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Sami Naïr: “La crisis de los refugiados ha dañado de forma casi irrecuperable el proyecto europeo”

Propone tres soluciones: otorgar un pasaporte de tránsito a los refugiados, aumentar los visados legales para los inmigrantes e invertir en los países en desarrollo y dar libertad de circulación a sus ciudadanos

Con la conferencia de Sami Naïr, el pasado 30 de marzo, Refugiados: Frente a la catástrofe humanitaria, una solución real, la Fundación César Manrique abre una “programación estable” para 2017, como anunció su director, Fernando Gómez Aguilera, con el objetivo de “enfocar” 2019, año del centenario del nacimiento de César Manrique. Aguilera dijo que se escogió esta conferencia “para hablar de un problema que nos interpela a todos, la mayor catástrofe en Europa desde la Segunda Guerra Mundial”, “una vergüenza”, no sólo por los campos de refugiados sino también por la reacción de los gobiernos europeos: “Es un asunto de barbarie civilizada, que es la peor de las barbaries”, señaló.

Naïr comenzó añadiendo que no sólo es la mayor tragedia sino que revela la impotencia y el fracaso de los proyectos europeos: “Con esta crisis, una parte del alma europea ha desaparecido y ha dañado de forma casi irrecuperable el proyecto europeo”.

El conferenciante explicó el contexto. El año 2015 supone “un antes y un después”. Cinco millones de sirios salen de su país huyendo de la guerra y se encuentran con un muro de insolidaridad. Pero, “¿cómo hemos llegado hasta aquí?”. Lo primero es diferenciar refugiados de inmigrantes económicos: un refugiado se encuentra en peligro de muerte por sus convicciones, su raza o por una dominación, y la Convención de Ginebra de 1951 fue hecha para otorgarles protección. Ahora se da una paradoja en la Historia. Esa Convención fue elaborada para acoger a ciudadanos de países del Este de Europa que huían de regímenes comunistas, y los más beneficiados fueron los húngaros. Hoy, esos países son los que rechazan su aplicación. “No hay memoria; las víctimas de ayer pueden ser los verdugos de hoy”, señaló Naïr.

Con la destrucción de Irak en 2003 salieron de sus países millones de iraquíes y de afganos, que llegaron, principalmente, a Pakistán (nueve millones) y a Turquía (diez millones). “Esto explica lo que pasó en Turquía en 2015”. Con la llegada de los sirios, abren sus fronteras. Mientras que países empobrecidos como Egipto, Túnez o Líbano acogen a centenares de miles de personas, Europa, con el 23 por ciento, del PIB mundial, cierra sus puertas “con la idea de una invasión”. Así que nos encontramos “ante algo que nos interroga sobre lo que somos y lo que tenemos que hacer”.

Merkel, según señaló Sami Naïr, a pesar de su orientación liberal y la defensa de la austeridad, reaccionó de forma humanista diciendo: “Si mi país no ayuda a las víctimas, no es mi país”. Prometió acoger a un millón de refugiados y desató una reacción negativa del resto de países, excepto de Grecia e Italia. Acabaron entrando 745.000. Lo hizo por tres razones: porque ella misma es refugiada, de Alemania del Este, es hija de un pastor protestante y es una mujer inteligente que sabe que Alemania va a tener un problema demográfico y va ser adelantada por Francia en población. El resto de los países dijo que no y Merkel se echó atrás y acabó imponiendo a Turquía un pacto, logrando un “Golpe de Estado semántico” al transformar a los refugiados en inmigrantes ilegales, a quienes ya no hay obligación jurídica de ayudar. De los tres millones de refugiados que llamaban a la puerta de Europa, la Unión Europea acordó acoger a 160.000 en un plazo de dos años, tras los cuales ha acogido sólo a 13.000. El resto “vaga ilegalmente” por Grecia e Italia. El comisario europeo de Derechos Humanos acaba de reconocer el fracaso pero no propone nada, y los refugiados ni siquiera pueden salir de los campos donde se encuentran. Además, el pacto con Turquía es muy frágil porque Alemania aceptó dos cesiones que no se han cumplido: otorgar 6.000 millones de euros para ayudar a Turquía al acogimiento (y no ha llegado ni la mitad del dinero) y negociar la integración de Turquía en la UE. Para esto último, aún queda por superar una barrera de diez puntos difíciles de negociar. Erdogan, por tanto, amenaza con volver a abrir las fronteras. “Estamos en un callejón sin salida: la gente de los campos está bloqueada, no tienen solución para su futuro”.

La primera consecuencia “gravísima” de esto es la renacionalización de las potencias europeas. Francia empieza a rechazar, en lugar de dejarlos transitar libremente, a los inmigrantes que acoge Italia y pasan a su territorio. Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia deciden no aceptar las cuotas “cortando la solidaridad europea”, y hace tres semanas, Hollande propone crear una Europa de dos velocidades con seis o siete países solamente, y mientras tanto Gran Bretaña sale de la UE. “Es el fin de la política común europea, y las instituciones no saben qué hacer”. “Todo esto ocurre- señala Naïr- por la falta de un proyecto político”.

Las propuestas

Ante esta situación se abren dos posibilidades: volver atrás o ir hacia adelante, hacia una política no sólo económica, sino una Europa solidaria, confederal, “que hable con una sola voz a escala planetaria”. En su último libro, titulado como la conferencia, Naïr propone tres orientaciones, que explicó al público:

1. La Unión Europa debe dar un pasaporte de tránsito para circular libremente por la UE y “poder buscar su suerte en el mundo entero” a los sirios, afganos e iraquíes. Una solución que ya se aplicó, con el pasaporte Nansen, tras la Primera Guerra Mundial.

2. Para los inmigrantes económicos indocumentados, la situación está empeorando cada vez más, se está endureciendo. Habría que lanzar políticas de ayuda a los países fronterizos para estabilizar sus sociedades. Europa tiene una población de 550 millones y se trata sólo de cinco millones de personas. Hay que aumentar el número de visados legales. “España puede hacerlo porque hay sectores económicos que necesitan esa mano de obra”.

3. En 2008 estalló la crisis de la globalización liberal. Si no cayó del todo fue porque China la sostuvo, convirtiéndose en la principal potencia liberal del mundo. Desde entonces, “Europa no sabe dónde ir, Estados Unidos se ha vuelto proteccionista y China se ha volcado en su mercado interior”. Para Naïr, hay que invertir en los países en desarrollo y dar libertad de circulación a sus ciudadanos.

Hay tres grandes desafíos para el futuro inmediato: controlar las reglas del sistema económico, regular el medioambiente y atajar el problema del desplazamiento de las poblaciones. “En el mundo hay más de 22 millones de inmigrantes y Europa, con una vista a largo plazo, debe saber responder. Para ello necesita la participación democrática de su población”.

Nota de prensa en PDF de la conferencia el día 30 de marzo:

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LA FUNDACIÓN CÉSAR MANRIQUE CONDENA EL “ULTRAJE A CANARIAS” DE ANTONIO BRUFAU, PRESIDENTE DE REPSOL

“Lo que pasó en Canarias a mí me pareció una pena, me pareció tercermundista”. El ultraje del presidente de Repsol, Antonio Brufau, a Canarias con motivo del masivo rechazo de las Islas a las prospecciones autorizadas por el Ministerio de Industria, entonces presidido por José Manuel Soria, son merecedoras de una severa condena pública y de una inmediata petición de disculpas. Disculpas que, sin demora, debería reclamar el Parlamento de Canarias, con el Gobierno de Fernando Clavijo al frente.

Como bien se recuerda, el anterior Gobierno de Canarias, presidido por Paulino Rivero, encabezó una activa lucha de resistencia en contra del gigante petrolero, a la que se unieron amplios sectores institucionales del Archipiélago y también de la sociedad civil, con el apoyo activo de la Fundación César Manrique. Como pocas veces, la voluntad popular representada por sus instituciones y la calle caminaron de la mano en manifestaciones masivas y multitud de actos simbólicos y participativos en los que se defendió Canarias de la petrolera de Brufau y de los riesgos eventuales que instalaba en nuestras costas y en nuestra economía turística. A Antonio Brufau no le sirvió la hegemonía del dinero ni la asistencia del poder del Estado para conseguir sus propósitos de instalar plataformas en las aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura, de modo que hubo de abandonar las Islas fracasado y escarmentado o, como se dijo con algarabía en la calle, “con el rabo entre las piernas”. Al poder del dinero, las instituciones y los ciudadanos de Canarias confrontaron saberes y convicciones propias, movidos por el respeto y el cariño a las Islas, por un sentido patriótico que insulta de nuevo el presidente de Repsol.

