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La Fundación César Manrique presentó en mayo de 2006 un Documento de alegaciones al convenio firmado entre el Ayuntamiento de Teguise y la entidad mercantil Algol Desarrollo Inmobiliario S.L.

En el mismo se solicitó la suspensión del acuerdo municipal que aprobó dicho convenio, así como su retirada, por considerarlo lesivo para el interés del municipio de Teguise, y en general para el conjunto de la Isla, además de abusivo en sus cláusulas, y por romper la lógica de las políticas de control del crecimiento que la Isla lleva procurando impulsar en los últimos 15 años.

Del mismo modo, la FCM expresó diversas consideraciones sobre las contradicciones que este improcedente convenio genera con respecto al Plan Insular de Ordenación del Territorio cuanto al planeamiento municipal.

El primero, por cuanto los cambios de uso, edificabilidad, reclasificación (de casi un millón y medio de metros cuadrados de suelo rústico a urbano en el campo de golf) y previsión de grandes equipamientos comerciales y de ocio complementario deberían contemplarse desde la perspectiva global de la isla a través del planeamiento insular.

El segundo, en tanto que el planeamiento general municipal es el instrumento adecuado para organizar y desarrollar grandes áreas urbanas residenciales como la que contempla el convenio. Derivar la planificación de grandes bolsas de suelo (más de siete millones de metros cuadrados, en este caso) a un acuerdo entre un promotor y el Ayuntamiento, vía convenio, resulta, a juicio de la FCM, no sólo desproporcionado, sino inaceptable desde el punto de vista urbanístico.

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En marzo de 2006, la FCM presentó un documento de Sugerencias al Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Teguise.

La movilidad, la recalificación del suelos rústicos y el patrimonio histórico y artístico del municipio fueron algunos de los aspectos incluidos en el documento de Sugerencias.

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La FCM encargó en 2005 un nuevo informe que actualizara las propuestas presentadas en el informe Territorio, turismo y sostenibilidad, elaborado en 2004.

Este nuevo informe, redactado por Fernando Prats y Enrique Jiménez Larrea, recoge los cambios acaecidos en materia territorial  en el último año y rediseña en base a los mismos el rumbo a seguir para avanzar en el camino de la contención del crecimiento en la isla.

En líneas generales, esta 2ª hoja de ruta de la FCM avanza tres líneas de actuación a seguir: la redacción del Plan Territorial Especial;  establecer un acuerdo con el Gobierno de Canarias para posibilitar una adaptación parcial a la Ley 19/2003 de Directrices Generales y del Turismo de Canarias; e iniciar la elaboración de la doble adaptación del PIOL a la Ley 19/2003 y a la Ley de Ordenación del Territorio y de los Espacios Naturales.

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El 23 de noviembre de 2004, la FCM presentó una serie de sugerencias al Avance del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Haría.

Las sugerencias de la FCM señalaban que la propuesta incluida en el Plan General de circunvalar el pueblo no parece la más adecuada en un entorno tan frágil, con los volúmenes de tráfico que soporta el centro urbano y la actividad agrícola que aún queda en el área.

A juicio de la FCM, la aplicación de medidas para el apaciguamiento del tráfico a través de aparcamientos en el extrarradio del centro urbano y el rediseño de la estructura viaria podrían resolver el problema del tráfico.

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Preocupada por el vacío y la pérdida de expectativas de la isla en materia territorial, la FCM encargó en 2004 a Fernando Prats la elaboración de un documento técnico con el fin de analizar y hacer un seguimiento de la situación territorial y urbanística de Lanzarote.

El encargo respondía también al reto de desbloquear la situación de parálisis en que se encontraban las medidas de control del crecimiento en la isla, ofreciendo propuestas de actuación a los ciudadanos y a las Administraciones.

Fernando Prats propuso en su informe una serie de medidas de actuación inmediata y a medio y largo plazo, ofreciendo una perspectiva de trabajo concreta en un doble proceso de actuación instrumentalizado a través del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote (PIOL).

A corto plazo, Prats hizo hincapié en que se asimilaran las importantes medidas de aplicación inmediata contempladas en las Directrices Regionales. Asimismo, se debería elaborar rápidamente el Plan Territorial Especial demandado por dichas Directrices y completarlo inmediatamente después con los procesos de Modificación y Revisión/Adaptación del PIOL pendientes de aprobación.

Una vez resueltos los problemas más urgentes de la isla, Prats señala que deben aprovecharse a fondo la Adaptación plena del PIOL a las Directrices Regionales para conseguir dar un auténtico salto cualitativo en la resolución de los problemas estructurales de la isla.

