eficiencia económica. Lizcano, que se centró en exponer la labor de la organización que dirige, señaló que la dimensión globalizada de la corrupción hace que ésta necesite una solución pactada. Uno de esos pactos es la convención de la ONU contra la corrupción, firmada por 140 países, entre ellos España, que deben ahora adaptar sus legislaciones  a ese acuerdo.

‘Transparencia Internacional’ desarrolla instrumentos de medición de la transparencia y la integridad respecto a entidades públicas y empresas. Publica cuatro informes anuales. El primero de estos informes, cuyos resultados se han conocido esta misma semana, es el ‘Índice de percepción de la corrupción’. Como conclusión general, Lizcano destaca que hay una “fuerte correlación entre corrupción y pobreza”. En este índice, en el que suspenden tres de cada cuatro países, España se sitúa en el puesto 25 de 180. Eso sí, la causa principal de la percepción de corrupción entre los ciudadanos españoles se debe la corrupción urbanística”, por lo que Lizcano augura un punto de inflexión ante una recesión en el sector de la construcción. El Barómetro global es el segundo informe. Evalúa catorce sectores en 62 países. En España, el peor valorado son los partidos políticos, mientras que la prensa se sitúa en el tercer puesto, algo atípico. El Informe sobre fuentes de soborno evalúa a empresas de las treinta economías más exportadoras del mundo. España aparece en el puesto número trece. Por último se elabora un Informe global de la corrupción en el Mundo, que aúna cada informe que se hace en cada país y que cada año se dedica especialmente a un sector. Por último, promueve un Pacto de Estado contra la corrupción y de momento ya se ha conseguido una resolución del Congreso de los Diputados instando al Gobierno a liderar ese pacto.

La comprensión para ejercer presión

El final de la jornada deparó una exhaustiva, hilarante y apabullante intervención de Juan Sánchez García, subdirector del Centro de Estudios Ecosociales de la Universidad de la Laguna, miembro de la Coordinadora El Rincón, profesor de Economía y un “escéptico ilusionado frente a la corrupción”. Su ponencia estaba anunciada como ‘El caso de la playa de las Teresitas: una reflexión sobre el papel de las organizaciones ecologistas”, aunque ya anunció desde el principio que había cambiado el título para usar el caso de la playa tinerfeña “como excusa para un debate más amplio”. Encaró la charla desde tres visiones distintas, las que le otorgan esas tres facetas que se han mencionado más arriba y sin perder el humor en ninguna de las tres. Recordó todo el proceso ciudadano para lograr la aprobación en el Parlamento del Plan Especial de El Rincón (Tenerife) y habló de corrupción pasiva por la “falta de voluntad política” para aplicar lo logrado. Contó otros dos casos más: el conjunto Atlante en el casco histórico de La Orotava y Las Teresitas. A los tres les une que son el resultado de un “ejercicio de cuentas social”, iniciativas populares o movilizaciones públicas.

El Centro de Estudios Ecosociales de la Universidad de La Laguna se creó para aprovechar la relación entre la Universidad y la sociedad. “Es un centro de investigación orientado a la comunidad”, según Sánchez García, que entre otras cosas, favorece la relación entre diversas disciplinas o hace una llamada a la responsabilidad social del mundo universitario. Desde ese punto de vista, el ponente resaltó que se ha puesto el acento en intervenir de manera directa, es decir, legislando sobre el uso del suelo pero no tanto en hacerlo de manera indirecta, esto es, a través del mercado. Advirtió de que la corrupción no es la ausencia de reglas, sino que es un sistema normalizado que puede hacer que se cambien las reglas desde la autoridad pública y se consoliden a través de la cooperación y la confianza. “Comprendiendo el fenómeno podemos ejercer una presión continua”, señaló. El mecanismo que puede romper el tejido corrupto se basa en la cooperación, en la interacción entre todos los actores, desde los movimientos ciudadanos, a las universidades, las instituciones, las distintas figuras jurídicas… “El efecto de estimulación e ilusión es muy importante para disolver la democracia corrupta”, afirmó, para terminar parafraseando al Nobel de Economía Joseph Stiglitz: “La reacción contra la corrupción debe ser tan compleja y variopinta como la propia corrupción”. Incluyendo el humor, el buen humor, claro.