La descalificación y la ofensa resentida de Brufau a Canarias y a sus ciudadanos representan la expresión más grosera de la arrogancia y la mentalidad colonial de no pocas multinacionales que arrasan el planeta y menoscaban el patrimonio natural de los pueblos. Su lenguaje despótico ofende la dignidad colectiva y la representatividad democrática legitimada por la soberanía popular que desde el Gobierno se confrontó a Repsol. Pero suscita también, paradójicamente, un sentimiento de satisfacción. La rabia hasta ahora contenida de Brufau, verbalizada ayer con soberbio desdén, es un claro exponente de la derrota infligida por Canarias a Repsol, un fracaso que aún no ha acabado de digerir su presidente, por desacostumbrado, cristalizado entonces en el grito compartido de “¡Brufau, go home!”. Y esa victoria conjunta de las instituciones y los ciudadanos de Canarias en defensa de su tierra, a pesar de campañas publicitarias millonarias, provoca tanto un sentimiento de orgullo propio, como de repudia del orden y las prácticas coloniales que mueven a Brufau a la hora de calificar lo sucedido de tercermundista.

A estas alturas de la historia, después de tantos estudios poscoloniales y decoloniales, podría pensarse que son las palabras y la actitud de Repsol las que suenan verdaderamente tercermundistas. Sin duda, Brufau ha acumulado méritos suficientes como para que las instituciones de Canarias —Ayuntamientos, Cabildos y Parlamento— lo declaren masivamente persona non grata, en defensa de la dignidad de las Islas que el presidente de Repsol, afectado aún “por un dolor de muelas serio”, ha pretendido contaminar como una mancha de su petróleo.

UN DICTAMEN JURÍDICO SOBRE EL PROYECTO DE LEY DEL SUELO ENCARGADO POR LA FCM A UN DESTACADO ESPECIALISTA DEL DERECHO CUESTIONA LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LA LEY POR RIESGOS DE ARBITRARIEDAD, ADVIERTE DEL AUMENTO DE LA CONFLICTIVIDAD JUDICIAL, Y SEÑALA QUE ES UNA “SINGULARIDAD” EN EL DERECHO AUTONÓMICO ESPAÑOL COMPARADO

La Fundación César Manrique ha encargado un Dictamen Jurídico sobre el Proyecto de Ley del Suelo aprobado por el Gobierno de Canarias al catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Manuel Sarmiento Acosta. El propósito es examinar los aspectos de dicho Proyecto que pudieran resultar más trascendentales y jurídicamente más controvertidos.

El Dictamen, de 80 páginas, analiza e identifica como asuntos sustantivos del Proyecto de Ley las siguientes cuestiones: la “simplificación” normativa, la ampliación de actividades y usos en el suelo rústico, la configuración y el diseño del órgano ambiental al que se le confía la evaluación ambiental de los planes, la atenuación de los controles ambientales y urbanísticos, la aprobación definitiva de los planes generales por los municipios, el debilitamiento de los planes insulares, la pérdida de competencias supramunicipales por parte de la Comunidad Autónoma y los Proyectos de Interés Autonómico e Insular.

En el Dictamen se realiza un estudio comparativo del derecho autonómico en relación a la aprobación de los planes por parte de los Ayuntamientos como plantea la actual Ley y en relación con la evaluación ambiental y el órgano ambiental al que se le confía la evaluación (supresión de la COTMAC). Se concluye en ambos casos que no hay parangón en el resto de legislación autonómica con respecto a las modificaciones introducidas para Canarias por el Proyecto de Ley que impulsa el Gobierno de Fernando Clavijo. En el primer caso, es prácticamente unánime “el criterio favorable a la atribución de la competencia de la aprobación definitiva de los planes generales a las Comunidades Autónomas, no por azar, sino como mecanismo de garantía de los interés supralocales”, en los asuntos estructurales. En el segundo caso, atendiendo al panorama comparado, las previsiones incorporadas al Proyecto de Ley se apartan de la tónica general, pues la cualificación técnica y la separación de órganos (redactor y evaluador ambiental) se muestra como indispensable exigencia.

Como conclusiones fundamentales del amplio Dictamen, pueden señalarse las siguientes:

1. No hay precedente en el derecho autonómico comparado de un modelo de ordenación del territorio como el que impulsa el Gobierno de Fernando Clavijo, y no precisamente en términos de protección del territorio, usos permitidos en suelo rústico y garantías ofrecidas por los controles preventivos que debería incorporar la Ley: “representa una rigurosa singularidad dentro del conjunto del ordenamiento autonómico” en cuanto a flexibilización de los controles.

2. La pretendida simplificación jurídico-legislativa que se persigue con el Proyecto de Ley no se consigue y, por tanto, no se supera la “maraña legislativa” actual en cuanto reunión de toda la normativa dispersa en un solo texto. Lo que se hace es simplemente, y nada menos, que plantear un modelo alternativo de ordenación territorial que entiende simplificación no como clarificación jurídica, sino como liberación de controles.

3. El Dictamen cuestiona la seguridad jurídica que resulta del Proyecto de Ley y advierte del posible aumento de la conflictividad judicial e incluso de una eventual inconstitucionalidad de la Ley por riesgos de vulneración de la regla constitucional de prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos.

4. En el Dictamen se manifiestan reservas jurídicas sobre la ampliación de usos y actividades en suelo rústico, pudiendo constituir una conculcación de la legislación estatal básica y del principio de desarrollo sostenible (art. 3 del Texto refundido de la Ley del Suelo de 2015)…”. Se deriva inseguridad jurídica e incluso eventuales implicaciones constitucionales.

5. Una de las advertencias más relevantes del Dictamen, sino la mayor, recae sobre los Proyectos de Interés Autonómico o Insular, pues se podrían considerar una “especie de dispensas singulares del planeamiento general”. Y en este punto pueden generar una controversia de calado en la perspectiva del principio constitucional de la igualdad de trato: “constituyen caldo de cultivo propicio para la irrogación de situaciones arbitrarias y no puede causar sorpresa que en otras Comunidades Autónomas se hayan producido importantes anulaciones en sede judicial respecto de instrumentos de similares características, incluso, dotados de menor alcance (sendas Sentencias de 29 de enero de 2014 2940/2011, así como otras cinco más recientes de 18 de mayo de 2016, todas a ellas a propósito de distintas actuaciones turísticas proyectadas –y hasta en parte culminadas, con todos los problemas ulteriores asociados a ello– en Extremadura y Valencia)”.

Más allá de los aspectos concretos sometidos a análisis individualmente, el Dictamen jurídico pone en cuestión el modelo en su conjunto que plantea el Proyecto de Ley, destacando los efectos de debilitamiento del control legal que la acumulación de unos y otros cambios proyectan sobre el conjunto: “Y es que, en efecto, reducidos los controles preexistentes a la mínima expresión, no cabe duda de que de este modo los riesgos connaturales al modelo se incrementan. La ordenación urbanística y territorial menos a resguardo queda así a la sombra de la arbitrariedad. Y si ello es así tampoco es difícil vaticinar que, como medio de compensar la reducción de controles preventivos, pueda venir a intensificarse el ejercicio del control judicial […] Así que se nos antoja también que esa seguridad jurídica que en principio podría considerarse igualmente el motor que alimenta y anima la reforma proyectada a la postre pueda situarse más en su contra que a su favor”.

DESTAQUES de observaciones contenidas en el Dictamen jurídico

1. “Lisa y llanamente, de lo que se trata es de establecer un modelo alternativo de ordenación territorial y sustantiva en sustitución al precedente”.

2. En cuanto a la pretendida “simplificación”: “El Proyecto de Ley del Suelo objeto de esta consulta, en suma, no contribuye a superar la actual maraña legislativa existente en este sector del ordenamiento jurídico, lo que constituye una de sus características más representativas; puesto que, como acabamos de constatar, se mantiene en líneas generales la convivencia en el mismo de normativas sumamente heterogéneas y dispares”.

3. “La simplificación es entendida como liberación, esto es, como reducción (o supresión) de los controles que concurren en el sector”.

4. En el Dictamen se hace un estudio comparado en cada una de las diferentes regiones autónomas en relación con el control territorial por parte de los gobiernos regionales, concluyendo que ninguna va tan allá en el debilitamiento de las competencias autonómicas como lo hace Canarias con esta nueva Ley: “Casi es unánime […] el criterio favorable a la atribución de la competencia de la aprobación definitiva de los planes generales a las Comunidades Autónomas, no por azar, sino como mecanismo de garantía de preservación de los intereses supralocales”.

