El acto de presentación de la Plataforma contra la Ley del Suelo, en la sede de la Fundación César Manrique en Taro de Tahíche, el día 16 de junio, comenzó con una fotografía que reunió a representantes de organizaciones de la isla que apoyan la Plataforma “Por un territorio sostenible. Canarias no es un solar. No al Anteproyecto de Ley del Suelo”. En la foto se unen representantes de asociaciones vecinales, ecologistas, sindicatos, y diversos partidos políticos. A continuación se inició una mesa redonda con la participación de cuatro ponentes: Antonio Pérez, secretario insular de Comisiones Obreras en Gran Canaria; Faustino García Márquez, arquitecto urbanista y ex director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible; Eugenio Reyes, ecologista de Ben Magec-Ecologistas en acción; y Fernando Gómez Aguilera, director de la Fundación César Manrique (FCM).
Antonio Pérez comenzó su intervención advirtiendo que “el territorio y la relación del hombre con él es mucho más que el suelo y su valor económico” y por eso hace falta “un análisis multidisciplinar”. “Reducir el territorio -aseguró- a un valor económico es mercantilizar nuestra vida”. Pérez señaló que la Ley es una cuestión “de todos” pero que su borrador parte del trabajo de un equipo exclusivamente jurídico, mientras el Gobierno asegura que ha habido participación ciudadana: “Se dio un papel en blanco a un grupo de empresarios de Tenerife y de Las Palmas, y cuando llegó a nosotros, el papel ya estaba escrito; esto no es casual. Sólo hubo 15 días para alegaciones y una prórroga de 15 días más”. Contrapuso como ejemplo al Gobierno vasco, el cual plantea para sus nuevas Directrices del Territorio un periodo de tres años. Pérez afirmó que el hecho de que el debate sobre este anteproyecto por parte de la Plataforma se haga en periodo electoral “es algo consciente porque es en este periodo cuando los partidos deben explicar lo que quieren hacer con el territorio de Canarias”. Sobre la promesa de creación de empleo que traerá la nueva ley, dijo que es una coartada porque no hay ninguna ley que cree empleo, y la comparó con la reforma laboral, que prometía trabajo y ha traído “peor empleo y menos horas generales de empleo”: “Después de la desposesión de los derechos sociales, ahora nos desposeen del territorio”.
Fernando Gómez Aguilera, director de la FCM, señaló que las consecuencias de este anteproyecto son igual de graves que la realización de prospecciones petrolíferas en las costas de Canarias pero más difíciles de visibilizar. Añadió que este no era “un debate técnico, sino político”, pues el anteproyecto se sustenta “en una acto de voluntad política marcadamente ideológica, fruto del acuerdo alcanzado entre Coalición Canaria y Partido Socialista, socios de gobierno”. Subrayó el carácter neoliberal, desarrollista y desregulador de la ley, que “levanta controles de legalidad, se deshace de los límites al crecimiento y se sitúa de espaldas a la crisis ecológica, climática y energética”, con la consiguiente degradación del territorio. A su juicio, el anteproyecto se alinea con las viejas lógicas del modelo económico vigente e inviable, basadas en un crecimiento indiscriminado e ilimitado en un planeta limitado. Gómez Aguilera destacó que con esta ley se va reactivar la burbuja inmobiliaria porque sólo su concepción responde a la coyuntura de un nuevo ciclo económico de crecimiento en las Islas: “Se apuesta por un nuevo ciclo expansivo de la construcción y la especulación. Es una irresponsabilidad”, aseguró y denunció que la respuesta a la crisis era “la recomposición de la economía a favor de minorías organizadas en torno al poder y las élites económicas”. Resumió que la ley se estructura en torno a tres ejes definidos. El primero es la ruptura con la cultura institucional y social del territorio en las Islas: “Esta ley es la crónica de una muerte anunciada. Ya estábamos asistiendo a un desmantelamiento progresivo del modelo, para poner el territorio al servicio de unos pocos”. “El territorio se concibe como soporte físico de las actividades económicas, una mera mercancía”, aseguró. En segundo lugar, se redistribuyen las competencias en materia de territorio. El Gobierno lo deja todo en manos de los ayuntamientos, poniendo por delante el interés local sobre el regional. “Es la cuestión de más hondo calado”. Con ello, señaló, se rompe la cohesión territorial y social de las Islas y se renuncia a la prevalencia de los intereses públicos regionales, algo impropio en un gobierno de signo nacionalista. Además, se preguntó si las corporaciones locales estaban dotadas desde un punto de vista técnico, jurídico, organizativo y de recursos humanos para asumir la planificación. Apuntó además que la ley elude el problema de la corrupción municipal. “Se desplegará un nuevo sistema de presiones que puede desbordar a los ayuntamientos -aseguró- y creará un efecto rebote en términos de inseguridad jurídica porque, debido a la discrecionalidad y arbitrariedad de la ley no pocos técnicos acabarán inhibiéndose”. El tercer eje que señaló fue el déficit de participación ciudadana que, en su opinión, invalida el proceso: “El Gobierno ha venido con el anteproyecto debajo del brazo. Se ha formulado un diagnóstico unilateral.”