El urbanismo como fuente de corrupción política

La primera jornada del curso se completó con una mesa redonda, abierta al público,  en la que intervinieron la Fiscal de Medio ambiente de Sevilla, Ana Linares y el jurista y profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga, Diego Vera. Este afirmó dos frases aparentemente contradictorias: que la corrupción no es un problema exclusivo de España, sino que es generalizado y que la corrupción no es un problema para España. En este último caso se refería a que los españoles, mayoritariamente, no perciben la corrupción urbanística como un problema.

 Vera habló de cinco etapas del urbanismo como plataforma de otras actividades delictivas: desde la pequeña corrupción clientelar hasta el asentamiento de grupos delictivos organizados. Según un estudio del Instituto Andaluz de Criminología, en cuya elaboración participó el ponente, hay que comenzar a prevenir para no llegar a la última etapa si se dan cinco factores: una actividad que genera plusvalía, otras actividades delictivas en el mismo ámbito geográfico, blanqueo de capitales, cooperadores legales necesarios y poca transparencia.

Apostó por alejar las competencias urbanísticas del ámbito municipal. Aseguró que un elemento fundamental del Caso Malaya fue la decisión de la Junta de Andalucía de asumir las competencias urbanísticas, lo que puso nerviosos a los Ayuntamientos. “El Derecho administrativo ha fracasado, es inoperante”. Recordó que la primera medida cautelar dictada por un juez en Marbella es del año 2003. “Si se da la razón a las comunidades autónomas empezará un nuevo tiempo”, señaló.

“La Administración no funciona”

“No es digno eludir las batallas necesarias, hay que empeñarse en ellas se vayan a ganar o no”. Es un principio por el que se rige al Fiscal de medioambiente de Sevilla, que se ve a sí misma como una “diseccionadora de cadáveres”. “El Fiscal sólo actúa cuando el cadáver está encima de la mesa”. Puso este ejemplo para explicar su frustración por no poder actuar de manera preventiva, como le piden muchos ciudadanos que acuden a ella a denunciar casos de corrupción urbanística. Que los ciudadanos acudan a la Fiscalía a solicitar que pare operaciones urbanísticas es la constatación de que la Administración (municipal) no funciona, dijo.

“Es la principal incumplidora porque no hace sus deberes”. Linares, muy crítica con los Ayuntamientos, recordó que estos tienen “mucho poder” y que quien tiene las competencias debe aplicar con rigor la disciplina. “Para aplicar la disciplina urbanística sólo hace falta un papel, un boli y un policía. ¿Cuáles son los medios materiales que reclaman los Ayuntamientos para aplicarla?”, se preguntó la Fiscal, que también puso esperanzas de cambio en la nueva Ley del Suelo y aportó varias posibles soluciones. “Fundamental, acabar con la apatía ciudadana y alentar el activismo”. “Y vital, “promover la información a los ciudadanos”.

La primera jornada del curso se completó con una mesa redonda, abierta al público,  en la que intervinieron la Fiscal de Medio ambiente de Sevilla, Ana Linares y el jurista y profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga, Diego Vera. Este afirmó dos frases aparentemente contradictorias: que la corrupción no es un problema exclusivo de España, sino que es generalizado y que la corrupción no es un problema para España. En este último caso se refería a que los españoles, mayoritariamente, no perciben la corrupción urbanística como un problema.

 Vera habló de cinco etapas del urbanismo como plataforma de otras actividades delictivas: desde la pequeña corrupción clientelar hasta el asentamiento de grupos delictivos organizados. Según un estudio del Instituto Andaluz de Criminología, en cuya elaboración participó el ponente, hay que comenzar a prevenir para no llegar a la última etapa si se dan cinco factores: una actividad que genera plusvalía, otras actividades delictivas en el mismo ámbito geográfico, blanqueo de capitales, cooperadores legales necesarios y poca transparencia.

Apostó por alejar las competencias urbanísticas del ámbito municipal. Aseguró que un elemento fundamental del Caso Malaya fue la decisión de la Junta de Andalucía de asumir las competencias urbanísticas, lo que puso nerviosos a los Ayuntamientos. “El Derecho administrativo ha fracasado, es inoperante”. Recordó que la primera medida cautelar dictada por un juez en Marbella es del año 2003. “Si se da la razón a las comunidades autónomas empezará un nuevo tiempo”, señaló.

Cada español lleva dentro un concejal de urbanismo

-“¿Qué recibiría yo?”

-“Pues resolver tu vida, la de tus hijos y de veinte generaciones tuyas. Esto es un filón, esto es oro, oro y oro”.