5. Sobre el Informe único emitido por la administración autonómica que sustituirá a la aprobación definitiva de los planes, el Dictamen manifiesta que es insatisfactorio: “la emisión de un informe solamente sectorial, o de un único informe (sectorial) que comprenda la suma de todos los sectores concernidos (aguas, carreteras, comunicaciones, energía, etc.), no sirve a los efectos pretendidos de salvaguardia de los intereses supralocales, porque la ordenación del territorio no es la suma de tales competencias, sino algo más, y se encamina a velar por el equilibrio del territorio y corregir sus desigualdades”.

6. “La regulación que plantea el PL menoscaba y priva de cualquier efectividad a la competencia autonómica reconocida estatutariamente en materia de ordenación del territorio”.

7. “Los municipios en ningún caso son las instancias territoriales precisamente idóneas para velar por la salvaguarda de unos intereses que los trascienden (los intereses supralocales), de manera que no cabe desapoderar por entero a la propia Comunidad Autónoma del ejercicio de dicha competencia”.

8. Sobre la Evaluación Ambiental y el Órgano ambiental que sustituirá a la COTMAC. Tras realizar un estudio comparativo con el resto de comunidades autónomas, el Dictamen señala que la opción del PL “se aparta de la tónica general” seguida en las diferentes legislaciones autonómicas: “la regulación que propone el PL no satisface las exigencias requeridas, no solo en este caso por el hecho de venir sin más a disponer la atribución de las facultades de evaluación de impacto ambiental a los municipios en sí misma considerada […], sino también, y sobre todo, por la inadecuación y falta de garantías de los órganos a los que habría que asignar el cometido de la evaluación ambiental estratégica en su esfera interna…”.

9. En cuanto al radical tratamiento liberalizador del suelo rústico, el Dictamen constata que es “evidente que experimentan una notable ampliación los usos permitidos, una verdadera ‘liberalización’ de usos y actividades, desde luego y sobre todo, si se compara este régimen con el que originalmente tenía la Ley de Ordenación del Territorio de 1999, pero también aún más allá de ello. Así lo manifiesta con meridiana claridad el importante Dictamen 244/2016, de 2 de agosto, del Consejo Consultivo de Canarias”.

10. El Dictamen considera que el “exceso” que se aprecia en los usos previstos en el suelo rústico, “que exceden del uso normal u ordinario del suelo rústico”, desde un punto de vista jurídico-formal “constituye incluso una conculcación de lo previsto para este tipo de suelo en la legislación básica estatal”.

11. “En nuestra opinión, esta enorme e inusual extensión del ámbito del uso complementario junto a la cláusula abierta que se ha transcrito (‘cualesquiera otro uso o actividad’) implican de facto un desequilibrio evidente en favor de la explotación puramente económica en detrimento de la protección del medio ambiente, y, por tanto, una vulneración del principio de desarrollo sostenible (art. 3 del Texto refundido de la Ley del Suelo de 2015)…”.

12. Las nuevas categorías de suelo rústico y la ampliación de uso en el PL “puede incluso no estar exenta también de implicaciones constitucionales directas. Porque las competencias estatales en efecto pueden venir a quedar comprometidas”.

13. Los cambios de uso en suelo rústico “pueden repercutir también sobre su coste encareciendo los modos de adquisición de esta clase de suelo por ejemplo a efectos expropiatorios o su valoración en operaciones redistribuidoras” e incluso “podría sostenerse también que el suelo rústico incorpora y de por sí una expectativa de uso y destino”.

14. El Dictamen muestra también su sorpresa por la “deslegalización” que propician los artículos 330.2, 331.3, 332.2 y 333.3, pues a través de un mero Decreto el Gobierno de Canarias podrá “modificar la relación de actuaciones sujetas a licencia o comunicación previa o que estén exentas”, “algo que puede plantear cierta inseguridad acerca del ámbito del intervencionismo administrativo…”.

15. El inequívoco efecto combinado de diversas normas del PL “supone una merma de la protección que se le dispensa al suelo rústico en sus distintas categorías”.

16. Sobre los Planes Insulares de Ordenación, en el Dictamen se apunta que “se observa una drástica reducción de lo que constituye el contenido urbanístico que le era propio conforme a la normativa precedente. En línea en este caso, sin duda, con la tendencia iniciada en la Ley 14/2014, el recorte del alcance de estos instrumentos de planeamiento territorial es palmario”. Se le atribuye al Plan Insular “un contenido antes directivo que operativo”.

17. El Dictamen se detiene en “la figura estrella del Proyecto de Ley”: los Proyectos de Interés Insular y Autonómico, a los que se les asigna “prevalencia sobre el planeamiento insular y municipal!”, el cual habrá de adaptarse a ellos. Y se añade: “de la forma en que están previstos en el Proyecto de Ley, los Proyectos de Interés Autonómico o Insular no se ajustan a la legislación básica”.
18. Una de las advertencias más relevantes del Dictamen, sino la mayor, recae sobre los Proyectos de Interés Autonómico o Insular, por la inseguridad jurídica que proyectan hacia el futuro, pues se podrían considerar una “especie de dispensas singulares del planeamiento general”. Y en este punto pueden generar una controversia de calado en la perspectiva del principio constitucional de la igualdad de trato.

19. Según el Dictamen y citando jurisprudencia, los Proyectos de Interés Autonómico o Insular “constituyen caldo de cultivo propicio para la irrogación de situaciones arbitrarias y no puede causar sorpresa que en otras Comunidades Autónomas se hayan producido importantes anulaciones en sede judicial respecto de instrumentos de similares características, incluso, dotados de menor alcance (sendas Sentencias de 29 de enero de 2014 2940/2011, así como otras cinco más recientes de 18 de mayo de 2016, todas a ellas a propósito de distintas actuaciones turísticas proyectas –y hasta en parte culminadas, con todos los problemas ulteriores asociados a ello- en Extremadura y Valencia)”.

Síntesis del Dictamen jurídico:

fcm sintesis dictamen ley suelo

Dictamen jurídico completo:

dictamen fcm proyecto ley del suelo

LA FUNDACIÓN CÉSAR MANRIQUE PRESENTA ENMIENDAS PARCIALES A LA LEY DEL SUELO ANTE LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANARIAS

El Parlamento de Canarias anunció en noviembre de 2016 la puesta en marcha de una plataforma ‘online’ de participación en el procedimiento legislativo “para permitir a los ciudadanos y ciudadanas enriquecer el debate sobre los proyectos o proposiciones de ley con sus ideas y comentarios, propuestas que podrán ser asumidas por los grupos parlamentarios y que, llegado el momento, podrán ser incorporadas al texto final a través de las enmiendas al articulado presentadas por los diputados y diputadas…”.

Aunque la Fundación César Manrique (FCM), entre otras organizaciones, ha solicitado la retirada del Proyecto de Ley del Suelo y la redacción de una nueva Ley que compatibilice la protección de la naturaleza con el desarrollo económico y humano, que sea respetuosa con el territorio y con la cultura territorial de las Islas, sin embargo ha participado en el proceso de enmiendas parciales para contribuir a evitar daños irreversibles.

En respuesta a la iniciativa de participación del Parlamento canario, la FCM, entre cuyos objetivos fundacionales se encuentra desarrollar actividades que favorezcan tanto la conservación del medio natural como su transformación sostenible y la ordenación del territorio, en particular en Lanzarote y Canarias, presentó un escrito de 44 páginas con 94 enmiendas parciales a la Ley del Suelo, dirigido a la Mesa del Parlamento para que fueran distribuidas entre los grupos políticos con representación parlamentaria. Dichas enmiendas —de supresión de artículos, de modificación en la redacción, o de adición de apartados, artículos o epígrafes aclaratorios— van acompañadas de su justificación y están orientadas a aminorar los impactos negativos que el actual texto de la Ley del Suelo provocaría sobre el territorio de Canarias de aprobarse en los actuales términos.

Más de una decena están dedicadas a lo que en la Ley del Suelo se refiere al suelo rústico y a los asentamientos rurales: el mantenimiento y la conservación como deber del propietario; la delimitación y ordenación de los asentamientos rurales; de adición de usos prohibidos; modificación en cuanto a usos ordinarios, usos residenciales, usos complementarios, usos autorizables y límites de actividades autorizables en suelo rústico. Se presentaron tres enmiendas destinadas a los principios de ordenación de usos del suelo que incluyen la voluntad de mitigar el calentamiento global.

Otra decena de enmiendas está referida al planeamiento insular, motivadas por el propósito de reforzarlo frente al debilitamiento que propugna la Ley del Suelo. Así se defiende la potestad de los planes insulares para la ordenación de los recursos naturales y para delimitar los sectores de suelo urbanizable. La FCM incluye asimismo enmiendas de adición con la finalidad de que el planeamiento insular tenga competencias para reclasificar como suelo rústico un suelo previamente clasificado como urbanizable o para atribuir nuevas categorías a los suelos rústicos; y también para que sean los planes insulares los que definan el modelo territorial y las zonas reservadas a usos turísticos así como su delimitación.