El ex director de la Agencia canaria de desarrollo sostenible, Faustino García Márquez, comenzó su intervención diciendo que este anteproyecto “es una agresión a la identidad de un pueblo y a su paisaje”. Recordó que desde 1985 hasta las Directrices de 2003, las leyes del territorio se aprobaron en el Parlamento por unanimidad, y que después se ha intentado aprobar nuevas leyes y no aplicar el marco existente para crear una maraña prefabricada y resolver los problemas de una minoría. “Es necesaria una nueva ley pero no hay motivo para variar el rumbo”, dijo, y expuso que se busca la excusa de la maraña legislativa para hacer la ley. El anteproyecto, según García Márquez, elimina controles, desprecia las competencias autonómicas y deriva el control de la legalidad urbanística a los tribunales. El efecto es que se derogan las Directrices y los planes insulares pierden competencias porque se elimina la zonificación turística y desaparece la posibilidad de reclasificar el suelo de urbanizable a rústico. Además, contempla siete instrumentos excepcionales para urbanizar que son arbitrarios y que pueden ser de iniciativa pública o privada y sin evaluación ambiental. “Con estos instrumentos se puede hacer lo que se quiera, no se necesita ni el Plan General ni un Plan Insular”. En resumen: actuaciones “inestables, aisladas, no planificadas y especulativas”. “La ley -señaló- supondrá la desintegración nacional de Canarias”. A García Márquez le sorprende que un gobierno nacionalista renuncie a gobernar su propio territorio y vaticina una dura competencia entre los 88 ayuntamientos de Canarias gestionando ese territorio, que va a favorecer la desigualdad. El peor problema, sin embargo, será en el suelo rústico, porque se autorizan usos deportivos, docentes, de ocio o para cualquier actividad complementaria. “Aquí se les ha ido el baifo”, señaló, porque también va a conllevar el incremento del precio del suelo rústico, que ya es seis veces mayor en Canarias que la media española. Por último, advirtió de grandes indemnizaciones porque los derechos sobre el suelo turístico no se extinguen. “Esto no se arregla con cosmética ni con el trámite parlamentario sino retirando el anteproyecto”.
El último en intervenir fue Eugenio Reyes, de Ben Magec, que destacó que el proyecto supone renunciar “a nuestro suelo agrícola”. Subrayó que ni PSOE ni CC llevaban en su programa electoral la eliminación de la COTMAC, mientras que el PP sí, y que, por tanto, el Gobierno está ejecutando el programa del partido que está en la oposición. “Es un golpe de estado encubierto”. Dijo que uno de los padres del borrador es el ex consejero del Gobierno y actual presidente de la CEOE de Tenerife, José Carlos Francisco, que sostiene que “para crecer hay que destruir” y que pretende aplicar el modelo americano, “de pistoleros del Oeste”, a Canarias. Afirmó que su modelo es que la vocación de Canarias sea convertirse en un gran casino para África permitiendo la penetración de fondos buitres en el Archipiélago. Terminó con un mensaje optimista, porque “hay mimbres en la sociedad civil para reorientar esta ley con participación ciudadana” y pidió amplitud de miras a los políticos”.