Esta conversación entre una concejal de un pueblo de Sevilla y un promotor inmobiliario que necesita su voto para aprobar una operación urbanística sirvió a Fernando Jiménez, profesor titular de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, para arrancar la primera jornada del curso ‘Algunas claves de la corrupción urbanística en España, que dirige en la Fundación César Manrique.

Jiménez, que dirige este encuentro, fijó brevemente tres tipos de factores generales que pueden dar como resultado la corrupción: una frontera poco definida entre Estado y mercado, tolerancia social hacia esas prácticas y un mal funcionamiento de los mecanismos de control. De manera especial: la dependencia financiera que tienen los Ayuntamientos en el urbanismo para financiarse, un modelo asentado sobre la especulación legal, la alta rentabilidad de la inversión inmobiliaria (el precio medio de la vivienda ha subido un 175% en diez años mientras que los costes de construcción sólo un 35%), una política de vivienda basada en la compra y unos tipos de interés muy reducidos.

El director de la Fundación, Fernando Gómez Aguilera, había recordado previamente que un informe de la ONU de 2006 ya advertía de que en el urbanismo en España “las prácticas no éticas se han convertido en la norma”. Lamentó tener que dedicar un curso a la corrupción urbanística en lugar de hablar de la función pública y creadora que debería tener ese urbanismo y justificó el curso señalando que “el urbanismo no es una actividad desvinculada de la vida de las personas y del funcionamiento sostenible del planeta”.

La especulación legal

Fernando Jiménez tuvo que suplir al ex Director general de urbanismo de Valencia, Gerardo Roger, que tenía previsto hablar sobre el modelo urbanístico español. La conferencia se titulaba ‘La especulación legalizada del suelo’. “Hemos pasado de que cada español quiera ser seleccionador de fútbol a que cada español lleva dentro un concejal de urbanismo”, expresó el profesor Jiménez. El escenario de la corrupción exige tres factores: una oferta con un producto que genere elevadas plusvalías, una demanda muy alta y un mercado restringido, monopolístico y opaco. En España se dan las tres.

La primera, con un ejemplo: para la operación urbanística más modesta, de VPO y con baja edificabilidad, en el paso de rústico a urbanizable de ese suelo, el propietario del mismo obtiene, en un día, sin invertir, sin arriesgar y de manera legal, una plusvalía como mínimo del 900%. Esta circunstancia es exclusiva del sistema urbanístico español. No se da en ningún otro.

La segunda: a la demanda de los que quieren comprar una vivienda formar un hogar se suman los residentes extranjeros, los que quieren una casa como inversión y los que quieren blanquear dinero. Mucha competencia. La tercera: en el mercado se cede la iniciativa al sector privado y las decisiones políticas suelen ser poco transparentes. Jiménez terminó poniendo su esperanza de cambio en el  funcionamiento de la nueva Ley del Suelo, aprobada recientemente.

Plan General con derechos de autor

Marylène Albentosa, alcaldesa de Guardamar del Segura (Alicante, 16.000 habitantes), aportó la visión del problema desde una alcaldía. Ganó las elecciones en mayo de 2003 y se encontró con un Plan General aprobado cuatro días antes aunque aún no publicado y que triplicaba el suelo urbanizable que había hasta entonces. Los funcionarios municipales no conocían el Plan General. El de Guardamar es un claro ejemplo de cómo dejar el diseño urbanístico de un municipio a la iniciativa privada.

El Plan se dividía en catorce sectores para los que se podían presentar opciones de urbanización. Las propuestas fueron presentadas durante los meses de agosto de 2001 y 2002, El ‘agosticidio’, lo llamaron los vecinos. El Plan lo redactaba un equipo externo al Ayuntamiento, donde se suponía estaban los planos. Cuando Albentosa toma posesión como alcaldesa se encuentra sin información sobre el planeamiento y con un equipo redactor que le dice que no puede usar ese plan porque tiene derechos de autor. Al conseguir, finalmente, los planos, se encuentra con que no hay previstas zonas educativas, no se han diseñado puentes o rotondas para sortear una carretera nacional y ha desaparecido una zona protegida, un humedal, para lo que tuvo que dar su visto bueno el Gobierno regional en contra de su propio planeamiento. Logra corregir algunos errores, no sin dificultad, porque se produce la oposición de promotores y Gobierno regional.