Se defiende que las competencias municipales tengan menor rango que las autonómicas, y se insta a que el organismo encargado de la redacción de la evaluación ambiental de los instrumentos de ordenación no recaiga sobre la Administración municipal redactora sino que se sitúe en un ámbito jerárquico superior de carácter autonómico.

Una parte importante de las enmiendas presentadas por la FCM combate los denominados proyectos singulares de interés regional e insular, o sea instrumentos excepcionales al margen del planeamiento, procurando limitar su alcance, con efectos perniciosos para el suelo rústico y la construcción dispersa. Se plantean enmiendas de modificación que supriman determinadas actuaciones previstas en la Ley del Suelo, como las deportivas, sanitarias y turísticas. Se propone la reducción de los proyectos singulares a la iniciativa pública suprimiendo la privada; y se incluyen propuestas de modificación para que determinados proyectos lleven implícita la declaración de utilidad pública, interés social, necesidad de ocupación o carácter de urgencia.

Casi una veintena de las enmiendas planteadas por la FCM están relacionadas con los Espacios Naturales Protegidos de la Red canaria y los Espacios Naturales que forman parte de la Red Natura 2000 europea. La FCM defiende que la ordenación de los espacios naturales prevalezca en cualquier circunstancia sobre la planificación sectorial; presenta modificaciones para que fondos económicos insulares se destinen a actuaciones de regeneración y reforestación; otras, relacionadas con artículos de la Ley del Suelo que permiten establecer usos como residencial, siendo inadecuado e incompatible, a juicio de la FCM en Parques y Reservas Naturales. Hay enmiendas de modificación y de supresión en las que se justifica que la competencia para formular los instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales, así como la modificación y aprobación de dichos instrumentos debe recaer en el Gobierno de Canarias y no en los Cabildos. Del mismo modo, se propugna que la ordenación urbanística municipal esté supeditada a la ordenación ambiental, y se agregan enmiendas de adición en las que se determina que se deben incorporar a la Ley del Suelo las infracciones y las sanciones que se deriven de las indisciplinas urbanísticas cometidas en espacios naturales de la Red canaria y de la Red europea.

Finalmente, hay enmiendas de supresión y adición dirigidas a incluir en la Ley del Suelo la vigencia de las Directrices de Ordenación General. Otras enmiendas hacen referencia a la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, al planeamiento del suelo urbano, al cómputo de la dotación mínima de espacios libres por habitante… Y sugerencias relacionadas con la accesibilidad a los servicios de la Administración para disminuir la movilidad y la emisión de gases.

La Fundación César Manrique considera que la Ley del Suelo elaborada por el Gobierno que preside Fernando Clavijo es un proyecto indeseable para Canarias que tendrá efectos nocivos tanto para el paisaje como para la ordenación del territorio y la calidad de vida de los ciudadanos de las Islas. Por ello, continúa solicitando su retirada para abordar un proceso participado y una nueva redacción, sobre nuevas bases, que no le dé la espalda a la cultura territorial de las islas, atienda al cambio climático, a la racionalidad territorial y a la capacidad de carga, y anteponga la identidad del paisaje, los recursos naturales y la sostenibilidad de las Islas a los intereses abusivos y especulativos del dinero.

El documento íntegro de enmiendas puede ser consultado aquí:

enmiendas fcm a ley suelo canarias

LA FUNDACIÓN CÉSAR MANRIQUE RECHAZA LA INSTALACIÓN DE 53 TORRETAS PARA EL TENDIDO ELÉCTRICO DE ALTA TENSIÓN QUE PROMUEVE RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA EN YAIZA, POR SU ALTO IMPACTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO

La Fundación César Manrique (FCM) considera que el proyecto promovido por Red Eléctrica Española (REE) “Línea Aéreo Subterránea a 132 Kw Doble Circuito Nueva Subestación 132 Kw Mácher – Nueva Subestación 132 Kw Playa Blanca”, que pretende instalar 53 torres de entre 29 y 50 metros de altura, entre Mácher y Playa Blanca a través de Femés y afectando al Monumento Natural de Los Ajaches, es una iniciativa inaceptable para Lanzarote, que atenta gravemente contra su patrimonio paisajístico y natural.

El proyecto del cableado eléctrico de REE, autorizado por el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, dirigida por el lanzaroteño Erasmo García, tiene, a juicio de la FCM, un impacto demoledor sobre la singularidad paisajística y ambiental de Lanzarote, una de las señas más significativas y reconocibles de la identidad insular y de gran valor añadido para su imagen turística.

La defensa de la idiosincrasia del paisaje y la naturaleza de la isla ha sido una constante histórica de la sociedad insular a lo largo de los últimos lustros. Signo de su esfuerzo por mantener y conservar el patrimonio cultural y natural de la isla. En la búsqueda de ese objetivo colectivo, a lo largo del tiempo Lanzarote ha impulsado distintos mecanismos de protección que hoy son ignorados por el proyecto mencionado. Una trayectoria de defensa del territorio de la que es expresión un texto de denuncia César Manrique escrito en 1982, donde critica duramente intervenciones desafortunadas en el paisaje insular por acciones parecidas a las que hoy nuevamente nos amenazan:

“Todo lo realizado en la isla por empresas estatales, como las escuelas que deberían haber sido modélicas en el entorno de la isla; Unelco compañía dependiente del Estado, que ha sembrado de torres metálicas, de tubos de hierro galvanizado, de pantallas espantosas, de cables, produciendo un verdadero destrozo del patrimonio arquitectónico-popular, paisaje, etc., y la Telefónica con verdaderas hileras de postes horrendos […], cuando todo esto adultera y estropea al país entero, sobre todo en las islas cuya economía se basa en la industria del turismo que como atractivo tiene su propio paisaje y el pintoresquismo de sus bellos pueblos. Todo esto se podría haber hecho fácilmente subterráneo […]”

El desafortunado proyecto de REE, impropio para una isla como Lanzarote, que cuenta con la aprobación del Gobierno de Canarias y la oposición del municipio afectado y de distintos actores de la sociedad insular, merece un rechazo sin paliativos por su insensibilidad paisajística y su brutalidad. Una intervención más, que responde a la lógica de la nueva Ley del suelo proyectada por el ejecutivo autonómico: obviar cualquier atisbo de estimación de su impacto en el territorio y ponderar de manera equilibrada las acciones que faciliten el bienestar socioeconómico de la isla y la protección del medio.

Parece razonable pensar que en una isla Reserva de la Biosfera y pionera en el Estado en compatibilizar la protección de la naturaleza con el desarrollo económico y humano, cualquier proyecto que tenga incidencia en un territorio, tan frágil y vulnerable como el de Lanzarote, debería tomar en consideración la minimización los posibles impactos negativos. Así, para justificar el agresivo proyecto programado por REE se recurre a la manoseada excusa de la necesidad de garantizar el suministro eléctrico sin contemplar soluciones alternativas que tiendan al impacto visual cero.

Por los motivos expuestos, la FCM quiere manifestar públicamente su rechazo al proyecto del tendido eléctrico que pretende implantarse a lo largo de 14 kilómetros de la superficie de la isla. Insta, asimismo, a las instituciones insulares y al Gobierno de Canarias a que pongan en activo el compromiso asumido en su día de defender el soterramiento del tendido, solicitando la paralización del mismo y hace un llamamiento a la sociedad civil para que exprese su desaprobación y se movilice en contra de este proyecto grosero que degrada el patrimonio natural y paisajístico de Lanzarote.

PDF Nota de prensa, 12 de enero:

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Yayo Herrero: “Es crucial asumir el decrecimiento de la economía porque con la lógica del crecimiento no vamos a dar la vuelta a la situación”

La FCM acogió el día 10 de noviembre la presentación del libro “La gran encrucijada: sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico”, escrito por Fernando Prats, Yayo Herero y Alicia Torrego. Los dos primeros lo presentaron en Taro de Tahíche, junto a Gómez Aguilera.

“Estamos ante un gran libro”, señaló en su primera intervención Fernando Gómez Aguilera, director de la Fundación César Manrique: “No es un libro más sobre ecología, es una aportación de alcance”. Un libro de “análisis estratégico”, escrito “con luces largas”, que “apuesta por una nueva Ilustración” y que “se fundamenta en una racionalidad ética, ecológica y científica muy solvente. Un aldabonazo a las conciencias de quienes toman las decisiones”. El director de la FCM calificó la publicación de “ambiciosa”, porque advierte del riesgo de colapso civilizatorio y de cómo se podría prevenir desde una perspectiva ecosocial; y de “oportuna”, porque aparece en un momento de cambio de ciclo histórico, cuando decimos adiós a un mundo, y es urgente pensar cómo afrontar los desafíos del mañana inmediato. El libro propone un escenario, “intenta dibujar un futuro allí donde no vemos”, elabora una “agenda-país” y aborda “la necesidad de construir un imaginario social que permita el cambio”, apuntó. Es un libro “anticapitalista y ecosocialista”, que incorpora a sus planteamientos la dimensión sociopolítica.