El acto de presentación de la Plataforma contra la Ley del Suelo, en la sede de la Fundación César Manrique en Taro de Tahíche, el día 16 de junio, comenzó con una fotografía que reunió a representantes de organizaciones de la isla que apoyan la Plataforma “Por un territorio sostenible. Canarias no es un solar. No al Anteproyecto de Ley del Suelo”. En la foto se unen representantes de asociaciones vecinales, ecologistas, sindicatos, y diversos partidos políticos. A continuación se inició una mesa redonda con la participación de cuatro ponentes: Antonio Pérez, secretario insular de Comisiones Obreras en Gran Canaria; Faustino García Márquez, arquitecto urbanista y ex director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible; Eugenio Reyes, ecologista de Ben Magec-Ecologistas en acción; y Fernando Gómez Aguilera, director de la Fundación César Manrique (FCM).
Antonio Pérez comenzó su intervención advirtiendo que “el territorio y la relación del hombre con él es mucho más que el suelo y su valor económico” y por eso hace falta “un análisis multidisciplinar”. “Reducir el territorio -aseguró- a un valor económico es mercantilizar nuestra vida”. Pérez señaló que la Ley es una cuestión “de todos” pero que su borrador parte del trabajo de un equipo exclusivamente jurídico, mientras el Gobierno asegura que ha habido participación ciudadana: “Se dio un papel en blanco a un grupo de empresarios de Tenerife y de Las Palmas, y cuando llegó a nosotros, el papel ya estaba escrito; esto no es casual. Sólo hubo 15 días para alegaciones y una prórroga de 15 días más”. Contrapuso como ejemplo al Gobierno vasco, el cual plantea para sus nuevas Directrices del Territorio un periodo de tres años. Pérez afirmó que el hecho de que el debate sobre este anteproyecto por parte de la Plataforma se haga en periodo electoral “es algo consciente porque es en este periodo cuando los partidos deben explicar lo que quieren hacer con el territorio de Canarias”. Sobre la promesa de creación de empleo que traerá la nueva ley, dijo que es una coartada porque no hay ninguna ley que cree empleo, y la comparó con la reforma laboral, que prometía trabajo y ha traído “peor empleo y menos horas generales de empleo”: “Después de la desposesión de los derechos sociales, ahora nos desposeen del territorio”.
Fernando Gómez Aguilera, director de la FCM, señaló que las consecuencias de este anteproyecto son igual de graves que la realización de prospecciones petrolíferas en las costas de Canarias pero más difíciles de visibilizar. Añadió que este no era “un debate técnico, sino político”, pues el anteproyecto se sustenta “en una acto de voluntad política marcadamente ideológica, fruto del acuerdo alcanzado entre Coalición Canaria y Partido Socialista, socios de gobierno”. Subrayó el carácter neoliberal, desarrollista y desregulador de la ley, que “levanta controles de legalidad, se deshace de los límites al crecimiento y se sitúa de espaldas a la crisis ecológica, climática y energética”, con la consiguiente degradación del territorio. A su juicio, el anteproyecto se alinea con las viejas lógicas del modelo económico vigente e inviable, basadas en un crecimiento indiscriminado e ilimitado en un planeta limitado. Gómez Aguilera destacó que con esta ley se va reactivar la burbuja inmobiliaria porque sólo su concepción responde a la coyuntura de un nuevo ciclo económico de crecimiento en las Islas: “Se apuesta por un nuevo ciclo expansivo de la construcción y la especulación. Es una irresponsabilidad”, aseguró y denunció que la respuesta a la crisis era “la recomposición de la economía a favor de minorías organizadas en torno al poder y las élites económicas”. Resumió que la ley se estructura en torno a tres ejes definidos. El primero es la ruptura con la cultura institucional y social del territorio en las Islas: “Esta ley es la crónica de una muerte anunciada. Ya estábamos asistiendo a un desmantelamiento progresivo del modelo, para poner el territorio al servicio de unos pocos”. “El territorio se concibe como soporte físico de las actividades económicas, una mera mercancía”, aseguró. En segundo lugar, se redistribuyen las competencias en materia de territorio. El Gobierno lo deja todo en manos de los ayuntamientos, poniendo por delante el interés local sobre el regional. “Es la cuestión de más hondo calado”. Con ello, señaló, se rompe la cohesión territorial y social de las Islas y se renuncia a la prevalencia de los intereses públicos regionales, algo impropio en un gobierno de signo nacionalista. Además, se preguntó si las corporaciones locales estaban dotadas desde un punto de vista técnico, jurídico, organizativo y de recursos humanos para asumir la planificación. Apuntó además que la ley elude el problema de la corrupción municipal. “Se desplegará un nuevo sistema de presiones que puede desbordar a los ayuntamientos -aseguró- y creará un efecto rebote en términos de inseguridad jurídica porque, debido a la discrecionalidad y arbitrariedad de la ley no pocos técnicos acabarán inhibiéndose”. El tercer eje que señaló fue el déficit de participación ciudadana que, en su opinión, invalida el proceso: “El Gobierno ha venido con el anteproyecto debajo del brazo. Se ha formulado un diagnóstico unilateral.”
