Curso «Economía, poder y megaproyectos»

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“Los megaproyectos me parecen muy bien”, señalaba el director de la Fundación César Manrique, Fernando Gómez Aguilera en la presentación del curso ‘Economía, poder y megaproyectos’, celebrado en la FCM del 17 al 19 de octubre de 2007, que para él es al fin y al cabo un curso sobre la democracia. Se refería a megaproyectos como los Derechos Humanos, la inversión de la tendencia de la pobreza o la situación de la mujer en el mundo.

En la primera jornada del curso, en la que intervinieron José Manuel Naredo, uno de los directores, y Félix Arias, se pusieron muchos ejemplos de megaproyectos aunque no precisamente de este tipo.

Los dos ponentes desmontaron ese axioma que dice que los megaproyectos son buenos para todos los ciudadanos porque crean riqueza y puestos de trabajo que repercuten en el progreso de la sociedad donde se construyen. Naredo, por ejemplo, entre las consecuencias que traen estos megaproyectos señaló que “desplazan el poder hacia el mundo económico y empresarial”, crean un nuevo feudalismo o caciquismo “disfrazado de democracia” o logran lo contrario de lo que anuncian:que los beneficios empresariales no sólo no producen mejoras en la calidad de vida de las personas sino que son los contribuyentes quienes hacen posible, con dinero público, que se generen esos beneficios para unos pocos. De hecho, el pretexto para hacer los proyectos es el beneficio que generan, cuando todos están financiados, directamente o indirectamete, con dinero público.

En los megaproyectos, también llamados muchas veces “operaciones”, en lenguaje militar, “se inflan los beneficios y se ocultan los costes y sus daños ecológicos y sociales”.

Félix Arias, urbanista y concejal del PSOE en Madrid hasta el pasado mes de mayo, señalaba que “esa vieja idea de que son buenos para todos porque el crecimiento es bueno, está archidemostrado que no es cierta: generan desigualdad en los ciudadanos”. Arias aseguró que esos proyectos se justifican con razones globales y no hace falta “entrar en los procesos reales”. “El que pide que se cumplan las normas es el enemigo del pueblo”, señaló Arias, que dejó claro que “el modelo de ciudad que se construye a base de hacer las obras que necesita el sector inmobiliario no es es modelo sostenible”.

Ambos ponentes expusieron varios megaproyectos “ejemplares” en España que demuestran las conclusiones anteriores.

Centrales nucleares. No se trataba de generar electricidad sino de hacer el negocio construyendo la central. Se maneja a las empresas eléctricas para inflar los presupuestos de construcción y se multiplica el coste por siete, al igual que se hace con las autopistas, que tienen el precio por kilómetro más caro de Europa. Con las centrales no se hacía propaganda explícita de la energía nuclear pero se pagaba a periodistas para que hablaran bien de ellas (incluso apareció en esa lista Félix Rodríguez de la Fuente). Lo único que lo puede frenar, según Naredo, es: “información potente de lo que se traen entre manos y movilización popular”.

Trasvase del Ebro. Un trasvase se justifica por cantidad, calidad y cota. No se daba ninguna de las tres. De los diez últimos años estudiados, el Ebro no daba la cantidad suficiente de agua para trasvasar en seis de ellos, según los datos que manejaba la propia Administración. La calidad del agua tampoco era buena y además había que gastarse una gran cantidad de dinero en bombear agua desde el nivel del mar hasta casi 600 metros. Conclusión: costaba el doble que la desalación para lograr una calidad de agua similar. La clave: “forrarse en la construcción”.

Parque Warner. En Madrid. Entre la Comunidad Autónoma y las Cajas de Ahorro financian casi todo el proyecto. La Warner no pone ni un cinco por ciento de la inversión. Ha sido un fiasco. Iba a crear 3.000 puestos de trabajo y no llega ni al 10%. Además del coste, se invirtieron 84 millones en la autopista y 30 en el ferrocarril, de dinero público, por supuesto. La clave: se revalorizan los terrenos colindantes (el Parque sólo ocupa una cuarta parte de la “operación”).

 AVE a Guadalajara. El trazado del AVE llega a Guadalajara pero no entra. Hace un escorzo. La clave: la Ciudad Valdeluz construida en terrenos de un familiar de una alta responsable política. El que marca la pauta, el que atrae la inversión, es la propiedad del terreno, no la necesidad de los ciudadanos.

M-30. Gallardón se juega su prestigio porque es su gran promesa electoral. No tiene plan de movilidad ni estudio de impacto ambiental. El colapso de coches, después de las obras, es el mismo, pero invirtiendo 5.000 millones de euros, cuando se había anunciado un coste de 1.700. Eso sí, se hacen con “las tuneladoras más grandes del mundo” que, casualmente, cuando se adjudican las obras, ya están construidas. “Es la autopista más cara del mundo por kilómetro”, según dijo Arias. La clave: dar mejor acceso a las radiales de Madrid, especialmente a las de pago, y poner en valor así fincas a veinte y treinta kilómetros del centro de la ciudad.

Operación Chamartín. Es la primera operación urbanística en España que se hace por concesión. Un suelo público, de Renfe, se pasa a cederlo a una empresa. Después se multiplica por tres la superficie de la concesión sin hacer un nuevo concurso y se dobla la edificabilidad. En catorce años no se ha logrado ni aprobar el plan parcial de la operación.

Torres del Real Madrid. Se justifica todo porque “el Real Madrid es el mejor embajador de Madrid en el mundo”. En unos terrenos con uso deportivo, se inicia la idea de construir un pabellón olímpico. Se hace un convenio muy favorable para el Real Madrid (los cuatro edificios más grandes de España) y además se ceden para la nueva ciudad deportiva unos terrenos en Valdebebas que son propiedad de terceros. Para esa ciudad se le da una licencia en precario, sin plan aprobado, por la que sólo pueden construir algo desmontable. Construyen con hormigón pero presentan un aval por si hay que derribarlo.
Frente a esto, según José Manuel Naredo, sólo cabe “una refundación democrática del poder con el ejercicio pleno de la ciudadanía bien informada”.

El protagonismo de los mercados financieros afianza el carácter virtual de la riqueza

El mundo al revés. Los países ricos son los más endeudados y los países pobres los más ahorradores. Es más, los países ricos son ricos porque succionan el ahorro del resto del mundo. Tienen necesidad de financiación. Y contra toda lógica, la tasa de ahorro de los países pobres (sobre un 30%) del Producto Interior Bruto es superior a la de los países ricos (un 20%). ¿Y qué ha pasado en los últimos años? “Que los mercados financieros han tomado vida propia”. El profesor de la Universidad de Valladolid, Óscar Carpintero, trazó en la segunda jornada del Curso ‘Economía, poder y megaproyectos’ las claves del poder financiero que han adquirido los grandes grupos empresariales, los nuevos fabricantes de dinero.

Excepto Japón y Alemania, que lo que hacen con sus ahorros es financiar su estrategia de adquirir patrimonio directamente, el resto de los países ricos acude a los mercados financieros para poder expandirse. Es decir, piden dinero para comprar. Lo mismo que cualquier economía doméstica para adquirir una vivienda. Lo que ha pasado en los últimos años es que ya no se va al banco a pedir ese dinero, se acude a los mercados financieros. No obstante, “que los bancos pierdan peso no quiere decir que pierdan poder, porque lo recuperan por otro lado”. Tanto piden los ricos que tienen un déficit crónico. ¿Quién compensa este déficit? Los países pobres, principalmente China y el Sudeste asiático.

En este contexto, España tiene un papel más que destacado. Es el segundo país del mundo con mayor deuda en términos absolutos, sólo por detrás, aunque muy por detrás de Estados Unidos, que como país más rico del mundo es el más endeudado. Desde finales de los años noventa, la escalada de España, que ha pasado de país comprado a comprador, le ha colocado además en el dudoso honor de ser el más endeudado en términos relativos, respecto a su PIB. “Hemos imitado a USA superando al maestro, y sin el dólar”, según Carpintero. Ante esta situación, el ponente se hizo una pregunta: “¿Por qué no hacen lo mismo los países pobres”. Y se dio una respuesta: “porque hay desigual capacidad para emitir pasivos que admita el mercado”. Ya en el Siglo XVIII, Quesnay, economista y cirujano, intuía la respuesta, que de manera muy resumida, es ésta: a los pobres se les cobra al contado y a los ricos a crédito.

Las empresas de los países ricos, por lo tanto, se dedican a fusionar o adquirir empresas en los países pobres. En lugar de invertir para producir en esos países compran las empresas productoras. Y las compran, como se ha dicho, a través del canje de acciones. Realmente lo que están haciendo es emitir dinero: dinero financiero, virtual. Es virtual porque si alguien compra una acción, la empresa no le garantiza que cuando quiera le vaya a devolver el importe de esa acción en dinero. La emisión de este dinero financiero ya es mucho mayor que la emisión del dinero de los Estados. En el año 2000, en España, la emisión privada supuso un 21% del PIB, mientras que la pública fue negativa, se detrajo dinero. “Las empresas que lanzan una oferta de compra realmente se convierten en un banco emisor”, dijo Carpintero, que advirtió que esto genera una redistribución de la propiedad a escala nacional e internacional, afianza el carácter virtual de la riqueza, confunde la riqueza con la deuda y hace que “si la gente quiere materializar la riqueza, esta se esfuma”.