“Al final no soy yo la que consigue aprobar el plan sino todos los intereses que había en el camino”, reconoce la alcaldesa que, por cierto, volvió a ganar las elecciones el pasado mes de mayo, con 300 votos de diferencia.

Del 26 al 28 de septiembre. Curso. Algunas claves de la corrupción urbanística en España

Del 26 al 28 de septiembre, la Fundación César Manrique organiza el curso “Algunas claves de la corrupción urbanística en España”, que será dirigido por Fernando Jiménez, y en el que participarán Gerardo Roger Fernández, Marylène Albentosa, Pachi Larrosa, Jesús Lizcano, Juan Sánchez García, José Suay, Germán Fernández Farreres y Ana Linares Vallecillo. 

La afirmación de que el problema de la corrupción política en España se concentra desde hace algunos años en el gobierno local se ha convertido en un lugar común entre los principales analistas de la política española (véase, por ejemplo, el capítulo sobre España en el reciente Informe sobre la Corrupción Global 2006 de Transparency International). Desde luego, los casos que han ido —y siguen— apareciendo en la prensa han evidenciado algunos rasgos de la política municipal que invitan a la preocupación y han puesto de relieve que una de las áreas más problemáticas es la constituida por la gestión y planificación urbanística. 

No se trata tanto de que nuestras autoridades locales sean peores desde el punto de vista moral que las de los países de nuestro entorno, sino que el problema radica en que el marco institucional en que se lleva a cabo la actividad urbanística en España genera formidables incentivos para la corrupción. 

Estos incentivos proceden de una doble fuente. Por un lado está el hecho de la enorme repercusión económica que tienen las decisiones públicas —en manos básicamente de las autoridades locales— sobre la calificación y los usos urbanísticos del suelo. Una repercusión que, a diferencia de los países de nuestro entorno, recae fundamentalmente sobre el patrimonio de los propietarios del suelo recalificado. En épocas de auge del sector de la construcción de viviendas como el que vivimos en nuestro país desde hace unos diez años, y dado el enorme diferencial entre el valor del suelo rústico y el del urbanizable, la tentación para “comprar” una decisión pública que altere el uso declarado de un suelo concreto se hace difícil de resistir. Por otro lado, los diversos mecanismos de control con los que nuestro sistema político y legal trata de evitar el uso en beneficio particular del desempeño de un cargo público, esto es la corrupción política, se han demostrado claramente insuficientes en este terreno. 

El curso organizado por la FCM prestará atención a ambos tipos de incentivos: los relacionados con el peculiar modelo urbanístico español (en la primera sesión) y los que tienen que ver con el deficiente funcionamiento de las diversas instancias de control de la actividad urbanística (en las dos sesiones siguientes). 

Paralelamente al curso, el miércoles 26 de septiembre, a las 20,30 h., tendrá lugar una mesa redonda bajo el título “El urbanismo como fuente de corrupción política”, en la que intervendrán Fernando Díaz Orueta, Fernando Jiménez, Ana Linares, Gerardo Roger y Diego Vera. 

Fernando Jiménez Sánchez es profesor titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Santiago de Compostela, aunque se encuentra actualmente adscrito, en comisión de servicio, a la Universidad de Murcia. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada (1987), Maestría en Ciencias Sociales por el Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones (Madrid) en 1990, Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense (1994) y Doctor-miembro del Instituto Juan March desde 1994. 

Es autor del libro “Detrás del escándalo político. Opinión pública, dinero y poder en la España del siglo XX” (1995) y de diversos artículos en revistas académicas sobre la política del escándalo, las repercusiones electorales de estos fenómenos y las organizaciones de partido en España. Asímismo ha escrito sobre la europeización del sistema político español para un libro colectivo sobre la política española coordinado por Fernando Reinares y Edurne Uriarte. 

Gerardo Roger Fernández fue Director General de Urbanismo de la Comunidad Autónoma Valenciana entre 1990 y 1995. Fue asesor del Ministerio de Vivienda para la redacción de la Reforma de la Ley de Suelo de 2007 y corredactor de los Anteproyectos de Leyes Autonómicas del Suelo de Castilla-La Mancha y Extremadura y de sus desarrollos Reglamentarios. Es arquitecto urbanista y técnico en Ordenación del Territorio, y en la actualidad es miembro del Instituto Pascual Madoz de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Ha publicado numerosos artículos en la Revista de Derecho Urbanístico, en la Ciudad y Territorio, en la Urban, etc., así como ponencias en diferentes medios, y libros específicos, destacando “Del Desarrollismo al Urbanismo de la Democracia» (1994), «Estudio sobre el Urbanismo y la Protección de los Recursos Naturales» (1996), “Ordenación y Gestión del Territorio Turístico -el capítulo Ordenación y Gestión del Territorio Turístico-“ (2002), “Análisis de Viabilidad Económica de las Actuaciones Urbanísticas” (2003) y “La Producción de la Ciudad” (2005). 

