El jueves 12 de abril, tuvo lugar la presentación del libro Calidad de la democracia y protección ambiental en Canarias, editado por la FCM dentro de la colección Torcusa. El acto consistió en una mesa redonda en la que participaron Gabriel Bello y dos de los autores del libro, Federico Aguilera Klink y Juan Sánchez García.
Durante su intervención, Gabriel Bello señaló que, si bien el objeto del libro es la calidad de la democracia y su repercusión sobre el territorio de las Islas, subyace bajo el mismo el problema de la distribución equitativa de los presupuestos públicos. Un problema que, según Bello, explica que un grupo de economistas y geógrafos se ocupen de la calidad de la democracia, un tema habitualmente exclusivo de filósofos de la moral y teóricos de la política.
Bello hizo mención a la utilización por parte de los gobernantes de decisiones democráticas autoritarias para justificar infraestructuras de necesidad dudosa y alta rentabilidad privada, recalificaciones del suelo que permiten ganancias tan desmesuradas como inmorales, u ordenamientos urbanísticos concebidos siempre en función del beneficio privado.
En la parte final de su intervención, Gabriel Bello se remitió al papel jugado por determinados medios de comunicación, comprometidos con ese modelo de decisiones autoritarias, que construyen una opinión pública a su medida en la que el conflicto o no aparece como tal o lo hace en tono menor.
Frente a ello, subrayó la defensa que los autores hacen de la democracia deliberativa, que pretende mejorar la calidad de la democracia a través de procedimientos participativos y del debate y la argumentación.
Federico Aguilera Klink incidió en la importancia del debate público en la toma de decisiones, concluyendo que no puede haber democracia de calidad si no hay debate público sobre las necesidades reales de los ciudadanos.
Como indicador de la mala calidad de la democracia, Aguilera Klink recordó que la última reforma de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) se produjo sin que se hiciera pública información alguna sobre el destino de los fondos ejecutados hasta la fecha.
En este sentido, Federico Aguilera relacionó la RIC con la ineficacia del uso de millones de euros en los últimos años.
Juan Sánchez García, por su parte, abordó la cuestión de la corrupción como un elemento que hasta la fecha había sido ignorada en los estudios económicos, y apostó por situarla como variable explicativa dentro del conjunto de los indicadores socioeconómicos.
Para Sánchez García, es preciso señalar la corrupción como institución, como adecuación de las reglas del derecho a las reglas de hecho.