Los núcleos de poder en España son los mismos de siempre”

Albert Recio, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, contó una “historia de éxito del capitalismo español”. La historia de la oligarquía española. “Hace años ya se piensa que lo normal es que existan oligopolios: las empresas buscan seguridad y crecimiento, se basan en la fidelización, en la producción masiva y en el apoyo público”. El poder de las empresas españoles, como ya quedó claro en la anterior intervención, ha aumentado mucho. Ya hay nueve o diez entre las 500 más grandes del mundo, tres de ellas entre las cien primeras, y cuatro de esas diez eran empresas públicas.

Recio señaló que bajo el franquismo se consolidaron tres aspectos de la economía española: el status quo bancario, la intervención clientelar y el apoyo en el sector público. “Cuando llegó la democracia se vendió la moto de que la economía se iba a liberalizar: es falso”, dijo Recio. Lo que ha pasado es lo contrario. Los grandes grupos bancarios se han concentrado y la introducción de bancos extranjeros no es significativa. Además, en los años ochenta, “el Estado da unas ayudas cruciales para la reconversión bancaria”. La oligarquía económica nace y crece bajo el paraguas del Estado. Para Recio, los bancos tienen además un papel muy importante en la burbuja inmobiliaria, que es la que tira de la economía española, “ya que el banco genera la oferta y la demanda”.

En la construcción hay seis grandes empresas: ACS, Ferrovial FCC, Acciona, Sacyr Vallehermoso y OHL, además de Abengoa, más dedicada al montaje. Entre estas empresas hacen la mitad de toda la obra pública en España, tanto de Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y el propio Estado. La mayoría de ellas tiene su origen más remoto en los primeros años del franquismo y surge gracias al apoyo público, de concesiones públicas. “Hay una continuidad”, señaló Recio, que explicó más detalladamente la trayectoria de los creadores de estas empresas. “Estos núcleos de poder son los mismos de siempre” pero se han ido adaptando a las nuevas reglas de juego.

Estas grandes empresas invierten no sólo en la construcción, sino también en el sector inmobiliario, en concesiones, medio ambiente, servicios sociales, montaje, industria, transporte, “y ahora al asalto de la energía”. Y todas esas compras las financian los bancos. Las empresas se han hecho tan fuertes que han pasado de expandirse de América Latina a comprar en el mercado europeo. Y se han hecho tan fuertes “que están cambiando los modelos de gestión de lo público”. “Se saca a concurso la gestión de cárceles y hospitales durante treinta años”, dijo Recio. ¿Las consecuencias? Un modelo de elevados costes sociales, ecológicos o laborales: desigualdades, precariedad, corrupción, desequilibrio, mala calidad del servicio… “Un modelo de capitalismo canalla”, terminó Recio.

El objetivo económico es la acumulación de capital para poder seguir acumulando capital”.

“Sevilla, la construcción de un sueño”. Así se llamó una operación urbanística promovida por la empresa Heineken en la capital andaluza. La operación y cómo se llegó a ella sirve de ejemplo de actuación del “reacomodo de las viejas oligarquías andaluzas y los nuevos poderes transnacionales”, título de la ponencia del catedrático Manuel Delgado, que abrió la última jornada del curso ‘Economía, poder y megaproyectos’. Para llegar a interpretar ese ‘sueño’ hay que explicar previamente cómo llega Heineken a ser promotor de 2.000 viviendas de lujo en el centro de Sevilla gracias a una recalificación de un suelo industrial a residencial con un alto coeficiente de edificabilidad y con un proyecto avalado por Jean Nouvel, Foster e Isozaki. El solar del que hablamos es la antigua fábrica de la cerveza Cruzcampo, un emblema de la economía sevillana.

Antes de ser comprada por Heineken, fue la cerveza Guinness quien adquiere Cruzcampo. Por el camino y gracias a la supuesta inversión, se reestructura la producción y se pierde una cuarta parte del empleo de Cruzcampo, se compran marcas de cerveza locales y sus redes de distribución. Finalmente se presiona al Ayuntamiento para que recalifique la antigua fábrica y en la operación se ganan 300 millones de euros, la mitad de los que costó la compra. “Todo esto se incluye dentro de un plan que tiene como pilar básico la participación ciudadana”, como explica Delgado. Hay más detalles aún pero con estos ya se pueden explicar algunas de las características comunes de ese reacomodo del viejo poder oligárquico en Andalucía:“el capital se libera del peso de la gestión de lo real”, “se alimenta la marca y las acciones se orientan al marketing” y se busca “fabricar barato donde sea”. El resultado es que las viejas empresas locales se van desvinculando de su lugar de nacimiento.

Por una parte, esas viejas oligarquías se reacomodan dentro del capital internacional: unas se dejan comprar directamente, otras mantienen sus acciones dentro del paraguas de la marca internacional y otras sirven como franquicias del capital global. Delgado destaca que hay “una apropiación y desposesión de lo local desde lo global bajo el predominio de la financiarización”, una característica que ya indicó en su conferencia dentro del curso el profesor de la Universidad de Valladolid, Óscar Carpintero.

El ejemplo de Heineken no es el único, claro. El caso de Pernod Ricard es similar. Compra la empresa Larios, de larga tradición malagueña y se lleva la producción a Madrid, mantiene el nombre de la marca pero económicamente se desvincula por completo de Andalucía. “Es una corporación vacía, una empresa virtual que se separa de lo físico”, señala Delgado. Pernaud finalmente absorbe Allied-Domecq, formada a su vez por una fusión de una empresa internacional y una de las empresas de más arraigo andaluzas. Esa desvinculación con lo local le pasa igual a González Byass o a Osborne, mientras que como ejemplo del desmantelamiento de la producción podemos señalar la compra de Marcos Eguizábal de las viejas bodegas del casco histórico de Jerez para convertirlas en centros comerciales.

En el caso de las empresas de construcción, Delgado señaló el protagonismo del PSOE alimentando ciertas operaciones a través de las Cajas de Ahorro, controladas por el partido. “Quienes debían impedir los desmanes urbanísticos son quienes los promueven”. Como conclusión: la extensión de esa lógica de la acumulación depredadora que acaba por destruir el tejido social y los ecosistemas. “El objetivo económico es la acumulación de capital para poder seguir acumulando capital”.

A cada megaproyecto le corresponde su megamentira: el camino hacia la desobediencia civil

Federico Aguilera Klink, codirector del curso, recogió el testigo de la intervención anterior. “Los auténticos damnificados de esto son las pequeñas y medianas empresas”. Aguilera comenzó diciendo que las grandes empresas “no quieren competir”. Citó a Adam Smith, el padre del liberalismo , que ya decía en el Siglo XVIII que “sólo quieren ampliar el mercado y reducir la competencia”. Smith decía que los que dictan las reglas del juego son los que tienen más interés en defraudar o que la regulación del comercio siempre es un engaño. “Prohibido ver lo evidente”, señaló Aguilera Klink parafraseando una viñeta de El Roto. El director del curso advirtió que no se enseña economía incluyendo la influencia que tiene el poder sobre ella. “No se puede estudiar economía excluyendo al poder “ya que es el poder el que explica lo que ocurre”.

Para hablar de la situación actual, Aguilera recurrió al pasado. Comenzó con Smith y siguió con Galbraith, que en 1973 decía que “la corporación moderna controla, fija precios, soborna y es una influencia dominante en el Estado”. Se da, pues, una confusión entre el interés privado y el público. De hecho, el primero acaba por transformarse en el segundo. Como ejemplo: el eje transinsular que se quiere construir para unir las siete islas. A mayor escala, el Plan Hidrológico Nacional, que se llegó a presentar en la sede de la patronal de la construcción en Murcia. “Prohibido ver lo evidente”. ¿Qué capitalismo es este que piensa que los fondos públicos son suyos?, se pregunta en alto Aguilera Klink, y lo hacía tras explicar que el Plan de Infraestructuras y Transportes destina 250.000 millones de euros a obras, como una especie de compensación por derogar el trasvase del Ebro. Más ejemplos de la transformación del interés privado en público: el AVE, que a 350 kilómetros por hora gasta tanta energía como una ciudad de 25.000 habitantes mientras se desmantela la red de ferrocarril y se construye un país cuyo futuro es tener la mayor densidad de kilómetros de autopista por habitante.

Aguilera Klink relaciona megaproyectos con megamentiras:se deroga el trasvase del Ebro pero se mantienen las sobreestimaciones de la demanda de agua, aunque altos cargos del Gobierno reconocen que se había sobreestimado esa demanda. “No hay cálculos fiables ni honestos y menos de los expertos”, dijo Aguilera, que volvió a recalcar las características de los megaproyectos que destacó José Manuel Naredo el primer día del curso:“se sobreestiman los beneficios, se subestiman los costes y se ignoran los impacto ambientales”. Como gran ejemplo de megamentira puso todo el proceso para intentar construir el puerto de Granadilla y cómo se va cambiando de mentira según se va desmontando la anterior. “Ahora están con el gas y con Kyoto para justificarlo”. En este contexto ni siquiera Bruselas, el Parlamento Europeo, es una esperanza. “La presión de los lobbies es terrible, ya no es una esperanza”.