Todo este procedimiento de trabajo, deberá realizarse, a juicio de Fernando Prats, a través de procesos reglados y transparentes con la garantía de sucesivas fases de información y participación públicas, sin limitación para las iniciativas de negociación y concertación que se quieran desarrollar legítimamente por parte de las instituciones.

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El 16 de diciembre de 2003, la FCM presentó alegaciones, durante el período de información pública, al Plan Director Insular de Residuos (PDIR), aprobado por el Excelentísimo Cabildo Insular de Lanzarote, el 1 de octubre del 2003.

La FCM, teniendo presente que la declaración de Lanzarote como Reserva de la Biosfera por parte de la UNESCO en 1993 establecía las condiciones ideales para la creación de un pacto de gestión activa del territorio por parte de todos los agentes sociales con el fin de alcanzar un futuro más sostenible, entiende que la problemática de los residuos ocupa un lugar especial dentro de los planes de sostenibilidad para la isla. Por esta razón, adquiere una gran relevancia en este contexto de desafío medioambiental la elaboración de un plan de gestión de residuos capaz de enfrentarse a la realidad del frenético crecimiento turístico insular.

Sin embargo, la FCM considera que el PDIR de Lanzarote “no atiende a las oportunidades ni a la responsabilidad que cabía esperar de una normativa cuyo objetivo primordial debería ser el de servir de soporte a un cambio de rumbo en la gestión de residuos, a través de un plan global mucho más ambicioso e innovador que el presentado”.

La FCM considera que este Plan tiene graves deficiencias en sus datos de partida, en los objetivos a alcanzar y en la ambición general del proyecto. Por tanto, la FCM solicitó que se admitieran y se incorporaran sus alegaciones y, “en atención a su contenido, rectifique y mejore la propuesta del Plan Director insular de Residuos”.

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En febrero de 2003, la FCM presentó las alegaciones al Avance del Plan Especial del Paisaje Protegido de la Geria, durante el período de información pública.

Las alegaciones de la FCM expresaban con detalle la singularidad de la zona. También afirmaba que en La Geria se congregan valores económicos, culturales y medioambientales que mantienen la memoria histórica de la Isla. Asimismo, La Geria constituye un paisaje precario y frágil basado en una actividad agrícola necesitada de mano de obra especializada y al que amenaza poderosamente el sector insular de servicios —que constituye, directa o indirectamente, el 90% de la actividad económica en Lanzarote— poniendo en riesgo la actividad económica-agrícola y al sector profesional que sustenta esta zona. Por tanto, a juicio de la FCM, cualquier plan que programe la conservación de La Geria debe tener muy en cuenta este hecho.

Atendiendo a los propios objetivos fundamentales que reconoce el Avance del Plan Especial referido, la FCM considera necesario idear un programa de sostenibilidad paisajística que origine recursos económicos para formación de personal cualificado que siga con la actividad de la viña como cultura singular, con el fin de mantener lo que constituye La Geria. El Plan Especial de La Geria debería concebir el viario como una senda escénica en la que no prevaleciese la función de absorber tráfico pesado, sino la de favorecer un tráfico amortiguado y de baja intensidad, asociado a un tratamiento blando que permita compatibilizar usos no motorizados por medio de senderos señalizados.

Dadas las condiciones arriba reseñadas, la FCM solicitó: primero, que de ninguna manera se proyecte la construcción de una carretera como la pretendida, la cual acabaría con el Paisaje Protegido de La Geria. Segundo, que se informe y se consulte, previamente a la redacción del Plan Especial, al Patronato de espacios naturales protegidos de la isla para que éste se pronuncie e informe sobre qué tipo de actuaciones podrían programarse para La Geria en el marco de un Plan Especial de protección. Y en consecuencia, se retire el actual Avance del Plan Especial de La Geria y se formule una actuación sensible y ajustada al actual ámbito de debate sobre la sostenibilidad insular, sobre el control del crecimiento turístico y sobre el desarrollo equilibrado de las infraestructuras en que se halla inmersa la isla de Lanzarote.

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La FCM encargó en 2001 a Vicente Torres la elaboración de un informe sobre la duplicación de la circunvalación de Arrecife.  Este documento fue remitido ese mismo año a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias para su consideración.