Prats comenzó su intervención confesando que había dedicado tres años de trabajo al libro y que es el primero que escribe, después de cientos de informes. La publicación se puede descargar gratis en la Red y nace con la vocación de resultar útil y la voluntad de responder al principal reto de la Humanidad, que es la crisis ecológica (https://www.fuhem.es/Landing_LaGranEncrucijada/lan_LaGranEncrucijada.html). Fernando Prats destacó que gira sobre tres ideas centrales. La primera habla del cambio de ciclo histórico, con la singularidad de que, por vez primera, la Humanidad se enfrenta al desbordamiento de los ciclos y los sistemas naturales por la presión humana. Esa lógica de crecimiento indiscriminado nos conduce al colapso que, en realidad, ya ha comenzado, algo que los líderes políticos mundiales reconocen. Prats se preguntó y se respondió: “¿Estamos a tiempo de evitar una crisis mundial?”. “Estamos en el borde”, porque el proceso está en marcha y es difícilmente gobernable. “Pero vamos a intentarlo, porque no es lo mismo un aumento de 1,5 grados centígrados que de 2, 3 o 4 grados”.

La segunda cuestión que planteó está relacionada con la necesidad de cambiar de paradigmas. “No se puede resolver un problema actuando con las mismas lógicas que han creado ese problema”, señaló. Así que se necesita una democracia más rica y fuerte y hacer más caso a los poetas que a los analistas para que la sociedad vea la necesidad de ese cambio. Comparó la situación actual con la de Atenas hace veintiséis siglos, una Atenas en la que se vivía cómodamente, pero que estaba asediada por los persas. Gracias a los poetas y a Temístocles se llevó a cabo el sacrificio de abandonarla para refugiarse en Salamina y ganar la batalla: “Los avances científicos y técnicos son imprescindibles para resolver el problema, pero no son suficientes”. “No podremos cambiar si no cambiamos los mecanismos sociales”, señaló Prats. En definitiva: hay que poner en cuestión esta sociedad. Hay que abandonar Atenas.

El tercer problema es el tiempo, porque si no se hace la transición a un nuevo modelo, una transformación de fondo, antes de mediados de siglo, “se nos habrá ido de las manos”. Hay que abordar diez objetivos y hay que cumplirlos todos para no seguir sobrepasando los límites: el cambio en el modelo energético, la recuperación de los ciclos de agua, los bosques, la adaptación humana al cambio climático, el problema de los refugiados… ACNUR calcula que en 2050 habrá mil millones de refugiados climáticos “que además no tendrán adónde volver”.

Yayo Herrero habló de un “naufragio antropológico”, de una crisis global provocada por una cultura que es ajena “a considerar que la vida humana transcurre dentro de la Naturaleza e incluso ajena a que la vida está inserta en cuerpos”. Una “cultura antropocéntrica ciega, porque si sólo fuéramos antropocentristas no pondríamos en riesgo las bases materiales que sostienen la vida”. “La vida humana -señaló Herrero- no es una certeza, es una posibilidad, y, a pesar de la gravedad de la crisis civilizatoria, sigue invisible en el plano social y político”. Sin embargo, hay una correlación clara entre el deterioro de la Naturaleza y la quiebra de las condiciones de vida de las personas, por lo que “no podremos afrontar los problemas de la desigualdad si no afrontamos antes los problemas ambientales”. Frente a esta situación, los populismos o nuevos fascismos analizan mejor la sociedad desde su perspectiva. “Cuando afirman que ‘no cabemos todos’, son conscientes de lo que dicen, mientras que la socialdemocracia hace propuestas sin análisis y se basa en seguir generando bienestar con un crecimiento económico que ya no va a ser como antes”. Según Thomas Piketty, el crecimiento será del uno por ciento, siempre y cuando se descubran nuevas formas energéticas. Por este motivo, “es crucial asumir cuanto antes el decrecimiento de la esfera material de la economía, porque con la lógica del crecimiento no vamos a dar la vuelta a la situación”. Herrero destacó que esta posición del decrecimiento, de volver a la idea de ecodependencia, no está en el análisis de los partidos y no se defiende en un escenario electoral. Hay corrientes que sostienen que no se puede contar esto porque el miedo bloquea. “A los ciudadanos hay que contarles las cosas como son”, dijo. “La democracia no es la gestión de los derechos individuales, sino la gestión de los límites” y hay que modificar muchos conceptos, incluido el de libertad. Para Herrero, “todos esos debates deben ser centrales y, o tenemos personas que quieran los cambios o va a ser imposible hacerlos”. “El miedo -aseguró- es una emoción que sirve para enfrentarse a circunstancias hostiles; solo paraliza cuando no se sabe hacia dónde hay que correr, pero, cuando se sabe hacia dónde, es una emoción muy valiosa”. “No se me ocurre mejor tarea que abordar el colapso de forma humana y sin pelearnos como animales, porque el colapso no será un clic sino un proceso, y estamos obligados a mostrar vías hacia las que se pueda correr”, concluyó.

En el debate posterior a las intervenciones se planteó, entre otras, la pregunta, sin respuesta, de quién es el nuevo sujeto histórico que sustituye a la clase obrera en el cambio de ciclo histórico o si queda tiempo para construir ese nuevo sujeto ante un reto que necesita los cambios de forma inmediata.

PDF Nota de prensa información presentación del libro, 10 de noviembre:

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Paulino Rivero: “No recuerdo una norma tan aplaudida a rabiar por las organizaciones empresariales. Si esta gusta tanto a los poderes económicos no puede ser buena socialmente”

El ex presidente del Gobierno de Canarias critica en la FCM el proyecto de Clavijo: “La Ley del Suelo va a generar más problemas de los que va a resolver porque el crecimiento económico inmediato será un lastre en el futuro”

“La Ley del Suelo es la de mayor alcance en cuanto a su poder de condicionar el futuro de Canarias”, señaló el director de la Fundación César Manrique, Fernando Gómez Aguilera, al inicio de la mesa redonda “¿Ley del suelo? Canarias no es un solar. Presidentes por un territorio sostenible”, en la que participaron dos ex presidentes del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero y Román Rodríguez, y un ex presidente del Cabildo de Lanzarote, Enrique Pérez Parrilla. Asistieron al acto, en la sede de Taro de Tahíche, el actual presidente del Cabildo lanzaroteño, Pedro San Ginés; la ex consejera del Gobierno de Canarias, Inés Rojas; el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo; y la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, entre otros cargos públicos. Gómez Aguilera aseguró que esta Ley supone una amenaza porque plantea un modelo de crecimiento insostenible, “al servicio de la oligarquía económica”: “Esta es la Ley de lo que no se puede, donde no se puede, para los que siempre pueden”, dijo.

Paulino Rivero comenzó su intervención reconociendo que existe un consenso en que hay que llevar a cabo una agilización, una simplificación administrativa. “Creo en Canarias —aseguró— como país, como patria, y esta Ley no refuerza la idea de cohesionar Canarias sino todo lo contrario. Ayuda a dispersar, a desintegrar, lo que es un proyecto común en el Archipiélago”. También consideró que la Ley no apuesta por una Canarias sostenible y aludió “al desequilibrio entre la capacidad que tiene nuestra economía para generar empleo y nuestra población”. Recordó que, en 2004, se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Canarias la “Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020”, respaldada por la Unión Europea, en la que se definen los sectores estratégicos a impulsar para activar y diversificar la economía “y se descartaba la construcción” por ser un depredador de suelo, mientras que la Ley del Suelo quiere activar la construcción de nuevo. Según Rivero, en el Archipiélago hay posibilidad de mantener los 140.000 empleos que genera el sector de la construcción, pero con la rehabilitación. Destacó, no obstante, que si la Ley permite construir hoteles en suelo rústico, “va a ser esa la reorientación de la inversión empresarial y no la rehabilitación”. También aseguró que está a favor del control público de los sectores claves como el territorio, y que la apuesta de esta Ley es “ultraliberal”. Señaló que es un defensor del paisaje “como valor añadido al turismo, un sector estratégico, y la Ley no protege el paisaje porque permite el desarrollo en suelo rústico”. Al final de su primera intervención, destacó que él es un “municipalista y cabildista convencido”, pero que entre las competencias que deben pasar a instancias superiores están las del territorio evitando así las presiones más inmediatas en el ámbito municipal.