Para hacer frente a este capitalismo “gansteril” que crea precariedad salarial y saqueo de fondos públicos, el director del curso propuso: más independencia judicial, más fiscales de medio ambiente y anticorrupción, más democracia, una sociedad civil más activa y por último: desobediencia civil. “Hay que usarla de manera pacífica, seria e inteligente, pero empezar a usarla ya”.

Más información: Nota de prensa

Curso «Algunas claves de la corrupción urbanística en España»

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-“¿Qué recibiría yo?”

-“Pues resolver tu vida, la de tus hijos y de veinte generaciones tuyas. Esto es un filón, esto es oro, oro y oro”.

Esta conversación entre una concejal de un pueblo de Sevilla y un promotor inmobiliario que necesita su voto para aprobar una operación urbanística sirvió a Fernando Jiménez, profesor titular de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, para arrancar la primera jornada del curso ‘Algunas claves de la corrupción urbanística en España, que dirigió en la Fundación César Manrique del 26 al 28 de septiembre de 2007.

Jiménez fijó brevemente tres tipos de factores generales que pueden dar como resultado la corrupción: una frontera poco definida entre Estado y mercado, tolerancia social hacia esas prácticas y un mal funcionamiento de los mecanismos de control. De manera especial: la dependencia financiera que tienen los Ayuntamientos en el urbanismo para financiarse, un modelo asentado sobre la especulación legal, la alta rentabilidad de la inversión inmobiliaria (el precio medio de la vivienda ha subido un 175% en diez años mientras que los costes de construcción sólo un 35%), una política de vivienda basada en la compra y unos tipos de interés muy reducidos.

El director de la Fundación, Fernando Gómez Aguilera, había recordado previamente que un informe de la ONU de 2006 ya advertía de que en el urbanismo en España “las prácticas no éticas se han convertido en la norma”. Lamentó tener que dedicar un curso a la corrupción urbanística en lugar de hablar de la función pública y creadora que debería tener ese urbanismo y justificó el curso señalando que “el urbanismo no es una actividad desvinculada de la vida de las personas y del funcionamiento sostenible del planeta”.

La especulación legal

Fernando Jiménez tuvo que suplir al ex Director general de urbanismo de Valencia, Gerardo Roger, que tenía previsto hablar sobre el modelo urbanístico español. La conferencia se titulaba ‘La especulación legalizada del suelo’. “Hemos pasado de que cada español quiera ser seleccionador de fútbol a que cada español lleva dentro un concejal de urbanismo”, expresó el profesor Jiménez. El escenario de la corrupción exige tres factores: una oferta con un producto que genere elevadas plusvalías, una demanda muy alta y un mercado restringido, monopolístico y opaco. En España se dan las tres.

La primera, con un ejemplo: para la operación urbanística más modesta, de VPO y con baja edificabilidad, en el paso de rústico a urbanizable de ese suelo, el propietario del mismo obtiene, en un día, sin invertir, sin arriesgar y de manera legal, una plusvalía como mínimo del 900%. Esta circunstancia es exclusiva del sistema urbanístico español. No se da en ningún otro.

La segunda: a la demanda de los que quieren comprar una vivienda formar un hogar se suman los residentes extranjeros, los que quieren una casa como inversión y los que quieren blanquear dinero. Mucha competencia. La tercera: en el mercado se cede la iniciativa al sector privado y las decisiones políticas suelen ser poco transparentes. Jiménez terminó poniendo su esperanza de cambio en el  funcionamiento de la nueva Ley del Suelo, aprobada recientemente.

Plan General con derechos de autor

Marylène Albentosa, alcaldesa de Guardamar del Segura (Alicante, 16.000 habitantes), aportó la visión del problema desde una alcaldía. Ganó las elecciones en mayo de 2003 y se encontró con un Plan General aprobado cuatro días antes aunque aún no publicado y que triplicaba el suelo urbanizable que había hasta entonces. Los funcionarios municipales no conocían el Plan General. El de Guardamar es un claro ejemplo de cómo dejar el diseño urbanístico de un municipio a la iniciativa privada.

El Plan se dividía en catorce sectores para los que se podían presentar opciones de urbanización. Las propuestas fueron presentadas durante los meses de agosto de 2001 y 2002, El ‘agosticidio’, lo llamaron los vecinos. El Plan lo redactaba un equipo externo al Ayuntamiento, donde se suponía estaban los planos. Cuando Albentosa toma posesión como alcaldesa se encuentra sin información sobre el planeamiento y con un equipo redactor que le dice que no puede usar ese plan porque tiene derechos de autor. Al conseguir, finalmente, los planos, se encuentra con que no hay previstas zonas educativas, no se han diseñado puentes o rotondas para sortear una carretera nacional y ha desaparecido una zona protegida, un humedal, para lo que tuvo que dar su visto bueno el Gobierno regional en contra de su propio planeamiento. Logra corregir algunos errores, no sin dificultad, porque se produce la oposición de promotores y Gobierno regional.

“Al final no soy yo la que consigue aprobar el plan sino todos los intereses que había en el camino”, reconoce la alcaldesa que, por cierto, volvió a ganar las elecciones el pasado mes de mayo, con 300 votos de diferencia.

“La reacción contra la corrupción debe ser tan compleja como la propia corrupción”.

La segunda jornada del curso ‘Algunas claves sobre la corrupción urbanística en España’ tuvo un carácter heterogéneo. Abordó el papel de la prensa, de las asociaciones ecologistas y de una organización no gubernamental como Transparencia Internacional.

El de la prensa lo puso sobre la mesa Pachi Larrosa, hoy Jefe de edición de ‘La Verdad de Murcia’ y en los años noventa director de la edición burgalesa de ‘Diario 16’. En esa etapa protagonizó, como informador, el caso de la construcción de Burgos, un caso con diferencias “únicamente climatológicas con Marbella”. El caso terminó con la condena de siete años de cárcel para el constructor Méndez Pozo, la inhabilitación del alcalde y varios concejales, con 20.000 vecinos residiendo en casas con licencias de construcción anuladas y con ríos de tinta vertidos en una cabecera creada, como reconoció Larrosa, con la intención de sostener mediáticamente el proceso, denunciado en Fiscalía por la Asociación de la construcción burgalesa. Al contrario de lo que suele ser habitual, “los periodistas poníamos el freno del rigor a las ansias de la propiedad” del periódico por aumentar el escándalo.

Entre este caso particular y la valoración final del papel de la prensa regional en la denuncia de casos de corrupción urbanística en España, Larrosa hizo algunas consideraciones de tipo más general. “Todo fenómeno de corrupción es en sí mismo un arma política”. “Es difícil descubrir algo que se quiere ocultar”, que describe la dificultad o la fortuna de encontrar una fuente que destape un escándalo. El periodista relacionó directamente el aumento en el número de casos de corrupción que se conocen actualmente con la mayor importancia que ha adquirido la prensa local y regional, en general y en la denuncia de estos casos en particular. La cercanía entre el lugar de redacción y el de corrupción afecta a la prensa local para sostener los casos, y lo hace como fortaleza y como riesgo.

Las ventajas, frente a la prensa nacional, estriban en una mayor credibilidad, al estar habitualmente menos ideologizada o politizada, el potente atractivo de las informaciones al enfocar directamente a los poderosos locales pasando por dificultades y cierta independencia conseguida gracias a la concentración de varias cabeceras en grupos de comunicación potentes, principalmente en Prensa Ibérica y Vocento, donde la cúpula empresarial está desplazada del lugar de los hechos. Según Larrosa: “la prensa regional  mantiene la presión sobre los corruptos y obliga a la Administración a mantener su atención”.

Cómo se mide la transparencia

Jeús Lizcano es el presidente de ‘Transparencia Internacional’ España, una organización  creada por un ex alto cargo del Banco Mundial que está presente en multitud de países y que tiene como objetivo fomentar la transparencia en el sector público, los mercados, los partidos políticos, las empresas, las religiones o las universidades. Todo ello con el fin de lograr una mayor equidad social y eficiencia económica. Lizcano, que se centró en exponer la labor de la organización que dirige, señaló que la dimensión globalizada de la corrupción hace que ésta necesite una solución pactada. Uno de esos pactos es la convención de la ONU contra la corrupción, firmada por 140 países, entre ellos España, que deben ahora adaptar sus legislaciones  a ese acuerdo.