En su intervención, Gerardo Roger hablará sobre “Las peculiaridades del modelo urbanístico español: la especulación legalizada del suelo”. 

Marylène Albentosa es alcaldesa de Guardamar del Segura (Alicante), y su ponencia girará en torno a los  “Principales actores de la política urbanística: una visión desde la alcaldía de un municipio costero”. 

Pachi Larrosa es jefe de edición del periódico La Verdad de Murcia. En sus comienzos profesionales trabajó como corresponsal y free lance en numerosas revistas y publicaciones (Diario 16, Mundo, Mundo Diario, Primera Plana, Reporter, diario Pueblo), y en Radio Popular, la cadena SER y la BBC. 

En 1984 ingresó por oposición en el Centro regional de Castilla y León de Radio Nacional de España, del que solicitó la excedencia, siendo jefe de programas, para cofundar Diario 16 Burgos en 1989. En 1990 es nombrado director de Diario 16 Burgos y en 1991 se incorporó a la redacción central como redactor jefe de la edición de Madrid. En 1996 ingresó en La Verdad, periódico del Grupo Vocento, en Murcia. 

Pachi Larrosa abordará en el curso “El caso de la construcción de Burgos. Reflexiones sobre el papel de la prensa local en la denuncia de casos de corrupción municipal”. 

Jesús Lizcano es miembro fundador y actual Presidente de Transparencia Internacional-España. Es Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, y director de dos revistas, una de divulgación científica: «Encuentros Multidisciplinares», y, la otra, internacional y de un carácter más técnico: “Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión”. Es autor de catorce libros y de un centenar de artículos, en publicaciones tanto nacionales como internacionales. Preside la Comisión de Contabilidad de Gestión de AECA, que ha publicado hasta el momento un total de 34 documentos de investigación y normalización sobre principios de contabilidad de gestión. 

Lizcano es o ha sido miembro de diversas asociaciones y organizaciones civiles como la Asociación para la Integración Europea (AIE), ACNUR, etc., habiendo organizado y/o participado en numerosos encuentros, jornadas, actos y grupos de trabajo de carácter multidisciplinar. Es coordinador del Foro sobre Convivencia y Fundamentalismos (UAM-Ateneo de Madrid), y vocal de la Junta directiva de la Asociación para el Diálogo Interreligioso. 

Jesús Lizcano hablará en su intervención sobre “El papel de Transparencia Internacional en la lucha contra la corrupción. El caso de España con especial atención a la corrupción urbanística”. 

Juan Sánchez García es subdirector del Centro de Estudios Ecosociales de la Universidad de La Laguna y miembro de la asociación ecologista Coordinadora El Rincón-EA. Es profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, e Investiga e imparte su docencia en Economía Regional. Es autor de artículos en revistas como Ecological Economics, Environment and Planning C, International Journal of Environment and Pollution, International Journal of Water, Agricultura y Sociedad, Historia Industrial, etc. Algunos de los libros en los que ha participado son “Technological Change in a Spatial Context” (1990), “Canarias: Economía, Ecología y Medio Ambiente” (1994, con otros autores), “Los Planes Insulares de Ordenación en Canarias. Reflexiones metodológicas” (1995, con otros autores, como editor), “Economics With No Special Technology” (1996), “Experiencias sociales innovadoras y participativas” (ed., 2004), “Toma de decisiones colectivas y política del suelo” (editor y coautor, 2004), y “Calidad de la democracia y protección ambiental en Canarias” (coautor, 2006). 

Juan Sánchez tratará en su ponencia de “El caso de la playa de Las Teresitas: una reflexión sobre el papel de las organizaciones ecologistas”. 

José Suay es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y miembro del Consejo Consultivo de Canarias. Dirige los Departamentos de Ciencias Jurídicas y Derecho Público de la Universidad de Las Palmas y es Magistrado (suplente) de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Es miembro, además, del equipo redactor del Informe Anual sobre las Comunidades Autónomas. 