Más tarde afirmó que la Ley está hecha con buena voluntad “pero va a generar más problemas de los que va a resolver porque el crecimiento económico inmediato será un lastre en el futuro”. Comparó esta situación con las protestas en toda Canarias contra el petróleo y dijo que no es coherente luchar contra el riesgo del petróleo y apostar ahora por consumir suelo, que es un bien no renovable. Terminó sus intervenciones diciendo que no recuerda “una norma tan aplaudida a rabiar por las organizaciones empresariales. Si esta gusta tanto a los poderes económicos, no puede ser buena socialmente”.

Román Rodríguez aseguró que “a Paulino le costó el puesto el petróleo”, y recordó protestas medioambientales en Canarias, como las de El Rincón, Veneguera o Vilaflor, y dijo que “la Ley del Suelo está muy por encima de cualquiera de esas protestas”. Destacó que la Ley “se ha hecho en los despachos de los juristas de cabecera y se ha construido al margen del análisis, del diagnóstico, y de la participación”, y que no le han gustado ni las formas ni el procedimiento para disponer de un calendario tranquilo, tener tiempo y escuchar a todos (políticos, expertos, empresarios, sindicatos, ambientalistas…) al contrario que en el País Vasco, donde van a revisar sus Directrices, con un plan de diagnóstico y un plan de participación ciudadana durante tres años. Aseguró que ninguna ley modifica por sí sola la economía porque el problema es estructural, y criticó que se usen elementos emocionales para buscar apoyos a la Ley, como la aparente protección de agricultores o ganaderos. Dijo, igualmente, que la Ley “tiene un 85 por ciento de cosas buenas” porque compendia leyes elaboradas en los últimos 35 años pero otras van a tener efectos muy nocivos: la Ley “renuncia al proyecto común de Canarias” porque desmantela las competencias sobre el territorio —competencia exclusiva de nuestro Gobierno de Canarias—, deroga las Directrices y elimina la Cotmac. Según el presidente de Nueva Canarias, “no va a haber control de legalidad previo porque se deja todo el poder a los ayuntamientos, que no tienen estructura ni capacidad para afrontarla y acabará todo en manos de los tribunales, que no son ágiles: no será Canarias un solo pueblo, sino Canarias 88 pueblos”, afirmando que no es la construcción nacional de Canarias sino la construcción cantonal de Canarias. “Esta Ley apuesta por el urbanismo de proyectos en lugar de por la planificación, que es una conquista de la democracia”.

Alertó de que en suelo rústico se va a poder hacer cualquier proyecto (hoteles, instalaciones turísticas, instalaciones industriales, equipamientos de ocio…) y de que el turismo desplazará en ese suelo a las actividades tradicionales: “es cuestión de años porque hay demanda turística de sobra”. Criticó que Clavijo promueva esta Ley cuando ha sido incapaz de aprobar un Plan General en La Laguna, ciudad de la que fue concejal de Urbanismo y alcalde los últimos ocho años. Sobre la posibilidad de retirar o enmendar la Ley, afirmó que la votarán CC, PP y PSOE con alguna mejora poco significativa, y que esta Ley, junto con la Ley de las Islas Verdes y la Ley Turística en tramitación, que elimina todo tipo de restricción sobre los suelos calificados, se convierten en “una bomba nuclear”.

Por su parte, Pérez Parrilla empezó su intervención señalando que “no hemos aprendido nada” porque “cuando casi era doctrina la contención del territorio, llega el proyecto de Clavijo, que no cuenta con nadie; parece increíble que esto esté pasando en 2016”. Aseguró que el hecho de que los ayuntamientos no vayan a tener capacidad para afrontar la Ley está pensado a propósito “porque hay grupos empresariales que tienen más abogados que funcionarios hay en un ayuntamiento” y, a base de querer eliminar las trabas administrativas, “en Canarias va a ser más fácil actuar sobre el territorio que abrir un bar”. “El suelo no va a resolver nuestros problemas”, defendió, apuntando que los que facilitaron la burbuja inmobiliaria son los mismos que están presionando para que se apruebe esta Ley, que acabará con la eficacia de los planes insulares.

Gómez Aguilera leyó un texto y una breve carta, enviados para la ocasión, del ex presidente del Cabildo de El Hierro, Tomás Padrón, que había sido invitado a la mesa redonda, pero que finalmente no pudo asistir, en los que señalaba que la Ley está hecha “sin alma canaria y con corazón de euro”, y se preguntaba si en Canarias se quiere un turismo basado en el hormigón o en el paisaje y si la Ley prevé algo sobre la innovación o la soberanía energética. Añadía en su escrito que “cuesta comprender las prisas y la falta de debate social cuando vemos en la prensa que batimos cada año records de turistas”.

El director de la FCM también planteó que Clavijo paradójicamente asocia una Ley estructural a la coyuntura y las oportunidades económicas actuales y se preguntó si “en unas islas hiperdesbordadas es necesaria esta ley desarrollista y neoliberal”, que “calca la Ley del Suelo de Aznar de 1997”, para reorientar la economía canaria. Reconoció que hay problemas administrativos y legislativos que hay que solucionar, pero que la Ley del Suelo desborda esos problemas y encubre un cambio radical del modelo de gestión sostenible del territorio consensuado en la Islas iniciada desde la creación de la Autonomía. Ahora, “la receta del grupo de Gobierno es la desregulación, la liberalización y un crecimiento sin límites porque el objetivo es llegar a veinte millones de turistas”.

PDF Nota de prensa información mesa redonda Presidentes por un territorio sostenible, 3 de noviembre:

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“La unión entre César Manrique y Pepín Ramírez supuso una operación de capitalización patrimonial de Lanzarote”

El presidente de la Fundación César Manrique (FCM), José Juan Ramírez, repasó la trayectoria profesional y personal de Juan Marrero Portugués, y expuso la primera anécdota histórica de la noche, relatada en el libro por el autor, como testigo directo: César Manrique y Pepín Ramírez hablaban de hacer algo único en el mundo, en Jameos del Agua y Marrero pensó: “Yo sabía que los artistas están locos, pero Pepín parece que está igual o más loco que él”.

El día 20 de octubre de 2016, Marrero presentó en Taro de Tahíche el libro, editado por la FCM, titulado “César Manrique y Pepín Ramírez. Dos líderes canarios en su contexto histórico”, con prólogo del director de la FCM, Fernando Gómez Aguilera, que comenzó su intervención pidiendo al público que leyera el libro porque es “excepcional y sorprendente”. Señaló que no se trata de un libro de historia sino de “buena literatura memorialista”, un “libro de autor”. El prologuista calificó a Marrero como una fuente de indudable valor, ya que fue testigo y protagonista de una época en una sociedad en plena transformación: entre un mundo que agonizaba y otro que comenzaba a nacer.

“El verdadero protagonista del libro es el autor”, señaló Gómez Aguilera, “su talento como narrador y su mirada que desnuda a la sociedad”. Destacó también su curiosidad cultural, su memoria vigorosa y matizada, y su capacidad para valorar y dar un testimonio “capaz de ordenar, jerarquizar y articular una visión, con singular fuerza literaria”. El autor desembarcó en una ciudad de Arrecife dominada por “una sociedad conservadora, caciquil y clasista, estrangulada por las carencias”, pero halló también “un pueblo alegre, hospitalario y con dignidad”. Marrero Portugués conoció a la perfección el funcionamiento de la sociedad insular y supo identificar “cuáles eran las decisiones más relevantes”.

Para el prologuista y presentador del libro, Marrero Portugués ofrece “un proceso de recapitulación de sus recuerdos de Lanzarote”. El autor llegó a la isla en 1952, cuando acababa de cumplir veintitrés años, y permanece hasta 1957. Se instaló en Arrecife, comisionado por la Caja Insular de Ahorros para implantar su primera oficina en la isla. Se encontró un panorama “desolador”. “Da noticia de la sociedad insular de mediados del siglo pasado y de la profunda transformación que comenzó a sufrir a partir de 1960, de la mano de César y de Pepín Ramírez. Cuenta un extraordinario proceso de ruptura en Lanzarote. Una época clave”, indicó.

A la hora de abordar el contexto de la época ─continúa Gómez Aguilera─, Marrero Portugués, muy cercano a los protagonistas del libro y actor político en aquellos momentos, “recupera fragmentos de una tradición viva que rememora con familiaridad, recala en la cotidianidad local, resucita con viveza emocionante innumerables personajes devorados por el olvido”. Y recuerda: “La óptica general deriva de las élites locales, se perfilan los rasgos de un cosmos burgués reducido, en el que el autor se integra. Un pequeño universo también disuelto en la penumbra de la Historia, pulverizado, que el autor rescata. No disponíamos de esta perspectiva por escrito hasta ahora”.