‘Transparencia Internacional’ desarrolla instrumentos de medición de la transparencia y la integridad respecto a entidades públicas y empresas. Publica cuatro informes anuales. El primero de estos informes, cuyos resultados se han conocido esta misma semana, es el ‘Índice de percepción de la corrupción’. Como conclusión general, Lizcano destaca que hay una “fuerte correlación entre corrupción y pobreza”. En este índice, en el que suspenden tres de cada cuatro países, España se sitúa en el puesto 25 de 180. Eso sí, la causa principal de la percepción de corrupción entre los ciudadanos españoles se debe la corrupción urbanística”, por lo que Lizcano augura un punto de inflexión ante una recesión en el sector de la construcción. El Barómetro global es el segundo informe. Evalúa catorce sectores en 62 países. En España, el peor valorado son los partidos políticos, mientras que la prensa se sitúa en el tercer puesto, algo atípico. El Informe sobre fuentes de soborno evalúa a empresas de las treinta economías más exportadoras del mundo. España aparece en el puesto número trece. Por último se elabora un Informe global de la corrupción en el Mundo, que aúna cada informe que se hace en cada país y que cada año se dedica especialmente a un sector. Por último, promueve un Pacto de Estado contra la corrupción y de momento ya se ha conseguido una resolución del Congreso de los Diputados instando al Gobierno a liderar ese pacto.

La comprensión para ejercer presión

El final de la jornada deparó una exhaustiva, hilarante y apabullante intervención de Juan Sánchez García, subdirector del Centro de Estudios Ecosociales de la Universidad de la Laguna, miembro de la Coordinadora El Rincón, profesor de Economía y un “escéptico ilusionado frente a la corrupción”. Su ponencia estaba anunciada como ‘El caso de la playa de las Teresitas: una reflexión sobre el papel de las organizaciones ecologistas”, aunque ya anunció desde el principio que había cambiado el título para usar el caso de la playa tinerfeña “como excusa para un debate más amplio”. Encaró la charla desde tres visiones distintas, las que le otorgan esas tres facetas que se han mencionado más arriba y sin perder el humor en ninguna de las tres. Recordó todo el proceso ciudadano para lograr la aprobación en el Parlamento del Plan Especial de El Rincón (Tenerife) y habló de corrupción pasiva por la “falta de voluntad política” para aplicar lo logrado. Contó otros dos casos más: el conjunto Atlante en el casco histórico de La Orotava y Las Teresitas. A los tres les une que son el resultado de un “ejercicio de cuentas social”, iniciativas populares o movilizaciones públicas.

El Centro de Estudios Ecosociales de la Universidad de La Laguna se creó para aprovechar la relación entre la Universidad y la sociedad. “Es un centro de investigación orientado a la comunidad”, según Sánchez García, que entre otras cosas, favorece la relación entre diversas disciplinas o hace una llamada a la responsabilidad social del mundo universitario. Desde ese punto de vista, el ponente resaltó que se ha puesto el acento en intervenir de manera directa, es decir, legislando sobre el uso del suelo pero no tanto en hacerlo de manera indirecta, esto es, a través del mercado. Advirtió de que la corrupción no es la ausencia de reglas, sino que es un sistema normalizado que puede hacer que se cambien las reglas desde la autoridad pública y se consoliden a través de la cooperación y la confianza. “Comprendiendo el fenómeno podemos ejercer una presión continua”, señaló. El mecanismo que puede romper el tejido corrupto se basa en la cooperación, en la interacción entre todos los actores, desde los movimientos ciudadanos, a las universidades, las instituciones, las distintas figuras jurídicas… “El efecto de estimulación e ilusión es muy importante para disolver la democracia corrupta”, afirmó, para terminar parafraseando al Nobel de Economía Joseph Stiglitz: “La reacción contra la corrupción debe ser tan compleja y variopinta como la propia corrupción”. Incluyendo el humor, el buen humor, claro.

“Las irregularidades más graves se cumplen en el ámbito de lo lícito”.

Si la corrupción urbanística es un iceberg, la parte que sobresale podría ser el caso de Marbella. La otra parte, la que no flota, mucho mayor que la que se ve, serían las corruptelas por el ejercicio discrecional de las funciones urbanísticas por parte de los Ayuntamientos. “Esa discrecionalidad es inevitable en el ejercicio del urbanismo porque decidir es gobernar. Es peligroso que sea un juez quien controle esas decisiones porque puede acabar sustituyendo el interés general por su propio criterio”. Frente a la ilegalidad manifiesta, Germán Fernández Farreres, catedrático de Derecho Administrativo, señaló en la última jornada del curso ‘Algunas claves sobre la corrupción urbanística”, su preocupación por aquella que es más sutil: “La discrecionalidad es el mejor caldo de cultivo de corrupciones”. Farreres, que habló sobre “Las dificultades de la jurisdicción contenciosa para el control de la actividad urbanística”, coincidió con el segundo ponente de la tarde, el también catedrático José Suay, en esa idea: “Las irregularidades más graves se cumplen en el ámbito de lo lícito”, señaló éste.

“Si las sentencias no se ejecutan es porque los jueces incumplen la ley de lo contencioso”.

Fernández Farreres señaló la lentitud como el gran problema de la jurisdicción contencioso administrativa. Considera que es un problema “endémico” y que su agilización no depende ni del tipo de procedimiento ni de la escasez de jueces.  Es un problema social, no legal. “La lentitud de la Justicia es colectivamente soportable porque el retraso perjudica a una parte pero beneficia a la otra”, dijo. La beneficiada suele ser la Administración, porque los actos que permite (la construcción de inmuebles gracias a las licencias que otorga), no suelen quedar suspendidos. De esta manera, para Farreres, en un contencioso administrativo, “el recurso se gana cuando el juez decide la suspensión”, La Justicia cautelar sería, pues, el único modo de  evitar ciertos desmanes, pero para eso se requieren “jueces muy afinados” y  muy preparados. Además  las medidas cautelares tienen el peligro, como  ya se ha dicho más arriba, de sustituir el criterio del juez por el de una administración elegida democráticamente. Destacó que “se ha ido muy lejos en el entendimiento de la autonomía municipal” y apostó por establecer mecanismos,  no de tutela pero sí de control de las administraciones locales. “Si intervienen dos instancias, mejor que si interviene unan sola”, señaló.

La última parada del recorrido del contencioso administrativo es la ejecución de la sentencia. Farreres, como en el resto de su intervención, fue claro: “si las sentencias no se ejecutan es porque los jueces incumplen la ley de lo contencioso”. Es entendible que no se ejecuten porque “hay que tener un gran valor”. ¿Quién está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias”, se preguntó el ex letrado del Tribunal Constitucional, para  sufrir un acoso social por derribar una construcción ilegal. En Marbella, dijo, hay veinte sentencias de derribo y “no se va a derribar nada”. “En el avance del nuevo Plan general se legaliza todo”, aseguró.

“El que cumple le ley piensa que es tonto”.

La conferencia de José Suay llevaba por título “Los problemas y las carencias de la disciplina urbanística en Canarias”. Explicó que hay dos tipos de mecanismos represores: las medidas para restablecer la legalidad y las sanciones. El marco legal de Canarias, en cuanto a la disciplina urbanística, según Suay, “se hizo rápido” y deja un doble sistema sancionador, único en España. Dentro de lo positivo, Suay señaló la creación de la Agencia de protección del medio urbano y natural o la inclusión de algunas sanciones ejemplarizantes. El negativo, que “el móvil que impulsó la reforma (de 2006) fue una especie de amnistía general”, lo que tiene da como resultado, según Suay, que “aquel que cumple la ley piensa que es tonto”. Se quejó, como la mayoría de los ponentes del curso, de la “impotencia en el control de los actos de iniciación”, es decir, del otorgamiento de licencias, y puso su confianza en el fomento de los instrumentos de transparencia y en una mayor aplicación de sanciones  a cargos públicos. Apostó, finalmente, por una reforma del Derecho penal, que contempla multas de baja cuantía y plazos de preinscripción muy breves, además de avanzar en la figura de la prevaricación por omisión y aplicar la responsabilidad patrimonial sobre los cargos públicos condenados.

“Los notarios son los primeros en saber que se va a hacer una parcelación ilegal”.

Ana Linares, Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Sevilla, fue la última ponente del curso. Ya había participado en la primera jornada en la mesa redonda abierta al público. Se ciñó al título de su conferencia: “Los instrumentos de la fiscalía en la lucha contra la corrupción”. Esos instrumentos son el Derecho penal, la cooperación institucional, la coordinación interna y la intervención preventiva. En medio de su enumeración de los delitos más comunes relacionados con el urbanismo afirmó que “los alcaldes y concejales hacen una defensa verdaderamente pobre de manera frecuente”. Habló de su experiencia de colaboración con otras instituciones para perseguir los delitos, lo que considera fundamental y dio un toque de atención a los notarios, de quienes dijo que son los primeros en saber que se va a hacer una parcelación, y, en ocasiones no sólo no advierten de que es una ilegalidad y lo comunican a la Fiscalía, sino que además  la registran. Señaló, finalmente, que se abre una puerta a una posible impugnación de convenios urbanísticos o de otros planeamientos por parte de los fiscales, algo imposible hasta ahora.

El debate final con los asistentes cerró el curso. Fernández Farreres, que había comenzado su intervención señalando que ante la corrupción “mejor no ponerse en riesgo”, terminó afirmando que “de la corrupción urbanística no estamos libres casi nadie”. “Es El Dorado”.