Suay hablará en su intervención sobre “Los problemas y las carencias de la disciplina urbanística en Canarias”. 

Germán Fernández Farreres es Catedrático y Director del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. Con anterioridad, lo fue de la Universidad de Málaga y, entre 1988 y 1993, desempeñó el cargo de Letrado del Tribunal Constitucional. Entre otros cargos, ha sido director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense y miembro de la Comisión de Expertos para el Estudio de la Reforma de la Administración Pública, creada en el 2003 por el Ministerio de Administraciones Públicas. 

Autor de más de un centenar de trabajos propios de su especialidad, entre otras publicaciones destacan sus libros sobre “La subvención: concepto y régimen jurídico”, “Asociaciones y Constitución”, “El recurso de amparo en la jurisprudencia constitucional”, “El paisaje televisivo en España”. Asimismo, ha publicado “La contribución del Tribunal Constitucional al Estado Autonómico”, en la que se sintetizan los primeros veinticinco años de jurisprudencia constitucional sobre el complejo sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y ha dirigido un completo y exhaustivo “Comentario a la Ley General de Subvenciones”. 

Fernández Farreres abordará en su ponencia “Las dificultades de la jurisdicción contenciosa para el control de la actividad urbanística”. 

Ana Linares Vallecillo es Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de la Audiencia Provincial de Sevilla. En febrero de 2007, fue designada por la Fiscalía General del Estado como experta junior española para la Unidad de Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (OMPS) del Ministerio de Asuntos Exteriores de cara a su inclusión en la lista de expertos de la UE para la ejecución del Objetivo Principal Civil para 2008 de Estado de Derecho. 

Ana Linares tratará en su intervención “Los instrumentos de la fiscalía en la lucha contra la corrupción”. 

La inauguración del curso tendrá lugar el miércoles 26 de septiembre a las 17,00 h. La inscripción en el curso se podrá formalizar en la Fundación César Manrique a partir del lunes 17 de septiembre (Tlfno. 928 84 31 38). El número de plazas es limitado y se adjudican por riguroso orden de solicitud y cumplimiento de los requisitos de matrícula.

26 de septiembre. Mesa redonda. El urbanismo como fuente de corrupción política

El miércoles 26 de septiembre, a las 20,30 h., en la sede de la Fundación César Manrique, tendrá lugar la mesa redonda “El urbanismo como fuente de corrupción política”.

En el acto intervendrán Fernando Díaz Orueta, Fernando Jiménez, que moderará la mesa, Ana Linares Vallecillo, Gerardo Roger Fernández y Diego Vera Jurado.

En el transcurso de la mesa redonda se analizará, desde las perspectivas profesionales de los ponentes, los factores que han vinculado (en los últimos años de manera generalizada) el urbanismo con diversas prácticas de corrupción política. Un problema que ha afectado no sólo al modelo de crecimiento urbanístico y económico en nuestro país, sino también a la calidad de los procesos democráticos que deben regular dichos crecimientos.

La mesa redonda se incluye en el marco del curso “Algunas claves de la corrupción urbanística en España”, que organiza la FCM entre el 26 y el 28 de septiembre. En el curso, que dirigirá Fernando Jiménez, participarán Gerardo Roger, Marylène Albentosa, Pachi Larrosa, Jesús Lizcano, Juan Sánchez García, José Suay, Germán Fernández Farreres y Ana Linares.

Fernando Jiménez Sánchez es profesor titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Santiago de Compostela, aunque se encuentra actualmente adscrito, en comisión de servicio, a la Universidad de Murcia. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada (1987), Maestría en Ciencias Sociales por el Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones (Madrid) en 1990, Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense (1994) y Doctor-miembro del Instituto Juan March desde 1994.

Es autor del libro “Detrás del escándalo político. Opinión pública, dinero y poder en la España del siglo XX” (1995) y de diversos artículos en revistas académicas sobre la política del escándalo, las repercusiones electorales de estos fenómenos y las organizaciones de partido en España. Asímismo ha escrito sobre la europeización del sistema político español para un libro colectivo coordinado por Fernando Reinares y Edurne Uriarte sobre la política española.