El ex director de la Agencia canaria de desarrollo sostenible, Faustino García Márquez, comenzó su intervención diciendo que este anteproyecto “es una agresión a la identidad de un pueblo y a su paisaje”. Recordó que desde 1985 hasta las Directrices de 2003, las leyes del territorio se aprobaron en el Parlamento por unanimidad, y que después se ha intentado aprobar nuevas leyes y no aplicar el marco existente para crear una maraña prefabricada y resolver los problemas de una minoría. “Es necesaria una nueva ley pero no hay motivo para variar el rumbo”, dijo, y expuso que se busca la excusa de la maraña legislativa para hacer la ley. El anteproyecto, según García Márquez, elimina controles, desprecia las competencias autonómicas y deriva el control de la legalidad urbanística a los tribunales. El efecto es que se derogan las Directrices y los planes insulares pierden competencias porque se elimina la zonificación turística y desaparece la posibilidad de reclasificar el suelo de urbanizable a rústico. Además, contempla siete instrumentos excepcionales para urbanizar que son arbitrarios y que pueden ser de iniciativa pública o privada y sin evaluación ambiental. “Con estos instrumentos se puede hacer lo que se quiera, no se necesita ni el Plan General ni un Plan Insular”. En resumen: actuaciones “inestables, aisladas, no planificadas y especulativas”. “La ley -señaló- supondrá la desintegración nacional de Canarias”. A García Márquez le sorprende que un gobierno nacionalista renuncie a gobernar su propio territorio y vaticina una dura competencia entre los 88 ayuntamientos de Canarias gestionando ese territorio, que va a favorecer la desigualdad. El peor problema, sin embargo, será en el suelo rústico, porque se autorizan usos deportivos, docentes, de ocio o para cualquier actividad complementaria. “Aquí se les ha ido el baifo”, señaló, porque también va a conllevar el incremento del precio del suelo rústico, que ya es seis veces mayor en Canarias que la media española. Por último, advirtió de grandes indemnizaciones porque los derechos sobre el suelo turístico no se extinguen. “Esto no se arregla con cosmética ni con el trámite parlamentario sino retirando el anteproyecto”.
El último en intervenir fue Eugenio Reyes, de Ben Magec, que destacó que el proyecto supone renunciar “a nuestro suelo agrícola”. Subrayó que ni PSOE ni CC llevaban en su programa electoral la eliminación de la COTMAC, mientras que el PP sí, y que, por tanto, el Gobierno está ejecutando el programa del partido que está en la oposición. “Es un golpe de estado encubierto”. Dijo que uno de los padres del borrador es el ex consejero del Gobierno y actual presidente de la CEOE de Tenerife, José Carlos Francisco, que sostiene que “para crecer hay que destruir” y que pretende aplicar el modelo americano, “de pistoleros del Oeste”, a Canarias. Afirmó que su modelo es que la vocación de Canarias sea convertirse en un gran casino para África permitiendo la penetración de fondos buitres en el Archipiélago. Terminó con un mensaje optimista, porque “hay mimbres en la sociedad civil para reorientar esta ley con participación ciudadana” y pidió amplitud de miras a los políticos”.