El urbanismo como fuente de corrupción política

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En el marco del curso "Algunas claves de la corrupción urbanística en España", el 26 de septiembre se celebró la mesa redonda "El urbanismo como fuente de corrupción política", moderada por Fernando Jiménez, en la que intervinieron la Fiscal de Medio ambiente y Urbanismo de Sevilla, Ana Linares y el jurista y profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga, Diego Vera. Este afirmó dos frases aparentemente contradictorias: que la corrupción no es un problema exclusivo de España, sino que es generalizado y que la corrupción no es un problema para España. En este último caso se refería a que los españoles, mayoritariamente, no perciben la corrupción urbanística como un problema.

 Vera habló de cinco etapas del urbanismo como plataforma de otras actividades delictivas: desde la pequeña corrupción clientelar hasta el asentamiento de grupos delictivos organizados. Según un estudio del Instituto Andaluz de Criminología, en cuya elaboración participó el ponente, hay que comenzar a prevenir para no llegar a la última etapa si se dan cinco factores: una actividad que genera plusvalía, otras actividades delictivas en el mismo ámbito geográfico, blanqueo de capitales, cooperadores legales necesarios y poca transparencia.

Apostó por alejar las competencias urbanísticas del ámbito municipal. Aseguró que un elemento fundamental del Caso Malaya fue la decisión de la Junta de Andalucía de asumir las competencias urbanísticas, lo que puso nerviosos a los Ayuntamientos. “El Derecho administrativo ha fracasado, es inoperante”. Recordó que la primera medida cautelar dictada por un juez en Marbella es del año 2003. “Si se da la razón a las comunidades autónomas empezará un nuevo tiempo”, señaló.

“La Administración no funciona”

“No es digno eludir las batallas necesarias, hay que empeñarse en ellas se vayan a ganar o no”. Es un principio por el que se rige al Fiscal de medioambiente de Sevilla, que se ve a sí misma como una “diseccionadora de cadáveres”. “El Fiscal sólo actúa cuando el cadáver está encima de la mesa”. Puso este ejemplo para explicar su frustración por no poder actuar de manera preventiva, como le piden muchos ciudadanos que acuden a ella a denunciar casos de corrupción urbanística. Que los ciudadanos acudan a la Fiscalía a solicitar que pare operaciones urbanísticas es la constatación de que la Administración (municipal) no funciona, dijo.

“Es la principal incumplidora porque no hace sus deberes”. Linares, muy crítica con los Ayuntamientos, recordó que estos tienen “mucho poder” y que quien tiene las competencias debe aplicar con rigor la disciplina. “Para aplicar la disciplina urbanística sólo hace falta un papel, un boli y un policía. ¿Cuáles son los medios materiales que reclaman los Ayuntamientos para aplicarla?”, se preguntó la Fiscal, que también puso esperanzas de cambio en la nueva Ley del Suelo y aportó varias posibles soluciones. “Fundamental, acabar con la apatía ciudadana y alentar el activismo”. “Y vital, “promover la información a los ciudadanos”.

Taller «En un quirófano de la información. Cómo diseccionar y recomponer un ordenador»

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Del  25 al 29 de junio de 2007 tuvo lugar el taller “En un quirófano de la información. Cómo diseccionar y recomponer un ordenador”, dirigido por Carlos Martínez Franco, compositor, productor y especialista en arte digital.

El taller fue inaugurado por el director de Actividades Fundacionales de la FCM, Fernando Gómez Aguilera, que presentó esta actividad como la primera de una nueva línea dentro del programa de la Fundación, en la que tendrán cabida nuevos talleres relacionados con la electrónica, la música digital, y en general con las nuevas tecnologías.

Durante la primera sesión del taller, los asistentes completaron un test para ser posteriormente agrupados en función de los conocimientos previos. Una vez divididos en grupos de 6, les fueron asignados cargos de cirujanos montadores, anestesistas, enfermeros circulantes, celadores y cirujanos desmontadores, cada uno con unas tareas específicas para su quirófano particular.

Ya con el paciente (monitor, CPU, periféricos…) en cada una de las mesas de operaciones, la primera jornada fue dedicada a explicar las diferentes piezas que conforman el interior de un ordenador: placa base, memoria RAM, tarjeta gráfica, ventilador, disco duro, procesador…, preparando el trabajo para los sucesivos días.
 
Las jornadas de martes y miércoles fueron dedicadas a desmontar y recomponer por completo la CPU de un ordenador, identificando las diferentes piezas que la componen y conociendo las características de cada una de ellas.

Los dos últimos días, ya con el ordenador montado, fueron dedicados a la instalación del sistema operativo y del software necesarios para su funcionamiento, haciendo especial hincapié en la utilización de software libre.

Durante las diferentes sesiones, cada grupo de trabajo fue elaborando su propio manual, con textos e imágenes tomadas durante el taller.

José María Ridao. Inmigración y Estado de Derecho

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La soluciones para evitar que continúe el fenómeno inmigratorio tal y lo conocemos se deben tomar en el terreno económico. La primera pasa por liberalizar el comercio internacional, principalmente el agrícola y la segunda por hacer que salga a la superficie toda la economía sumergida que bucea en el sector de la construcción y en los servicios.

Al menos son las que da el ex diplomático y escritor José María Ridao, que participó el 21 de junio de 2007 en el Foro ‘Fronteras y direcciones del progreso’ en la Fundación César Manrique con la conferencia ‘Inmigración y Estado de Derecho’. Ridao, que de hecho prefiere llamar a la inmigración “ajuste del mercado laboral internacional”, mucho antes de las soluciones, esbozadas en el coloquio tras la charla, basó su discurso en el análisis de las causas y las consecuencias futuras.

Para explicar este fenómeno prefiere poner el foco en los países desarrollados antes que en los países de los que vienen los inmigrantes. Estos sufren la misma situación desde hace varias décadas, bajo dictaduras o en guerra. Por lo tanto eso no explica por qué el fenómeno se multiplica. “El cálculo que hacen es que siempre encontrarán un empleo más rentable que en su país”, señala Ridao. Esto es así tanto si llegan de manera legal como ilegal. Y la reacción de los países ricos ha consistido en abordar este asunto desde planteamientos ideológicos y no económicos. “Si no se pretenden tomar medidas económicas, el terreno de juego para abordar la inmigración acaba siendo el Estado de Derecho”. Con los peligros que eso conlleva. Resumiéndolo mucho, si se altera el Estado de Derecho para hacer frente a este fenómeno se altera el principio de la igualdad ante la Ley. Las leyes de extranjería, por ejemplo, “que son leyes de excepción”: no se aplican a todas las personas de un territorio sino que lo hacen en función de las condiciones personales de los individuos. De manera sencilla: los españoles, en democracia, sólo podemos estar libres o privados de libertad con mandato judicial. Los inmigrantes sin papeles pueden estar cuarenta días “retenidos” y pueden ser deportados, incluso a un país que no es el suyo. Se les obliga a sobrevivir en la economía sumergida y si se les sorprende se les castiga. “Es como querer acabar con la esclavitud persiguiendo al esclavo y no al esclavista”, según Ridao. “Por querer tratarlo desde el Estado de Derecho y no desde la Economía estamos haciendo que nuestras sociedades cada vez sean más de carácter identitario”.

En el dibujo del proceso que comienza a caminar cuando cae el Muro de Berlín y que desemboca en la situación actual, el escritor y articulista traza tres causas que aquí sólo se perfilan: la consideración como sinónimos de desregulación y liberalización (“la libertad no surge de la ausencia de normas sino en el seno de normas buenas”), el “adelgazamiento” del Estado (se confunde sector público con las instituciones básicas del Estado). Aquí hay que señalar que, como dijo Ridao, “el volumen de recursos del sector público no decrece sino que se aplican de manera distinta”. Lo que iba, por ejemplo, a sanidad o a educación hoy se destina a seguridad o al Ejército. Es el proceso hacia un “Estado penal”. Además se da la paradoja de que mientras parece que el Estado nacional está condenado a su fin, se multiplican el número de Estados. Y la tercera: desaparece la regulación de los flujos financieros internacionales y se liberaliza la industria pero no la agricultura, que es donde pueden competir los países pobres.

Ridao habló de manera extensa sobre el problema cultural que se plantea con la llegad de los inmigrantes. Resaltó en primer lugar la pérdida progresiva de la noción de cultura ilustrada, que se define en contraposición a la ignorancia, en favor de la cultura romántica, que estima como cultura”toda manifestación cotidiana de los individuos”. En este caso, la cultura no se opone a la ignorancia sino a otra cultura. De este punto de vista, en el mejor de los casos, se plantea la “integración del inmigrante”. El problema es definir en qué se integra ese inmigrante. “No vale con cumplir la Ley, hay que aceptar los valores (que nadie sabe lo que son ) de esa sociedad”. Ridao puso el ejemplo de Sarkozy y su deriva identitaria que le lleva a querer obligar a todos los inmigrantes a conocer los valores y la lengua francesa. “Es una iniciativa peligrosa: si se fijan normativamente los valores de Francia puede pasar que se deje fuera a muchos franceses”. Se crean ciudadanos de primera y de segunda categoría, se conforman nuevas castas internacionales cuando se habla de inmigrantes de segunda o tercera generación, que resulta que no han emigrado nunca.