El presentador del libro se detuvo también en glosar la personalidad y las aportaciones de Pepín Ramírez y de César Manrique, cuyo fuerte vínculo entre ambos “desentraña, además de exponer las aportaciones de cada uno, complementarias. Un tándem imbatible”. Y añadió: “Según señala Marrero Portugués, el gran mérito de Pepín fue haber involucrado a César en el devenir de su querida isla de Lanzarote, para llevar a la realidad lo que solo estaba en la imaginación del gran artista”.

De José Ramírez Cerdá, según señaló el director de la FCM, el autor destaca sus virtudes -la principal su patriotismo insular-, y profundiza en tres factores decisivos: el duro debut como presidente del Cabildo, institución a la que proporcionó un saneamiento económico y moral; el impulso a la obra pública; y su renovado contacto con Manrique, que le ofrece “las semillas de una revolución”.

De César Manrique recordó que Juan Marrero señalaba en su texto que era “la única persona capaz de influir en Pepín”. Manrique, indicó Gómez Aguilera, aportó la visión moderna que no existía en la isla entonces, “vio la naturaleza como cultura y renovó la mirada sobre el lugar”. Y, tras referirse a los numerosos colaboradores de calidad con los que César y Pepín contaron en el proceso de transformación de la isla, Gómez Aguilera concluyó: “César creía en la cualidad estética de la isla y en su futuro especial. Vio la isla y luego, con Pepín y por Pepín, la isla lo vio a él, cuando ya César soñaba la nueva isla. Y en ese sueño arrastró a otros. Ese es el mérito de Pepín. Esa es la suerte de César como artista, porque Pepín pone la isla en sus manos, pero César le entrega una isla nueva, la isla del futuro, ideada por él y construida entre muchos, con Pepín al frente. Y esa ha sido la fortuna actual y de las generaciones futuras si no la destruyen quienes tienen la obligación de protegerla, algo que está más que en entredicho”.

Con la “patrimonialización moderna” sucedida en aquella época, en su opinión, se añadió “una segunda naturaleza cultural” a Lanzarote, que es la que le proporciona su verdadera personalidad distintiva en el espacio de la industria del turismo y de la experiencia. César, veía “con luces largas y visión moderna”, trabajando “en una operación de capitalización de la isla”, por encima del valor monetario, porque se sumó un patrimonio cultural al patrimonio natural, anotó el director de la Fundación.

El autor

“No sé quién soy”, comenzó diciendo Juan Marrero tras la presentación de Gómez Aguilera: “En esta obra no he puesto más que cariño”. Aseguró que en Lanzarote comenzó el cambio de su vida. Una vida “que ha sido provechosa moral y éticamente”. Reveló que el libro es el fruto de dos años de trabajo y que sin la participación del director de la FCM “esta obra no hubiera tenido razón de ser ni hubiera salido”. Su escritura le ha supuesto una gran oportunidad para recordar y vivir de nuevo aquella época.

Señaló que no se trata de una biografía de Pepín ni de César, sino de Lanzarote, escrita por un forastero que llegó a una isla “arrasada por la pobreza, dominada por el clasismo y la endogamia”. Es en ese contexto en el que nacen dos personajes “impresionantes”, que entienden la política como un servicio ciudadano. El libro finaliza con un índice de más de 500 referencias, y Marrero pasó a hablar de algunas de ellas, como la de los Moros Notables, “una institución única que era una referencia ética y moral para Lanzarote. Muchos forasteros no pudieron progresar por la opinión de los Moros Notables, que fiscalizaron tanto a César (menos) como a Pepín, a quien le regalaron su escepticismo cuando se le nombró presidente del Casino, y su conformidad cuando llegó a la alcaldía de Arrecife”. Recordó también el momento histórico en que César cambió su trayectoria, involucrándose, junto a Pepín, en el futuro de la isla: “No moveré una piedra sin contar con César”, le confesó Pepín a Marrero Portugués.

Marrero terminó su intervención comentando dos añadidos al libro: la historia de Luis Ramírez, filántropo y propietario de una casa modernista en Caleta de Famara, y la narración de un cuento surreal en el que la Inquisición intenta quemar en la hoguera a Pepín, César y al cura de San Ginés por decir que César había mejorado la naturaleza que Dios había creado.

Antes del resumen del cuento (muy aplaudido), había hecho una sugerencia dirigida al Ayuntamiento de Arrecife: que se recupere el Parador, principalmente el espacio del antiguo comedor en cuyas paredes están los murales pintados por César Manrique. “Que se recupere, se mime, se limpie ese espacio, que es la Capilla Sixtina de César Manrique”, pidió Marrero Portugués.

PDF Nota de prensa información presentación del libro, 20 de octubre:

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García Márquez: Esto no se arregla con cosmética, ni con el trámite parlamentario sino retirando el anteproyecto de Ley del Suelo

El acto de presentación de la Plataforma contra la Ley del Suelo, en la sede de la Fundación César Manrique en Taro de Tahíche, el día 16 de junio, comenzó con una fotografía que reunió a representantes de organizaciones de la isla que apoyan la Plataforma “Por un territorio sostenible. Canarias no es un solar. No al Anteproyecto de Ley del Suelo”. En la foto se unen representantes de asociaciones vecinales, ecologistas, sindicatos, y diversos partidos políticos. A continuación se inició una mesa redonda con la participación de cuatro ponentes: Antonio Pérez, secretario insular de Comisiones Obreras en Gran Canaria; Faustino García Márquez, arquitecto urbanista y ex director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible; Eugenio Reyes, ecologista de Ben Magec-Ecologistas en acción; y Fernando Gómez Aguilera, director de la Fundación César Manrique (FCM).

Antonio Pérez comenzó su intervención advirtiendo que “el territorio y la relación del hombre con él es mucho más que el suelo y su valor económico” y por eso hace falta “un análisis multidisciplinar”. “Reducir el territorio -aseguró- a un valor económico es mercantilizar nuestra vida”. Pérez señaló que la Ley es una cuestión “de todos” pero que su borrador parte del trabajo de un equipo exclusivamente jurídico, mientras el Gobierno asegura que ha habido participación ciudadana: “Se dio un papel en blanco a un grupo de empresarios de Tenerife y de Las Palmas, y cuando llegó a nosotros, el papel ya estaba escrito; esto no es casual. Sólo hubo 15 días para alegaciones y una prórroga de 15 días más”. Contrapuso como ejemplo al Gobierno vasco, el cual plantea para sus nuevas Directrices del Territorio un periodo de tres años. Pérez afirmó que el hecho de que el debate sobre este anteproyecto por parte de la Plataforma se haga en periodo electoral “es algo consciente porque es en este periodo cuando los partidos deben explicar lo que quieren hacer con el territorio de Canarias”. Sobre la promesa de creación de empleo que traerá la nueva ley, dijo que es una coartada porque no hay ninguna ley que cree empleo, y la comparó con la reforma laboral, que prometía trabajo y ha traído “peor empleo y menos horas generales de empleo”: “Después de la desposesión de los derechos sociales, ahora nos desposeen del territorio”.