Las sugerencias enviadas hacían referencia a los siguientes aspectos:

1. La obligación dehacer una reflexión sobre los posibles efectos no buscados de la mejora del viario. Las posibles consecuencias de este proyecto de desdoblamiento son desagraciadamente bastante previsibles: acentuar la división de la ciudad y el aislamiento de los barrios situados al Norte de la circunvalación (como ya ocurrió en Tías), la continuación del ritmo acelerado de incremento de la movilidad motorizada, el aumento de la accidentalidad, el aumento del gasto público (en construcción y mantenimiento) y, paradójicamente, la necesidad a corto plazo de nuevas ampliaciones de la capacidad del viario.

2. Priorizar las intervenciones. Una de las conclusiones de ese estudio en profundidad que se reclama podría ser el aplazamiento del desdoblamiento de la carretera, centrando las actuaciones inmediatas en sustituir los complicados cruces actuales por rotondas a nivel y en mejorar la permeabilidad de toda la carretera en los tramos en los cuales, ya actualmente, se está produciendo un efecto barrera. Otras actuaciones urgentes estarían destinadas a calmar el tráfico de entrada a Arrecife, tanto por la carretera del aeropuerto como la de San Bartolomé, y a crear fachada urbana a ambos lados de la actual circunvalación.

3. Superar la descoordinación. En el mismo sentido, en la elaboración del proyecto es necesario hacer referencia a la necesidad de coordinar las actuaciones de las distintas Administraciones y planificaciones previas, en particular, y de forma ineludible, del Ayuntamiento de Arrecife y el Plan General de Ordenación Urbana de la capital por cuanto la actuación sobre esta vía, desdoblándola y acentuando su carácter de vía interurbana, condicionará fuertemente el futuro urbanístico de la ciudad. Se trata, sin duda, de una actuación estratégica que requiere un debate profundo y sereno, algo sobre lo que la FCM llama la atención en un momento en que aún se está a tiempo de reorientar las decisiones. Poco sentido tiene dar luz verde a una obra que supondrá un condicionamiento clave para el futuro desarrollo urbanístico de la ciudad, en un momento en que el Plan General no está consensuado y existen grandes diferencias en torno a la actual propuesta del Ayuntamiento.

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Este estudio fue encargado por la FCM a la Cátedra de Geografía de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

El equipo redactor estaba formado por Purificación Ruiz, profesora de Geografía Física de la ULPGC; Luis Hernández Calvento, profesor del departamento de Arte, Ciudad y Territorio; Feliciano Tavío, geógrafo en calidad de investigador científico y Emma Pérez-Chacón, catedrática de Geografía Física que asesoró a los redactores.

El Diagnóstico Ambiental pone de relieve los distintos valores naturales, paisajísticos y patrimoniales de la Vega de Guatiza-Mala, así como sus potencialidades de uso y riesgos presentes y futuros. Para la FCM, la principal amenaza era la ejecución de un eje de infraestructuras viaria que atraviesa la isla desde el norte al sur, y en especial el tramo (hoy ya ejecutado) entre Tahíche y Guatiza, que discurre por el margen occidental de la Vega.

Los resultados obtenidos en el estudio evidencian la necesidad de protección para la zona, proponiendo la figura de Paisaje Protegido para el conjunto del área de estudio, y la de Sitio de Interés Científico para el sector nordeste.

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El 30 de abril, la FCM, durante el período de información pública, presentó alegaciones al Proyecto refundido de acondicionamiento y mejora de la Playa de Las Coloradas (T.M. Yaiza-Lanzarote), ante la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente.

Las alegaciones de la FCM expresaban, en primer lugar, que la información pública había sido parcial e incompleta y sería necesario abrir un nuevo período de información para subsanar esta deficiencia; seguidamente, se ponía de manifiesto que es necesario una reorientación del modelo económico de las islas, en clave de sostenibilidad, haciendo incidencia en el desarrollo de infraestructuras en función de una concepción sistémica y solidaria de naturaleza global e insular. Por otro lado, se mostraba la situación ecológica y ambiental del espacio y el impacto de las obras en cuestión: lo cierto es que la transformación propuesta para la playa dista mucho de constituir una operación de carácter regenerado, sino, por el contrario, básicamente artificializadora, ocasionando la alteración tanto de la playa como de su entorno y del medio marino.

Por tanto, la FCM solicitó que se desaprobara el proyecto remitido por la empresa Las Coloradas, S.A., y preservar la playa de Las Coloradas en su estado natural, favoreciendo, en todo caso, una estricta campaña de limpieza y/o un plan científico de restauración ambiental que no altere los valores naturales y patrimoniales ni de la playa ni de su entorno marino y terrestre.