Finalmente dio dos puntos de vista para abordar este fenómeno desde los gobiernos de los países ricos: si lo que quieren  es solventar la contratación ilegal de trabajadores deben poner el énfasis en las inspecciones de trabajo y en avanzar en terminar con la economía sumergida. Si, por el contrario, lo que quieren es solventar la contratación de trabajadores ilegales, que pongan el énfasis en más policía, más seguridad y más controles.

José María Ridao nació en Madrid en 1961 y es licenciado en filología árabe y en derecho. En 1987 ingresó en la carrera diplomática, que lo llevó a ejercer en Angola, la Unión Soviética, Guinea Ecuatorial y Francia. En el año 2000 decidió abandonarla para dedicarse exclusivamente a la reflexión y la literatura. En sus ensayos cuestiona los moldes de pensamiento establecidos por la historiografía tradicional. Ha incursionado también en la novelística. Es autor de la novela Agosto en el Paraíso (1998) y del libro de relatos Excusas para el doctor Huarte (1999). Ha recogido sus artículos periodísticos en el volumen La desilusión permanente (2000).

Carlos Taibo. Los movimientos que contestan la globalización capitalista: retos y perspectivas

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El 7 de junio de 2007, Carlos Taibo pronunció la conferencia titulada Los movimientos que contestan la globalización capitalista: retos y perspectivas, dentro del espacio de reflexión Fronteras y direcciones del progreso.

 “Los movimientos antiglobalización son los primeros que reclaman derechos para otros, no para sus afiliados”. Esos otros son el 80% de la población mundial, que vive en la más absoluta pobreza y las generaciones venideras. Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, ensayista y articulista, dio un paso más en la  Fundación César Manrique dentro del ciclo Fronteras y direcciones del progreso con su conferencia  Los movimientos que contestan la globalización capitalista: retos y perspectivas.

Dibujó seis retos pero uno por encima de todos: el cambio climático. Un problema que, desde su punto de vista, va a obligar a reflexionar al sistema capitalista porque está en juego la especie humana y porque, sobre todo, no hay manera de disimularlo. Si hasta ahora el Norte, el 20% rico del Planeta, es insolidario con la miseria del otro 80%, aún a sabiendas, “porque los problemas están lejos”, el cambio climático va a ser palpable. “El capitalismo no está en condiciones de hacer frente al cambio climático”, señaló Taibo. Por su propia naturaleza: porque privilegia los intereses individuales por encima del colectivo. Por eso, la llegada del cambio climático “va a provocar un cambio radical porque va a evidenciar que el capitalismo no funciona” y va a poner en tela de juicio las bondades del crecimiento económico.

Taibo realizó una intervención con tintes de esperanza frente a la globalización y sus efectos. Advirtió, como nota introductoria, de la necesidad de añadir el adjetivo capitalista o neoliberal a la globalización para no olvidar que hay una línea de continuidad entre el imperialismo y esta llamada globalización, que no es otra cosa, en resumen, que “una apuesta en provecho de la gestión de un paraíso fiscal a escala planetaria”. “Los capitales y sólo ellos se moverán sin cortapisas, sin control del poder político y sin un cariz humano, social o medioambiental”, señaló.
 
Comenzó por las críticas que se les puede hacer a los movimientos antiglobalización, entre ellas la de reclamar otra globalización. “No es saludable reivindicar otra globalización como no es saludable reivindicar otro imperialismo”. Toda modalidad de globalización requiere de los mismos requisitos, entre ellos los de unas élites directoras. Acusó también a algunos de estos movimientos de edulcorar el mensaje para que los medios de comunicación no les traten peor de lo que lo hacen y expuso el peligro de caer, como muchas organizaciones no gubernamentales, tanto en la dependencia del dinero público como en la necesidad de su propia supervivencia antes que en el cumplimiento de sus objetivos.

Los nuevos movimientos antiglobalización nacen, según Taibo, para ocupar espacios que la izquierda tradicional o los sindicatos han dejado de ocupar, entre otros y uno de los más importantes, la lucha contra la precariedad laboral o directamente la explotación del hombre por el hombre.

Expuso, finalmente, seis retos. El primero: revisar el sistema de convocatoria de contracumbres, foros y manifestaciones. “El futuro no está en Nairobi (en referencia a la cumbre) sino en el día a día del trabajo en barrios y pueblos”. Esos encuentros, aunque sean multitudinarios, apenas dejan huella después en la vida cotidiana. El segundo: debe ser una prioridad engordar primero los movimientos y discutir después cuál es el referente político en el que mirarse, bien la izquierda tradicional u otro tipo de organizaciones. El tercero: además de proponer alternativas, cosa que sí se hace, según Taibo, deben olvidar “viejas reyertas mal resueltas del pasado”. El cuarto: la necesidad de encontrar medios de comunicación propios, independientes de los medios de comunicación del sistema. Y el último, incluyendo el cambio climático: solucionar la violencia. Aquí fue rotundo, en todo caso: “La violencia de los movimientos antiglobalización es mucho menor que la violencia cotidiana que ejercen los sistemas que padecemos”.

Como conclusión. “Aunque sólo sea por supervivencia deberíamos tomar cartas en el asunto porque el 80% de la población mundial, desheredada, va a derribar nuestra puerta cargada de razón”. Esa razón, traducida a cifras, dice que el 11 de septiembre de 2001 (y al día siguiente y al otro…) murieron en el Mundo, en éste, 35.615 niños de inanición. No hubo ni un minuto de silencio, ni un acto de solidaridad, ni se activó el estado de alerta. “Mientras sigamos creyendo que el terrorismo es el principal problema del Planeta hay que preguntarse dónde está el sentido común”.

Carlos Taibo es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de una veintena de monografías. Las más recientes son “Cien preguntas sobre el nuevo desorden” (Punto de lectura, Madrid, 2002), “Guerra entre barbaries” (Punto de lectura, Madrid, 2002), “¿Hacia dónde nos lleva Estados Unidos?” (B, Barcelona, 2004), “No es lo que nos cuentan. Crítica de la Unión Europea realmente existente” (Ediciones B, Barcelona, 2004), “Movimientos de resistencia frente a la globalización capitalista” (Ediciones B, Madrid, 2005), “Rapiña global” (Punto de lectura, Madrid, 2006), “Rusia en la era de Putin” (Catarata, Madrid, 2006) y “Sobre política, mercado y convivencia” (en colaboración con el escritor José Luis Sampedro (Catarata, Madrid, 2006). Escribe sobre política internacional en El País, La Vanguardia y los diarios del grupo El Correo, y es comentarista habitual de la cadena SER.

Alegaciones al Plan General de Arrecife

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En mayo de 2007, la Fundación César Manrique presentó un documento de alegaciones a la Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación de Arrecife, en el que solicita la anulación del acto de aprobación inicial del Plan.

Alfredo Herrera Piqué. Pasión y aventura en la ciencia de las Luces

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La conferencia que el ensayista y escritor Alfredo Herrera Piqué desarrolló el 24 de mayo de 2007 en la FCM buceó en la prehistoria científica del Archipiélago canario con el fin de iluminar el presente, en el que “la figura del intelectual ha sido barrida por los medios de comunicación de masas”, que apenas dedican atención a la información de carácter científico.

El escritor y ensayista relató cómo hace doscientos años un joven geógrafo desembarcó en Tenerife equipado con un instrumental de más de 300 kilos de peso, dispuesto a realizar numerosos experimentos sobre un terreno prácticamente virgen. Este hombre era Alejandro de Humboldt y su breve estancia en el Archipiélago colocó a Canarias en un lugar destacado de la Historia de la Ciencia europea para siempre. Realizó el primer estudio científico del vulcanismo de Tenerife, dibujó el mapa geobotánico insular y calculó la altitud exacta del Teide. En la actualidad, recuerda Alfredo Herrera Piqué, “el mundo que recorrieron, catalogaron, disfrutaron y nombraron aquellos exploradores científicos, ya no existe”. Pero Humboldt no fue el único. Un siglo antes, el astrónomo francés Louis Feuillée se desplazó hasta El Hierro con la misión de calcular la posición del Primer Meridiano, ubicado desde Ptolomeo en los confines del mundo conocido, las Islas Afortunadas. Fue el primero en aplicar el método científico en las Islas Canarias, explicó Herrera, y además de fijar el meridiano de referencia, calculó la latitud de La Laguna y la altitud del Teide (hoy sabemos que con ciertos errores).  

“Pasión y aventura en la ciencia de Las Luces” era el título de la conferencia, y Herrera Piqué describió durante su intervención los principales aspectos que hicieron del siglo XVIII una etapa histórica marcada por la confianza en la razón y en las posibilidades de desarrollo del ser humano. “El lenguaje científico pasó a ser un lenguaje común” y la idea del progreso como una línea ascendente que siempre tiende a etapas mejores dio lugar a una “nueva interpretación del mundo”, bien ilustrada en La Enciclopedia.

Fue la época en la que se profesionalizó la actividad científica y se desarrollaron las primeras aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. Fue también el siglo en el que aparecieron las primeras cosmogonías que trataban de explicar el origen del universo. La Ilustración se caracterizó además por la creación de los primeros herbarios y jardines botánicos, así como de las primeras grandes colecciones privadas, que más tarde se convertirían en los museos que conocemos en la actualidad. Por supuesto, fue el siglo de las grandes expediciones marítimas, marcadas por una doble dimensión: la expansión colonial y la investigación científica. Los barcos que conquistaban nuevas tierras tenían entre sus pasajeros a físicos, astrónomos o dibujantes de Historia Natural.    