Fernando Gómez Aguilera, director de la FCM, señaló que las consecuencias de este anteproyecto son igual de graves que la realización de prospecciones petrolíferas en las costas de Canarias pero más difíciles de visibilizar. Añadió que este no era “un debate técnico, sino político”, pues el anteproyecto se sustenta “en una acto de voluntad política marcadamente ideológica, fruto del acuerdo alcanzado entre Coalición Canaria y Partido Socialista, socios de gobierno”. Subrayó el carácter neoliberal, desarrollista y desregulador de la ley, que “levanta controles de legalidad, se deshace de los límites al crecimiento y se sitúa de espaldas a la crisis ecológica, climática y energética”, con la consiguiente degradación del territorio. A su juicio, el anteproyecto se alinea con las viejas lógicas del modelo económico vigente e inviable, basadas en un crecimiento indiscriminado e ilimitado en un planeta limitado. Gómez Aguilera destacó que con esta ley se va reactivar la burbuja inmobiliaria porque sólo su concepción responde a la coyuntura de un nuevo ciclo económico de crecimiento en las Islas: “Se apuesta por un nuevo ciclo expansivo de la construcción y la especulación. Es una irresponsabilidad”, aseguró y denunció que la respuesta a la crisis era “la recomposición de la economía a favor de minorías organizadas en torno al poder y las élites económicas”. Resumió que la ley se estructura en torno a tres ejes definidos. El primero es la ruptura con la cultura institucional y social del territorio en las Islas: “Esta ley es la crónica de una muerte anunciada. Ya estábamos asistiendo a un desmantelamiento progresivo del modelo, para poner el territorio al servicio de unos pocos”. “El territorio se concibe como soporte físico de las actividades económicas, una mera mercancía”, aseguró. En segundo lugar, se redistribuyen las competencias en materia de territorio. El Gobierno lo deja todo en manos de los ayuntamientos, poniendo por delante el interés local sobre el regional. “Es la cuestión de más hondo calado”. Con ello, señaló, se rompe la cohesión territorial y social de las Islas y se renuncia a la prevalencia de los intereses públicos regionales, algo impropio en un gobierno de signo nacionalista. Además, se preguntó si las corporaciones locales estaban dotadas desde un punto de vista técnico, jurídico, organizativo y de recursos humanos para asumir la planificación. Apuntó además que la ley elude el problema de la corrupción municipal. “Se desplegará un nuevo sistema de presiones que puede desbordar a los ayuntamientos -aseguró- y creará un efecto rebote en términos de inseguridad jurídica porque, debido a la discrecionalidad y arbitrariedad de la ley no pocos técnicos acabarán inhibiéndose”. El tercer eje que señaló fue el déficit de participación ciudadana que, en su opinión, invalida el proceso: “El Gobierno ha venido con el anteproyecto debajo del brazo. Se ha formulado un diagnóstico unilateral.”

El ex director de la Agencia canaria de desarrollo sostenible, Faustino García Márquez, comenzó su intervención diciendo que este anteproyecto “es una agresión a la identidad de un pueblo y a su paisaje”. Recordó que desde 1985 hasta las Directrices de 2003, las leyes del territorio se aprobaron en el Parlamento por unanimidad, y que después se ha intentado aprobar nuevas leyes y no aplicar el marco existente para crear una maraña prefabricada y resolver los problemas de una minoría. “Es necesaria una nueva ley pero no hay motivo para variar el rumbo”, dijo, y expuso que se busca la excusa de la maraña legislativa para hacer la ley. El anteproyecto, según García Márquez, elimina controles, desprecia las competencias autonómicas y deriva el control de la legalidad urbanística a los tribunales. El efecto es que se derogan las Directrices y los planes insulares pierden competencias porque se elimina la zonificación turística y desaparece la posibilidad de reclasificar el suelo de urbanizable a rústico. Además, contempla siete instrumentos excepcionales para urbanizar que son arbitrarios y que pueden ser de iniciativa pública o privada y sin evaluación ambiental. “Con estos instrumentos se puede hacer lo que se quiera, no se necesita ni el Plan General ni un Plan Insular”. En resumen: actuaciones “inestables, aisladas, no planificadas y especulativas”. “La ley -señaló- supondrá la desintegración nacional de Canarias”. A García Márquez le sorprende que un gobierno nacionalista renuncie a gobernar su propio territorio y vaticina una dura competencia entre los 88 ayuntamientos de Canarias gestionando ese territorio, que va a favorecer la desigualdad. El peor problema, sin embargo, será en el suelo rústico, porque se autorizan usos deportivos, docentes, de ocio o para cualquier actividad complementaria. “Aquí se les ha ido el baifo”, señaló, porque también va a conllevar el incremento del precio del suelo rústico, que ya es seis veces mayor en Canarias que la media española. Por último, advirtió de grandes indemnizaciones porque los derechos sobre el suelo turístico no se extinguen. “Esto no se arregla con cosmética ni con el trámite parlamentario sino retirando el anteproyecto”.

El último en intervenir fue Eugenio Reyes, de Ben Magec, que destacó que el proyecto supone renunciar “a nuestro suelo agrícola”. Subrayó que ni PSOE ni CC llevaban en su programa electoral la eliminación de la COTMAC, mientras que el PP sí, y que, por tanto, el Gobierno está ejecutando el programa del partido que está en la oposición. “Es un golpe de estado encubierto”. Dijo que uno de los padres del borrador es el ex consejero del Gobierno y actual presidente de la CEOE de Tenerife, José Carlos Francisco, que sostiene que “para crecer hay que destruir” y que pretende aplicar el modelo americano, “de pistoleros del Oeste”, a Canarias. Afirmó que su modelo es que la vocación de Canarias sea convertirse en un gran casino para África permitiendo la penetración de fondos buitres en el Archipiélago. Terminó con un mensaje optimista, porque “hay mimbres en la sociedad civil para reorientar esta ley con participación ciudadana” y pidió amplitud de miras a los políticos”.
El acto de presentación de la Plataforma contra la Ley del Suelo, en la sede de la Fundación César Manrique en Taro de Tahíche, el día 16 de junio, comenzó con una fotografía que reunió a representantes de organizaciones de la isla que apoyan la Plataforma “Por un territorio sostenible. Canarias no es un solar. No al Anteproyecto de Ley del Suelo”. En la foto se unen representantes de asociaciones vecinales, ecologistas, sindicatos, y diversos partidos políticos. A continuación se inició una mesa redonda con la participación de cuatro ponentes: Antonio Pérez, secretario insular de Comisiones Obreras en Gran Canaria; Faustino García Márquez, arquitecto urbanista y ex director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible; Eugenio Reyes, ecologista de Ben Magec-Ecologistas en acción; y Fernando Gómez Aguilera, director de la Fundación César Manrique (FCM).

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Nota de prensa Presentación Plataforma, junio 2016

Gómez Aguilera: El FICMEC se ha convertido en una de las referencias del panorama internacional de los festivales que tratan la Naturaleza

El Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC) se trasladó un año más a la sala José Saramago, en dos sesiones, los días 9 y 10 de junio. El director del Festival, David Baute, y el director de la Fundación César Manrique (FCM), Fernando Gómez Aguilera, presentaron la primera sesión, en la que se proyectaron tres cortometrajes seleccionados, que habían sido proyectados en Tenerife, y el largometraje islandés Rams. El valle de los carneros, de Grímur Hákonarson.

Gómez Aguilera resaltó que el Festival, que nació en 1982 y cumple su 18ª edición tras sufrir varios parones, “se ha ido relanzando con fuerza gracias a la persistencia de David Baute y de una serie de colaboradores y voluntarios muy solventes”. Destacó, igualmente, que el prestigio del Festival está llevando a varios directores especializados en cine medioambiental a querer estrenar sus películas en el FICMEC. “El Festival se ha convertido en una de las referencias del panorama internacional de los festivales que tratan la Naturaleza”, aseguró.

El director de la FCM avanzó que la institución intentará reforzar la programación en próximas ediciones “fidelizando más publico”, así como aumentar las actividades paralelas dirigidas a los escolares, e incluso modificar las fechas “para que se incorporen los colegios sin estar con la perspectiva del final del curso”. Señaló que el Festival se ha convertido en un “gran evento con una fórmula de gestión acertada y garantista en la que están implicados muchos colaboradores” gracias a que ha creado una estructura fragmentada que hace que no dependa únicamente de uno o dos patrocinadores.

Baute, por su parte, recordó la relación histórica de César Manrique con el Festival, ya que formó parte del primer comité organizador y diseñó el primer cartel. Abundó en explicar la estructura del Festival que “se ha hecho sostenible gracias a la aportación de pequeñas cantidades” y la implicación de colectivos vecinales y asociaciones. El Festival -explicó- “ha ido ganando con la apuesta por la programación junto a talleres, trabajos con escolares o conciertos” y ha logrado que la Asociación internacional de festivales de cine medioambiental haya invitado al FICMEC a formar parte de ella.

La segunda jornada del Festival estuvo dirigida, por la mañana, a los escolares, con dos pases del cortometraje documental 56, del español Marco Huertas, que acerca el proyecto humanitario del profesor Carlos Gómez en una región de Madagascar. Baute recordó que hay niños que no pueden ir al colegio porque no pueden pagar lo que cuesta, como ocurre en este caso. La cifra, 56, corresponde a los kilos de arroz que debe aportar cada niño para acceder a la escuela. También es el porcentaje de niños y niñas que no van al colegio en esa región y el porcentaje de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza.

Acudieron niños de centros de enseñanza primaria y secundaria de Lanzarote. El responsable del departamento pedagógico de la FCM, Alfredo Díaz, explicó a los alumnos, antes de la proyección, el contexto que trata el cortometraje, que transcurre en Madagascar. Expuso algunos datos geográficos, políticos y sociales sobre el país, además de explicar los orígenes del Festival. Después de la proyección se llevó a cabo un cinefórum con los alumnos. En la sesión de tarde se proyectaron los largometrajes Las Estaciones y Volcano, con la presentación previa de cada uno de ellos por el director del FICMEC.