Fernando Díaz Orueta es Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1992 es profesor Titular de Sociología en la Universidad de Alicante, y ha sido profesor e investigador invitado en diversas universidades latinoamericanas y europeas. Su campo de especialización es la Sociología Urbana y, particularmente, los estudios sobre movimientos urbanos, pobreza, vivienda y segregación, así como el análisis del impacto socio-territorial producido por los grandes proyectos de regeneración urbana. Es miembro del Comité Académico de la Revista Argentina de Sociología, del Comité Consultivo Internacional de la Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica y del Comité de Referato de la revista Cuaderno Urbano. Es autor de los libros “Desigualdad social y vivienda” (2004), “Desequilibrios socio-territoriales en la etapa de la reestructuración económica” (2001), “Desarrollo urbano y pobreza. La ciudad de Posadas, Argentina” (2000) y “Pensar y vivir la ciudad” (1995).

Ana Linares Vallecillo es Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de la Audiencia Provincial de Sevilla. En febrero de 2007  fue designada por la Fiscalía General del Estado como experta junior española para la Unidad de Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (OMPS) del Ministerio de Asuntos Exteriores para su inclusión en la lista de expertos de la UE para la ejecución del Objetivo Principal Civil para 2008 de Estado de Derecho.

Gerardo Roger Fernández fue Director General de Urbanismo de la Comunidad Autónoma Valenciana entre 1990 y 1995. Fue asesor del Ministerio de Vivienda para la redacción de la Reforma de la Ley de Suelo de 2007 y corredactor de los Anteproyectos de Leyes Autonómicas del Suelo de Castilla-La Mancha y Extremadura y de sus desarrollos Reglamentarios. Es arquitecto urbanista y técnico en Ordenación del Territorio, y en la actualidad es miembro del Instituto Pascual Madoz de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Universidad Carlos III de Madrid.

Ha publicado multitud de artículos en la Revista de Derecho Urbanístico, en la Ciudad y Territorio, en la Urban, etc., así como ponencias en diferentes medios, así como libros específicos, destacando “Del Desarrollismo al Urbanismo de la Democracia" (1994),  "Estudio sobre el Urbanismo y la Protección de los Recursos Naturales" (1996), “Ordenación y Gestión del Territorio Turístico –el capítulo Ordenación y Gestión del Territorio Turístico-“ (2002), “Análisis de Viabilidad Económica de las Actuaciones Urbanísticas” (2003) y “La Producción de la Ciudad” (2005).

Diego Vera Jurado es Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga. Sus principales líneas de investigación están centradas en el urbanismo, ordenación del territorio y medio ambiente, donde posee un número importante de publicaciones. Actualmente es asesor externo de diferentes entidades públicas y privadas nacionales y extranjeras y miembro del Instituto García Oviedo y del Observatorio Nacional de Políticas Ambientales.

Del 3 de septiembre al 31 de octubre. Convocatoria de becas y premios de la FCM

La Fundación César Manrique, de acuerdo con sus objetivos fundacionales, promueve trabajos de investigación y difusión sobre la obra y trayectoria creativa de César Manrique y sobre arte y conservación del medio ambiente y el patrimonio natural, con especial atención al ámbito de Lanzarote y de las islas Canarias.

En el espíritu de estos objetivos, y como instrumento complementario de sus actividades periódicas, la FCM convoca el programa de los Premios y Becas correspondientes al año 2007.

La convocatoria general de las presentes Becas y Premios se abre el día 3 de septiembre de 2007 y se cierra el día 31 de octubre de 2007.

Alegaciones de la FCM al Plan General de Arrecife

La Fundación César Manrique presentó un documento de alegaciones a la Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación de Arrecife, en el que solicita la anulación del acto de aprobación inicial del Plan.

Puede descargarse tanto la nota de prensa como el documento completo de alegaciones.

Ya disponible el catálogo de la exposición César Manrique. Nueva York

El catálogo de la exposición César Manrique. Nueva York ya puede descargarse en formato PDF desde nuestro apartado Publicaciones.

La muestra, dedicada a la etapa neoyorquina de César Manrique, tuvo lugar en la sala de exposiciones de la FCM del 19 de noviembre de 1996 al 19 de enero de 1997,

El Servicio de Publicaciones, en colaboración con otros Departamentos, editó este catálogo, diseñado por Alberto Corazón, que responde al carácter documental de la exposición. Incluye un apartado dedicado a César Manrique, con una semblanza del artista, un análisis de su obra plástica y de sus propuestas de intervención en el medio y una cronología completa. Dos apartados más se dedican a Nueva York. Años sesenta y Lanzarote. Años 60, confrontándose así las mismas realidades de las que se ocupaba la muestra.

Editado en español, consta de 208 páginas.