Dos siglos más tarde, nuestro mundo se caracteriza por “las grandes desigualdades, el aumento demográfico, el cambio climático y el agotamiento de las reservas energéticas”, y en opinión de Herrera Piqué “las perspectivas son muy inquietantes”.

Recuperar la “autoridad intelectual” y el “valor del conocimiento científico” es una tarea necesaria que corresponde al ser humano del siglo XXI, con el fin de contrarrestar la influencia de “los cuatro jinetes del Apocalipsis moderno: el dinero, el consumo, la exaltación de la imagen y el poder”.

 “Somos una ínfima y frágil estela de vida situada en el universo”, comenzó diciendo Herrera Piqué. No obstante, hemos demostrado estar dotados de una “capacidad de destrucción y autodestrucción capaz de modificar las condiciones de vida” existentes. “Somos polvo estelar sometido a las leyes del azar y la necesidad. Pero también tenemos una increíble capacidad de conciencia, que es nuestra pequeña riqueza y también el germen de nuestra angustia existencial”, añadió. La cuestión es: ¿seremos capaces de transformar esa angustia existencial en una acción al servicio de la Naturaleza en la que se originó nuestra especie?

Alfredo Herrera Piqué es ensayista y escritor, y ha desarrollado una extensa y variada actividad cultural, paralela a una dilatada acción de compromiso político. Desempeñó el cargo de consejero de Cultura del Gobierno Autónomo de Canarias y, posteriormente, fue Senador en las III y IV legislaturas de las Cortes. En el Senado fue vicepresidente de la Comisión de Educación, Universidades, Investigación y Cultura.

Durante largos años ha cooperado en la dinamización de la vida cultural en las Islas y ha promovido relevantes iniciativas realizadas en este campo, tales como la propuesta de conmemorar la Fundación de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la organización del Congreso de Cultura de Canarias, el primer plan de restauración del Patrimonio Histórico de las islas Canarias, el Festival Internacional de Música de Canarias, la declaración del barrio de Triana (Las Palmas) como conjunto histórico o la propuesta y estudio para la candidatura del Centro Histórico de Las Palmas a su declaración como Patrimonio Mundial, así como otras varias aún no llevadas a cabo, como la creación del Museo Histórico de Las Palmas de Gran Canaria.

Igualmente, ha sido presidente del Museo Canario y ha cooperado en la gestión de otras entidades culturales de Las Palmas de Gran Canaria. Es asiduo participante en los Coloquios de Historia Canario Americana y ha sido director de la revista cultural “Aguayro” (1973-1991) y del semanario informativo “Sansofé”, habiendo escrito centenares de artículos en diarios de Las Palmas de Gran Canaria, en el periodo 1965-2005.

Entre sus ensayos y publicaciones, se encuentran “La ciudad de Las Palmas, noticia histórica de su urbanización” (1978), “Arquitectura neoclásica en Canarias” (1982), “Canarias, escala en la exploración científica de los continentes exóticos” (1982), “Las Palmas de Gran Canaria” (1984), “Las islas Canarias, escala científica en el Atlántico. Viajeros y naturalistas en el siglo XVIII” (1987), “Tesoros del Museo Canario” (1990), “Cuatro tiempos de la Ciudad” (1995), “El drago de las islas Canarias. Iconografía y referencias históricas” (1996), “Las Palmas de Gran Canaria. Patrimonio histórico y cultural de una ciudad atlántica” (1997), “El nacimiento de una Ciudad” (2005), y “Pasión y aventura en la Ciencia de las Luces” (2006).

Taller «Urbanismo para náufragos»

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Un planteamiento urbanístico solidario y útil que sepa integrar todas las peculiaridades y los conflictos que suceden en las ciudades bajo el marco común de los derechos humanos. Esa fue la base de las propuestas que se expusieron en el taller que organizó la FCM los días 16 y 17 de mayo y que estuvo dirigido por los arquitectos y profesores Manuel Saravia y Pablo Gigosos.

El propio título del curso, “Urbanismo para náufragos”, hace alusión a los que se sienten completamente ajenos a su entorno urbano y a las maneras arquitectónicas que fomentan la exclusión de amplios segmentos de la población —especialmente las clases de menores recursos económicos—, creando verdaderos “náufragos” del proyecto de convivencia colectiva que obligatoriamente se da en las ciudades.

El seminario estaba organizado en torno a cuatro parejas de derechos: movilidad-seguridad, salud-medioambiente, trabajo-seguridad social y vivienda-espacio público. El proyecto de Saravia y Gigosos pasa por la asunción de que “los derechos humanos deben ser el primer criterio” para conseguir una práctica urbanística renovada. Cada binomio de derechos se asoció a un concepto filosófico y político: libertad, igualdad, fraternidad y responsabilidad.

Partiendo de la idea de que es necesaria la crítica moral y social del urbanismo, el debate teórico también se acompañó del comentario de iniciativas y proyectos específicos de multitud de ciudades del mundo. Las referencias intelectuales del discurso no se quedaron exclusivamente en la arquitectura, sino que también tuvieron cabida citas literarias, artísticas o cinematográficas.

La crisis del paradigma urbanístico actual fue el punto de partida del taller. “La ciudad se está haciendo de forma mecánica y banal” argumentó Manuel Saravia, al tiempo que criticó la estandarización planetaria del mismo modelo erróneo de pensar el espacio urbano. En la presentación del curso, Fernando G. Aguilera propuso como principal prioridad la tarea de “civilizar la ciudad para lograr que el protagonista no sea el mercado, sino el hombre”, con el objetivo de que en la ciudad “nos sintamos personas y no clientes”.

El recorrido por las cuatro parejas de derechos que articularon las dos jornadas comenzó por la movilidad y la seguridad. Las soluciones que en estos campos expusieron Saravia y Gigosos recogían la creación de nuevas vías peatonales y un replanteamiento de los sistemas de comunicación en la ciudad que rebaje el peso del coche en favor del transporte público. Igualmente, la fórmula de desintalar, es decir, de retirar infraestructuras superfluas, fue comentada como un recurso válido que cada vez es más usado.

Pablo Gigosos habló de dos derechos relacionados con la planificación territorial, el de la salud y el del medio ambiente, que han sido históricamente ignorados, pero que poco a poco han ido ganando peso en la toma de decisiones. En este ámbito, la pérdida de paisajes, la falta de servicios básicos, las intervenciones agresivas con el medio o las desastrosas condiciones higiénicas de las zonas suburbiales fueron algunas de las problemáticas tratadas. Gigosos recordó que hay que cambiar la concepción inicial para darse cuenta de que “las ciudades no son el problema, sino la solución”.

Sobre las áreas del trabajo y la seguridad social se trataron temas relacionados con la preparación de los espacios para la dinámica laboral o los fallos y carencias que se dan en los planes sanitarios, educativos o sociales. Gigosos y Saravia destacaron que se debe priorizar el interés general en la planificación de la ciudad y abogaron por la verdadera “universalización de los equipamientos universales”. Su postura rechaza el urbanismo “que se ha olvidado de los servicios y de la coordinación de centros sociales” y que concibe los edificios públicos solo desde la táctica del espectáculo vacío de contenido. Manuel Saravia apuntó que este debilitamiento de lo público está relacionado con “el acoso que desde hace años recibe el estado del bienestar”.

El problema de la vivienda se comentó partiendo del contexto europeo y su comparación con el de España. La precaria situación del derecho a un hogar digno que tiene todo ciudadano parte, según Gigosos, de la forma de desarrollar y pensar las políticas urbanísticas: “el problema no es de escasez de viviendas sino de escasez de ciudades”. Frente al desarrollismo sin sentido, los arquitectos que impartieron el taller apostaron por rehabilitar antiguos edificios y zonas y favorecer la mezcla equilibrada entre los nuevos espacios y los ya establecidos. Su idea central era la de la “constelación”, entendiendo este término como una fórmula pensada para desarrollar “múltiples actuaciones de pequeñas dimensiones que permitan lograr una integración equilibrada”.

Avanzando en el siglo XXI, y cuando ya más del 50% de humanidad vive en núcleos urbanos, Manuel Saravia y Pablo Gigosos proponen un urbanismo para los excluidos de las ciudades de hoy. Esa gran mayoría que necesita un planeamiento territorial dialogante y abierto; mestizo y no agobiante; equilibrado y justo. Un nuevo urbanismo que desde los derechos humanos logre la conquista social y cultural del derecho a la ciudad.

Manuel Saravia Madrigal es arquitecto y profesor titular de Urbanismo en la Escuela de Valladolid. Fue arquitecto municipal y provincial de Valladolid (1981-1986) y director del Centro Buendía de la Universidad de Valladolid.

Pablo Gigosos Pérez es igualmente arquitecto por la Escuela de Barcelona, especialidad en Urbanismo. Ha sido profesor de Urbanismo en las Escuelas de Arquitectura del Vallés (Barcelona) y Valladolid. Actualmente, es Jefe del Servicio de Obras del Ayuntamiento de Valladolid.

Ambos tienen amplia experiencia práctica en planeamiento urbanístico (planes generales de Valladolid, León, Vigo, Segovia, etc.; planes parciales y especiales en numerosas ciudades de Castilla y León y Cataluña). También han realizado trabajos de urbanización (ordenación y urbanización del nuevo campus de la Universidad de Valladolid, del recinto ferial, de los bordes y cauce del río Esgueva y de numerosas calles, plazas y parques de la misma ciudad, tanto del centro como de la periferia y barrios. También han desarrollado trabajos de urbanización en otras ciudades castellanas). Han estado presentes, como profesores o ponentes, en Milán, Roma, Quito, San Cristóbal de Táchira, Bogotá, Guadalajara (México), Puebla y un buen número de ciudades españolas.

P. Gigosos es autor del proyecto de algunos edificios municipales de equipamiento en Valladolid (polideportivos cubiertos, parque de bomberos, centros cívicos, etc.). M. Saravia, por su parte, ha coordinado en los últimos años una exposición sobre ciudad y derechos humanos titulada La ciudad en ciernes (con la colaboración de Gracia Querejeta, Lucrecia Martel, Chus Gutiérrez, Miguel Albaladejo, Joaquim Jordà y Pedro Barbadillo), que se ha llevado en 2006 y 2007 a Bogotá, Vancouver (en el marco del World Urban Forum), Zaragoza, Valladolid y Madrid. También ha dirigido, sobre el mismo tema, en 2006, un Foro de Bogotá (con más de 30 participantes de diez países latinoamericanos), y un Foro de Zaragoza (organizado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España).

Ambos son autores de Arquitectura y urbanismo de Valladolid en el siglo XX (Valladolid, Ateneo, 1997), y El surtido de aguas a Valladolid: de la concesión a la municipalización (1864-1959) (Ayuntamiento de Valladolid, 1998). Y, con Rosario del Caz, de Ciudades civilizadas. Lecciones de urbanismo (Escuela de Valladolid, 1999), La ciudad y los derechos humanos. Una modesta proposición sobre los derechos humanos y la práctica urbanística (Madrid, Talasa, 2002) y Planes parciales residenciales. Manual profesional (Junta de Castilla y León y Colegios de Arquitectos de León y Castilla y León Este, 2004). También son autores de la voz “Urbanismo del siglo XXI” de la Enciclopedia Durvan (Bilbao, 2000), y coordinadores de un número monográfico de la Revista de Occidente, titulado “El retorno de la ciudad: Elogio del urbanismo”, (Nº 275, abril 2004).

En 1996 pusieron en marcha la revista de estudios sobre las ciudades Dos dos, de la que solo aparecieron… dos números: el primero, sobre La ciudad banal (1996) y el segundo, sobre Hospitalidad (1997); y más tarde promotores del Círculo de Ecología Urbana y de los Informes de Valladolid (sobre ciudad, urbanismo y derechos humanos: www.ciudad-derechos.org). En los últimos años han publicado artículos en Arquitectura Viva, Archipiélago, El Ecologista, Queensland Planner, Revista de derecho urbanístico y medio ambiente, Página abierta, Perspectivas urbanas/Urban Perspectives e Ingeniería y territorio, además de numerosas colaboraciones en la prensa diaria de Valladolid (y en algún caso en la de Madrid y Valencia).

Presentación del libro, el 22 de abril de 2010, en la Sala Saramago: Acto de presentación

Publicación del ensayo: Urbanismo para náufragos

Arte y derechos civiles en el nuevo (des)orden global

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El jueves 26 de abril de 2007 tuvo lugar la mesa redonda “Arte y derechos civiles en el nuevo (des)orden global”, coincidiendo con la inauguración de la exposición “Siah Armajani FALLUJAH” en la sede de la FCM.

En la mesa redonda participaron el artista Siah Armajani, las críticas de arte Dore Ashton y Lola Jiménez Blanco, y el filósofo y sociólogo Sami Naïr

Siah Armajani denunció la falta de libertad de expresión que existe en Estados Unidos con todo aquello que tenga algo que ver con la guerra de Irak. Su última creación, “Fallujah”, no pudo ser expuesta en el país norteamericano, donde él mismo reside desde el año 1960. La escultura está inspirada en una fotografía en la que aparece una familia iraquí que ha logrado recuperar algunas de sus pertenencias, frente a la casa en la que vivían antes de que fuese semidestruida por las bombas norteamericanas. “Hay más libertad de expresión en España que en Estados Unidos”, aseguró Armajani, porque allí los ciudadanos tienen que “leer los periódicos ingleses y ver la televisión Al Yazira” para estar informados. El artista iraní detecta en nuestro país “frescura y exaltación por el futuro” y cree que España “va a convertirse en lo que fue América”. Ante la barbarie de la guerra, reclama una “nueva forma de pensar” el mundo. “Todas las fórmulas anteriores han suspendido”, dijo.

Armajani hizo estas declaraciones en la mesa redonda en la que también participaron las críticas de arte, Lola Jiménez y Dore Ashton, y el filósofo Sami Naïr, que comparte la idea del artista iraní y asegura que “tras el 11-S la libertad de expresión es menos importante en Estados Unidos”. “Han interiorizado el temor a hablar de ciertas cosas”, dijo. Armajani no tardó en arremeter contra los responsables directos de la guerra: “Los dementes neoconservadores, Bush, Chenney y las dos casas del Congreso, sueñan con establecer un imperio norteamericano en el siglo XXI”, comenzó advirtiendo, “creen que aquella gente no siente dolor, ni terror, ni exaltación, que no sudan, no tienen hambre… que son solamente objetos”, exclamó.

Responsabilidad del que sabe y calla

Sin embargo, del debate surgió la certeza de que ese imperio expansionista cuenta con el consentimiento, y en ocasiones también con el apoyo, del resto del planeta, especialmente de Europa. En este sentido, Sami Naïr habló de un “imperio que domina el resto del mundo” y que, paradójicamente, “necesita el apoyo de ese mundo para poder dominarlo”. En opinión del filósofo, en estos momentos “la gran cuestión de la humanidad” son los Estados Unidos. “¿Qué hacer con ese país?”, se preguntó. “Los conservadores han decidido que son un imperio y que hay que defenderlo”. Sin embargo, aclaró, se trata de un imperio “construido con la complicidad de Europa, que quiere ganar dinero”. “Lo que está sufriendo el pueblo iraquí es una vergüenza para la humanidad”, sentenció Naïr. 

Armajani, por su parte, insistió en la responsabilidad de los que callan y miran hacia otro lado. “Acuso a la última academia de los Estados Unidos por su silencio”, dijo. “Las únicas personas que luchan para acabar con la guerra son las madres y los padres de los soldados muertos”. Así las cosas, Armajani vaticinó una “guerra entre los americanos y los ex americanos” para “celebrar el nuevo fascismo” que se instalaría en Estados Unidos, dijo con cierta sorna.

“No hay sangre, sólo objetivos”

Sami Naïr recordó que todas las sociedades, no sólo la occidental, arrastran una “tradición de guerras”. En su opinión, el “auge del sistema capitalista” trajo consigo la “industrialización del horror”: la práctica de “la guerra racionalizada con un proyecto de destrucción global”. Estamos ante una nueva situación, dijo, porque “antes la guerra era un contacto entre ejércitos, entre grupos humanos”. Ahora, explicó, se ha vuelto una “guerra unilateral”, en la que “los que tienen medios tecnológicos pueden matar sin ver lo que matan y sin exponerse a la amenaza”. “Destrozad, porque a nosotros no nos pueden destrozar” parece ser el lema de una guerra en la que “la destrucción es total y abstracta”. “No hay sangre, sólo objetivos, y basta con apretar un botón”, señaló Naïr. Pero siempre llega el momento en el que hay que “bajar a la tierra”, recordó. Es entonces cuando los soldados se topan con “otra guerra” y “empieza a haber víctimas estadounidenses”, víctimas de casa.

Guernica y Faluya, dos ciudades hermanadas en el terror y el arte

Las críticas de arte introdujeron en el debate la relación entre la guerra y la representación artística. Lola Jiménez reivindicó el papel del artista comprometido y desmontó el “falso dilema entre el compromiso político y el compromiso estético, como si fuesen elementos excluyentes”. Los desastres de la guerra de Goya, y el Guernica de Picasso son para Jiménez dos “iconos de horror” que demuestran la falsedad de ese dilema: ambos son “grandes denuncias y magníficas obras de arte”. Dore Ashton transmitió su repulsa hacia la guerra de Irak “y la de mucha gente que conozco de Nueva York”. “Odio a aquellos que son indiferentes”, dijo. Ella está convencida de que puede haber una “estética de la resistencia” contra los horrores de la guerra. Las dos ven en la obra de Armajani un ejemplo del arte valiente y comprometido.

Por último, el director de actividades fundacionales de la FCM, Fernando Gómez Aguilera, recordó las palabras de Pilar del Río durante una manifestación contra la guerra de Irak: “Que se vayan, pidiendo perdón, pero que se vayan”.